La Ciudad de Buenos Aires tenía, hasta el 30 de septiembre del año en curso, 90.869 empleados, sin contar al Poder Judicial ni al Poder Legislativo. De éstos, un 35 por ciento, aproximadamente, no se encuentra habitualmente en sus puestos de trabajo por algún motivo, justificado o injustificado. Las razones de las ausencias pueden ser variadas. En caso de ser faltas con justificación, puede ser que sean por enfermedad, por licencia, por día femenino, por familiar enfermo o por examen, entre otras.
De todos modo, estos datos no son absolutamente fidedignos. La Dirección General de Recursos Humanos carece de las herramientas y el personal suficiente como para auditar con mayor eficacia el presentismo laboral en el ámbito del Estado porteño.
De una recaudación que en el año 2002 se estima que llegará a los 3.000 millones de pesos, también se estima que el Estado gastará 1.862 millones en salarios del personal. En el año 2001, el Estado gastó 1.922 millones de pesos, por lo que, de mantenerse estas cifras inalterables, habrá un ahorro de unos 60 millones de pesos.
UNA POLÉMICA CON CIERTO TUFILLO A CAMPAÑA ELECTORAL
En febrero de 2000, la Auditoría General de la Ciudad fue al Hospital Tornú para verificar de qué manera se controlaba el presentismo en ese lugar y luego produjo un informe al respecto, dando cuenta de los resultados de su investigación.
Cuando aún no se había llegado a ninguna conclusión, una auditora le filtró a la prensa que el 40 por ciento del personal de esa área no se encontraba presente, y que por lo tanto podía inferirse que esa cifra sería una cifra testigo del promedio del ausentismo laboral en el ámbito de todo el Gobierno porteño. La propia Auditoría desmintió las declaraciones de la auditora y aclaró que del informe producido no se desprendían las mismas conclusiones a las que ésta había arribado.
Hace dos días, el diputado radical Jorge Enríquez tomó, más que el informe de Auditoría, las declaraciones periodísticas de la auditora gubernamental, para cuestionar el sistema de controles de ausentismo que implementa el Gobierno de Ibarra. Lo gracioso es que, cuando el informe fue producido, el legislador era subsecretario de Gobierno de la gestión radical, por lo que fue entonces una de sus víctimas. Hoy esgrime el mismo elemento -que ellos no pudieron solucionar- para golpear a Aníbal Ibarra, prisionero de una lógica con la que él mismo estuvo seguramente en desacuerdo cuando alguien difundió las mismas conclusiones que él.
