Después de esperar casi siete años, este viernes a las 11 se llevó a cabo la inauguración del nuevo edificio para la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138. Este edificio -que cuenta con una superficie de 5.200 metros cuadrados desarrollados en 13 plantas- fue adquirido por la anterior composición del Consejo de la Magistratura porteño mediante maniobras escandalosas, que motivaron una denuncia judicial de la ex diputada porteña y actual defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini.
En el edificio funcionarán dos juzgados por piso (en total, albergará 18 Juzgados del Fuero Contravencional y de Faltas). Además, en el primer piso se desarrollaron nueve salas de audiencias y una mesa de entradas general. En el piso 11 se encuentra el espacio destinado a una biblioteca y una sala de profesionales, que cuenta además con asistencia informática de excelencia, con el propósito de auxiliar en sus tareas a los abogados.
El acto de inauguración estuvo presidido por el jefe de Gobierno, Jorge Telerman, el presidente del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires Julio Maier, y el presidente del actual Consejo de la Magistratura, Carlos Rosenfeld.
“Hoy es un día memorable para la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", manifestó Rosenfeld en su discurso.
Magdalena Iraizoz, representante de los abogados en el actual Consejo de la Magistratura y presidenta de la Comisión de Infraestructura Judicial, señaló la importancia y funcionalidad del edificio. "Con esta obra saldamos un reclamo de los abogados, jueces y de la gente, vinculado a la falta de espacio, accesibilidad y de contar con lugares apropiados para concretar sus tareas diaria", manifestó Iráizoz.
Sin embargo, mucho tuvieron que lidiar las autoridades de esta conformación del Consejo para poner en marcha el edificio, ya que cuando asumieron, el panorama era desolador. De los dos inmuebles que el primer Consejo había adquirido "de urgencia", uno de ellos, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen, fue directamente considerado "inservible" para el funcionamiento del fuero. Así, las expectativas se pusieron en la refacción del edificio de la calle Tacuarí, que finalmente abrió sus puertas este viernes.
UNA OSCURA TRAMA DE IRREGULARIDADES
Uno de los mayores cuestionamientos del expediente radicado en el juzgado de Ricardo Warley -donde yace placidamente desde hace cinco años- fueron las compras de edificios que realizó la anterior gestión del Consejo, encabezada por los ex consejeros Juan Octavio Gauna, Gloria Bonatto, Carlos María Cárcova, Norberto Lorenzo, María Luisa Casas de Chamorro Vanasco y Julio Cueto Rúa. Durante sus mandatos, se adquirieron por compra directa y de urgencia dos edificios ubicados en Tacuarí 138 e Hipólito Yrigoyen 932, por los que se pagaron, respectivamente, 2.250.000 dólares y 1.550.000 dólares (más las comisiones, en ambos casos), que hasta la fecha estuvieron vacíos y desocupados.
Los 2.250.000 dólares que costó el inmueble de Tacuarí fueron pagados íntegramente al contado en el acto de la escrituración. La falta de pedidos de tasación al Banco Ciudad es otra cuestión que se les achaca a los funcionarios judiciales denunciados. La tasación oficial del Banco de la Nación (con un membrete impreso) para recomendar la conveniencia de la compra resultó falsa. El Banco de la Nación informó que los supuestos tasadores consultados por el Consejo para las adquisiciones que realizó, llamados Carlos Chiappe y Valentín Barchielli, no integraban su personal.
Según la información de la Resolución 408/03 del Plenario de la segunda conformación del Consejo, las polémicas maniobras de la primera tuvieron el siguiente desarrollo. El por entonces director de Ejecución Presupuestaria, Norberto Urfeig, tramitó la compra contando con una sola oferta que no pudo explicar cómo le llegó. El edificio le fue adquirido a una persona llamada Graciela Bastida. Sin embargo, cuando el Consejo aprobó la compra ésta no era la propietaria del inmueble, ya que lo adquirió casi en el mismo instante en que fue vendido al organismo encargado de seleccionar a los jueces.
En escrituras simultáneas realizadas ante la escribanía Terceño, Bastida compró el inmueble en 700.000 dólares a la firma Susalin SACIFIA y acto seguido lo vendió en 2.250.000 dólares al Consejo, es decir a 1.550.000 dólares más.
Esta señora nunca podrá acreditar que por sus manos pasaron tantos miles de dólares, porque en realidad quien asistió a escriturar y firmó en su nombre fue otro testaferro de nombre Sergio Pachano. Bastida aseguró que no hizo un poder ante escribano sino que le llevaron unos papeles que no recordaba y que se los hizo firmar Raúl Bonomi, de quien era empleada.
"Más grave aún resulta esta cuestión -dice la Resolución 408/03- cuando se verifica que la Sra. Bastida, sin ser la dueña del inmueble, designó a un representante para negociar la operación con el Consejo, el Sr. Carlos Chiappe, quien en su primera nota consignó un domicilio falso que corresponde al Paseo La Plaza". Existe un recibo, con la firma de Chiappe, que acredita que cobró la comisión. El documento tiene fecha del 28 de febrero 2000, pero la boleta fue impresa en abril de ese año -dos meses después- y en una imprenta no inscripta en el Registro Fiscal de Imprentas. Este Chiappe es el mismo cuya firma figura como un falso tasador del Banco Nación.
En la investigación interna realizada por los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, cuyas constancias se acumularon en los sumarios 121 y 122/03, se constataron casi todas las irregularidades y los vínculos entre Bonomi y Urfeig y demás personajes del ex Consejo. Todas las pruebas fueron entregadas al juez Warley, sin que éste impulsara la investigación.
