Cuatro empresarios que habían instalado máquinas tragamonedas en el Bingo Congreso fueron condenados a 20 días de arresto y a pagar 15 mil pesos de multa por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que entendió que el emprendimiento no estaba habilitado correctamente. La justicia, además, dispuso el decomiso de los equipos, valuados en un millón de pesos, y la inhabilitación por diez años para operar en el mercado.
La denuncia había sido presentada ombusdman adjunto de la Ciudad Atilio Alimena cuando era legislador porteño. En primera instancia, la justicia había condenado a Carlos Alberto González, Sergio Daniel Roldán, y absuelto a Cristian Martín Ripoli, Gabriel Alejandro Landeira, Carlos Martín Elizathe, Roque Lacquaniti, Juan Oscar Llanos, Víctor Blanco Rodríguez, Leonardo Nucera, Carmen Piscitelli y Domingo Lacquaniti. Luego, la Cámara revisó la absolución de Carmen Piscitelli y Roque Esteban Lacquaniti, gerente e hijo del dueño; y ahora el Tribunal Superior confirmó el fallo de segunda instancia.
LOS ARGUMENTOS
A continuación se transcriben los argumentos vertidos por la jueza Ana María Conde, que fueron acompañados a grandes rasgos por sus colegas José Osvaldo Casás, Luis Lozano, Alicia Ruiz y Julio Maier.
"Los recurrentes sostienen que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia ni tiene sus mismas atribuciones y que carece de facultades para intervenir en las cuestiones vinculadas con la regulación, autorización y ejercicio del poder de policía respecto de los juegos de azar, materia que entienden reservada a la Nación y, en especial, a Lotería Nacional Sociedad del Estado.
El esfuerzo argumental de la recurrente ha estado mal orientado, ya que no es necesario entrar en la discusión relativa al estatus jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pues lo relevante es que, cualquiera sea la opinión respecto de la naturaleza de aquél, ella goza de facultades para legislar, e intervenir en la aplicación de esa regulación.
Los recurrentes afirman que es Lotería Nacional Sociedad del Estado el ente encargado de la administración y explotación de los juegos de azar en este territorio y cabe aclararles que ha sido precisamente por la falta de autorización de ese ente para que funcionaran las máquinas tragamonedas decomisadas que han sido condenados; por lo que también con relación a esta cuestión su esfuerzo argumental no es eficiente.
De hecho la Ciudad ha celebrado con las autoridades nacionales un acuerdo por el cual la mencionada sociedad estatal mantiene la explotación y comercialización de los juegos de azar, destreza y apuestas. Tal circunstancia pone en claro que el gobierno local no es precisamente ajeno a esta materia pues, de no ser así, carecería de razón de ser el convenio (que divide por mitades entre los firmantes los beneficios económicos de la actividad), en el que se estableció, expresamente, que no se admitirá la instalación de nuevas salas de máquinas tragamonedas distintas de las autorizadas".
