Con motivo del asesinato de dos jóvenes en 2009, caso en el que tuvo participación la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la titular de la entidad, Alicia Pierini, denunció ante el Consejo de la Magistratura de la Nación al titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 49, Facundo Cubas, por ?mal desempeño de sus funciones a cargo de un agente de la Policía Federal?.
La funcionaria consideró que el magistrado demostró ?falta de voluntad para investigar, aprobación del uso indiscriminado de la fuerza, credibilidad automática de la versión policial, flexibilidad a la hora de aplicar criterios de justificación del obrar policial y ausencia de protección y respeto de los derechos de las víctimas y sus familiares?.
Hace dos años, el 8 de julio, se conocía la noticia de la desaparición de Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco. El fallecimiento se habría producido en mismo día en manos del agente Daniel Santiago Veyga, sobreseído al justificar su accionar en la legítima defensa frente a un supuesto intento de robo con armas que no pudo ser probado.
El cuerpo de Lezcano fue enterrado como NN y el de Blanco bajo varios nombres potenciales, pese a que ambos eran argentinos, documentados y domiciliados en la Ciudad. Cuando sus familiares supieron de las muertes, el juez les negó el acceso al expediente y casi en simultáneo dictó el sobreseimiento del agente, además de negarles su presentación como parte querellante.
A su vez, el juez no habría tenido en cuenta las contradicciones entre los testigos, ni propias inconsistencias del relato del agente policial. Tampoco habría citado a testigos para aclarar puntos confusos ni recurrido a otras pruebas que podrían haber disipado dudas, y tampoco habría indagado al policía. Por otra parte, el personal de la ambulancia que se hizo presente en el lugar no fue citado a declarar ni se pidieron informes al SAME.
Respecto a los incumplimientos del juez, Pierini aseguró que ?no hubo coincidencia en los relatos respecto de cómo fue la mecánica del hecho: El único testigo no declaró en sede judicial y no se acredita que las víctimas estuvieran armadas;
no se ordenó ninguna medida de prueba; no se esperó ni reclamó pericia balística; no se apartó a la PFA para intervenir en la escena del crimen; no se le tomó al policía Veyga declaración indagatoria; no se intentó localizar a las familias de las víctimas y no permitió a los familiares actuar como querellantes?.
?Dos muertes violentas en manos de un agente de una fuerza de seguridad no deben ser abordadas con naturalidad. La gravedad del hecho exige un esfuerzo de investigación que permita determinar si la acción policial estuvo justificada o no?, finalizó la defensora.
Cubas es el mismo magistrado que, entre otras, le dictó una falta de mérito al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en la causa iniciada por el accionar de la UCEP (Unidad de Control del Espacio Público).
