El 24 de enero de 2001 cinco ancianas murieron ahogadas en el subsuelo de un geriátrico de Villa Urquiza, víctimas de una de las tantas inundaciones ocurridas en la Capital Federal. Como las normas municipales prohíben que los geriátricos alberguen en sótanos a sus ocupantes, unos días después de ocurrido el hecho, el juez Juan Esteban Cicciaro inició una investigación sobre Stella Maris Orbiscay y Luciano Gastón Astariz, los dueños de la residencia Los Girasoles; y sobre Daniel Jorge Domb y Alfredo Bergonzi, los inspectores que habilitaron el establecimiento pasando por alto la existencia de aquella habitación, y todos ellos fueron procesados por la Justicia.
Este trágico día parece haber sido olvidado por las autoridades porteñas, quienes aún no han reglamentado la ley 661, por la cual la Legislatura porteña estableció -el 20 de septiembre de 2001- el marco regulatorio para el funcionamiento de los establecimientos residenciales para personas mayores en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que aún no ha entrado en vigencia.
El director de Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad, Daniel Maglioco, reconoció a NOTICIAS URBANAS que "la reglamentación aún no se ha terminado" y que "probablemente tarde un poco más". Maglioco explicó que "si bien Desarrollo Social ya elaboró el decreto y la Secretaría de Salud ya lo analizó, todavía falta que se expida la Subsecretaría de Control Comunal (a cargo de Fabiana Fiszbin) y la Subsecretaría Legal y Técnica (cuya titular es Déborah Cohen)".
El funcionario porteño sostuvo que "si bien la ley 661 se aprobó en el 2001, la norma fue modificada en diciembre de 2002 por la ley 1003, que fue publicada en el Boletín Oficial recién en enero de 2003". Añadió que "desde la Dirección de Tercera Edad conformamos una comisión redactora de la reglamentación compuesta por las asociaciones con más experiencia en la materia, por lo que ahora sólo resta que se termine de estudiar el borrador en las demás áreas del Gobierno".
La ley 661 fue modificada para introducir una serie de cambios que posibilitaran su aplicación, dada la realidad de los geriátricos que funcionan actualmente en la Ciudad. Por tanto, se flexibilizaron un poco los requisitos para la habilitación y funcionamiento de los establecimientos, así como también la nómina de personal con la que debe contar cada institución, de acuerdo a su clasificación.
Sin embargo, en la ley modificatoria -aprobada a instancias del Ejecutivo- consta que debería haber sido reglamentada 45 días después de su promulgación, es decir, a partir del 21 de enero de 2003. Pero, a más de un año, todavía sigue sin estar reglamentada una norma que, sin dudas, es sumamente necesaria para que hechos como el del 24 de enero de 2001 no vuelvan a ocurrir.
