Luego del receso invernal, los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires volvieron al recinto. Como es una costumbre en las sesiones ordinarias, la legisladora Patricia Walsh dio inicio al período de manifestaciones que, extrañamente en esta oportunidad no fue extenso, pero y tuvo dos momentos contrastantes en el humor. La cuota graciosa fue incorporada por la diputada por la Coalición Cívica Diana Maffia quien según el conteo del vicepresidente primero Diego Santilli lleva más de 50 horas de espera en el recinto hasta que sus colegas bajen a sesionar. "Siguiendo la lógica macrista, si cada legislador me debe 100 pesos por sesión en la que los legisladores no llegan a tiempo, y calculo por 59 legisladores, pues, es un buen monto de dinero que podrían darme para ayudar a algunas causas que lo necesitan", dijo en un lógico reclamo.
En tanto el momento de reflexión fue incorporado por la legisladora del PRO Lidia Saya fue quien manifestó el pesar y el dolor por la muerte de Andrés Dadamia, quien fuera activo militante por los derechos humanos y sociales y asesor en la Comisión de Derechos Humanos Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura. "La Comisión de Derechos Humanos ha perdido a una gran persona. Su ausencia se va a notar", dijo, al tiempo que Liliana Parada pidió un minuto de silencio en su memoria y muchos más legisladores manifestaron dolor por su partida. (Luego se aprobaría un proyecto de declaración de profundo pesar por la pérdida).
Durante la sesión, como se tenía previsto, se aprobó el proyecto propuesto por la diputada Diana Martínez Barrios (PRO) que crea un Servicio de Información de Accesibilidad Universal (SIAU) destinado específicamente a personas con necesidades especiales. Dicho servicio deberá ofrecerse en cada dependencia del Gobierno local y en las organizaciones privadas que brindan servicios públicos en la Ciudad.
También, se aprobó una propuesta del legislador Alejandro Rabinovich (Autonomía con Igualdad) con despacho de la Comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que obliga a las empresas proveedoras de bienes y servicios a brindar a sus clientes un acceso claro, comprensible e inequívoco de las condiciones contractuales. En los contratos se deberá dejar constancia que, a elección del consumidor o usuario y mediante igual medio que el utilizado para su celebración, la relación comercial podrá ser rescindida.
En otro tramo de la sesión, se aprobó la iniciativa del diputado de la Coalición Cívica Facundo Di Filippo, que plantea la modificación de la Ley 137 que regula los Centros de Estudiantes de nivel medio, terciario y de educación no formal. La propuesta, que contó con despacho de la Comisión de Educación, plantea que al inicio de cada ciclo lectivo, el Ministerio de Educación de la Ciudad distribuya a cada uno de los estudiantes que ingresen un ejemplar de la ley para que conozcan los derechos que poseen.
También se aprobó prorrogar por un año la "Emergencia ambiental y de Infraestructura del Barrio Ramón Carrillo"; se instituyó el 2 de febrero como el "Día del Agente de Vigilancia y Seguridad de la Ciudad"; y se aprobó la "profunda preocupación por la desaparición Johanna de los Ángeles Escobar, de 12 años de edad, quien fuera vista por última vez el día 16 de julio de 2008 en Avenida del Barco de Centenera y avenida F.F. De la Cruz, barrio de Pompeya, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
El proyecto por el cual se le pidió al Poder Ejecutivo que "interactúe con el Ministerio Público" Fiscal con el objeto que se le brinde el "tratamiento correspondiente" a las denuncias de vecinos del barrio de Constitución sobre oferta y demanda de sexo callejero, también fue aprobado. La iniciativa del diputado macrista Daniel Amoroso surgió luego de las denuncias de vecinos de Constitución hechas ante la Justicia Contravencional de la Ciudad y especialmente ante Fiscales integrantes del Ministerio Público porteño, porque "cotidianamente en el barrio se hace ostensible y se reitera la oferta y demanda de sexo en el espacio público".
En primera lectura, se aprobó el proyecto se contempla el Barrio Alvear, donde el Ejecutivo planeaba construir un Centro de Salud Mental en el jardín del complejo habitacional. Por 44 votos a favor, se aprobó el proyecto de la diputada Teresa de Anchorena (Coalición Cívica) para declarar Área de Protección Histórica al Parque Avellaneda, la Casona Olivera y zonas aledañas. El presidente del Bloque, Enrique Olivera, señaló que "hay que proteger el ambiente, la calidad de vida y el espíritu de los barrios de Buenos Aires". "Pocos barrios tienen la tradición y la identidad de este barrio que estamos protegiendo", agregó.-
El parlamento porteño, además, expresó su más profundo pesar por el fallecimiento del pintor y escultor Pérez Celis, ocurrido el pasado 2 de agosto en una clínica de esta Ciudad tras una prolongada enfermedad.
POLÉMICA POR LOS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PRIVADAS
Martín Hourest intentó incorporar un proyecto de rechazo al convenio que el jefe de Gobierno firmó con universidades privadas, para que estudiantes de grado y postgrado cursen sus prácticas hospitalarias en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, a cambio de una prestación económica. El proyecto que pretendió incorporar en dos oportunidades el legislador es acompañados por todos los bloques, menos, obviamente, el PRO.
"Estos convenios implican un paso hacia la privatización segmentada de los hospitales de la Ciudad, y un subsidio encubierto a la educación privada, ya que la contraprestación convenida es irrisoria", aseguró Hourest.
La diputada PRO Lidia Saya salió al cruce: ?La firma del mencionado convenio, viene a subsanar la deficiencias observadas en la aplicación del convenio suscripto por el ex jefe de gobierno de la ciudad Fernando De la Rúa en el año 1999. No es que se incorpore como elemento nuevo el ingreso de las universidades privadas al sistema público, sino que efectiviza el pago de las que ya estaban y de sus respectivas deudas, tal como detalla el informe 648 de la Auditoría General de la Ciudad?, destacó la Presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura porteña. Y agregó que ?la enseñanza superior universitaria esta a cargo de las universidades nacionales, provinciales y privadas reconocidas por el estado nacional, y los institutos universitarios estatales o privados reconocidos. Todos ellos integran el sistema universitario nacional, sin distinciones legales ni discriminación de ningún tipo entre las mismas".
