El pasado miércoles, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Gobierno de la Ciudad representado por Mauricio Macri, firmaron un acuerdo de cooperación para poner en marcha el próximo 15 de septiembre la Oficina de Violencia Doméstica que brindará servicios judiciales y de asistencia a las víctimas de maltratos.
Ante esta decisión, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad reunido en plenario el pasado jueves 4 de septiembre resolvió manifestarse críticamente de tal decisión.
"Los consejeros de la Magistratura local en general expresaron su disgusto por el convenio firmado, y remarcaron que fue una decisión inconsulta, unilateral, del Poder Ejecutivo local", informaron a NOTICIAS URBANAS fuentes judiciales presentes en la reunión del Plenario.
En opinión de integrantes del Poder Judicial de la Ciudad, "el trabajo de la Corte Suprema por brindar un servicio de justicia las 24 horas, los 365 días del año, es loable, pero todas las herramientas para brindar servicios de asistencia a las víctimas de violencia doméstica las brinda la administración comunal, y en pos de la lucha por la autonomía plena porteña se debería defender la competencia de la jurisdicción local".
"El artículo 121 de la Constitución Nacional establece que ‘las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al Gobierno Federal’, la violencia es una competencia no delegada, y por lo tanto, la Ciudad de Buenos Aires debería defender su competencia en todo lo referido a violencia, fortalecer su jurisdicción en esta materia y bregar por la autonomía plena", remarcaron.
Durante la ceremonia de firma del acuerdo, una de las principales impulsoras de la nueva oficina de la Corte, la vicepresidenta del Máximo Tribunal Elena Highton de Nolasco, remarcó que aquellas personas que sufren de violencia doméstica "no tienen dónde ir, no hay un lugar centralizado que les de los servicios y cuando van a una comisaría y luego a otro lugar, la persona va dando vueltas y nadie le recibe el caso; a la larga se cansa y vuelve a su casa con todos los problemas como consecuencia y como represalia de la denuncia".
Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, comentó que gracias al convenio "las mujeres van a poder tener un ámbito donde poder ser asesoradas jurídicamente en caso de ser víctimas de violencia y al mismo tiempo el Gobierno pondrá a disposición de la Corte y de esas mujeres, los servicios de atención psiquiátrica, psicológica y de salud".
"Si la violencia es una competencia no delegada a la Nación, y la Ciudad cuenta con atención psiquiátrica, psicológica y de salud, lo que el Gobierno debería haber hecho para optimizar los servicios a las víctimas de este flagelo es concentrar él mismo los servicios, mantener en la jurisdicción local la asistencia jurídica a las personas, fortalecer nuestras instituciones y reclamar la firma de un convenio de transferencia de la Justicia de Familia", subrayaron desde la justicia porteña.
"Macri reclama la autonomía plena, el traspaso del puerto, de los terrenos ferroviarios, de la lotería, de la Policía, pero en este tema parece haberse olvidado de su bandera y de que la Ciudad cuenta con tres poderes", concluyeron.
