Juan Manuel Olmos, de justicialista a judicial

Juan Manuel Olmos, de justicialista a judicial

De legislador, jefe de campaña de Filmus y presidente del PJ porteño a consejero de otro PJ también local, el Poder Judicial de la Ciudad.


Así como el agua borra el pasado pecador a quien recibe el bautismo, la jura ?por Dios y la Patria? como consejero de la Magistratura de la Ciudad también pareció oficiar como el paso a una vida nueva para quien fuera hasta hace pocas horas el presidente del Partido Justicialista de la Ciudad. ?Al jurar como consejero, me rigen todas las incompatibilidades que tienen los jueces?, dijo Juan Manuel Olmos al inicio de la charla con NU, despidiéndose por los próximos 4 años ?al menos en lo que a declaraciones públicas se refiere- de lo que rigió su vida por las últimas dos décadas, la militancia partidaria. La sede del PJ porteño quedó atrás, junto a su cargo como jefe de campaña de Daniel Filmus, y su experiencia como legislador de la Ciudad. Su estudio es el lugar elegido por comodidad, pero también porque aún no se definió qué espacio físico ocupará en el Consejo de la Magistratura, aunque expresamente solicitó que su despacho se ubique en el primer o segundo piso, para evitar subir varios pisos por escalera si los ascensores no funcionan.
?Yo voy a ir al Consejo con mi ideología y voy a representarla. Yo represento a los legisladores que son los directos representantes del pueblo por lo que voy a seguir esta línea?, afirmó Olmos dejando en claro que la militancia podrá estar vetada pero la política no.
-La política apoyó el acuerdo entre el PRO y los K con 49 votos, pero Proyecto Sur no sólo no apoyó sino que expresó su disconformidad en la sesión del lunes.
– (Julio) Raffo muestra un modo de proceder que lo aísla; el planteo de (Rafael) Gentili en cambio fue muy acertado al señalar que si algo le falta a la designación de consejeros es que describan su plan. Voy a recoger el guante e iré a la Comisión de Justicia. Sebastián De Stéfano, Laura Grindetti y yo logramos un alto nivel de consenso. Fue un acuerdo de fuerzas que pusieron en la cancha su representatividad. Lo que más me gustó fue el apoyo del Frente para la Victoria. Que María José Lubertino, que es muy amiga de Beinusz Szmukler (el candidato propuesto por P. Sur) y Gabriela Cerrutti cercana a Sabbatella, con quien Szmukler tiene vínculo, hayan priorizado la construcción con el FpV es muy loable.
-La designación de los consejeros formalizó en el recinto el interbloque K.
-Sí, es la primera vez que hay una conjunción política y de intereses, y ahí se destaca el trabajo de Juan (Cabandié) como interlocutor con el Gobierno nacional. La Rosada apoyó el acuerdo que propuso el interbloque y articuló Juan, y eso me llena de orgullo.
-¿El acuerdo legislativo del macrismo y el kirchnerismo adelanta un trabajo conjunto del Jefe de Gobierno y la Presidenta?
-Yo no veo ningún trabajo conjunto entre Macri y Cristina sino una relación institucional. Cómo diría el General ?hay que manejar las relaciones exteriores y las interiores?.

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El Consejo de la Magistratura se encontraba incompleto desde diciembre de 2010. La demora de la Legislatura en elegir a sus tres representantes tuvo diversas razones, desde la testarudez de Proyecto Sur que se negó a integrar un acuerdo con el kirchnerismo (PRO, P.Sur y CC fue la posición que adoptaron por meses, condicionando también la candidatura macrista vetando a De Stéfano), hasta el freno que puso Mauricio Macri a las negociaciones parlamentarias hasta tanto el kirchnerismo no diera los votos para la sanción del presupuesto 2011, y el rechazo que la figura de Olmos despertaba en el Jefe de Gobierno por su vínculo con jueces que incomodaron en reiteradas oportunidades a la gestión PRO. Tras la aprobación demorada, tanto en el Congreso como en la Legislatura, de los presupuestos de Nación y Ciudad, el cronograma electoral no cooperó con agilizar las negociaciones para el Consejo porteño. Debieron conocerse los resultados electorales reflejando un fuerte apoyo tanto al PRO como al FpV en la Ciudad para que el camino de los acuerdos se libere, esta vez, con el 70 por ciento de los votos porteños como fundamento.

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-Dos candidatos PRO y uno K fue la propuesta que obtuvo más del 80 por ciento del apoyo legislativo. Pero no sólo este acuerdo se logró con otro acuerdo interno en el PRO, el mandato compartido entre Laura Grindetti y su suplente, Agustina Olivero Majdalani. Dividir el mandato dos años y dos años se está convirtiendo en una política habitual entre los consejeros, abogados, jueces y ahora por la Legislatura también. ¿No perjudica el diseño constitucional del Consejo?
-Esto responde a la necesidad de buscar consensos, a necesidades políticas de las elecciones. Yo creo que hay que intentar volver a cumplir los mandatos completos de 4 años, aunque tengo una visión crítica del diseño y génesis constitucional del Consejo. Los consejeros provenimos de tres estamentos y tenemos tres funciones establecidas en la Constitución de la Ciudad, ejercer la disciplina, seleccionar magistrados y administrar el Poder Judicial; este diseño tiene una falencia que ?tupacamariza? al Consejo. La representación diversa se ha logrado de forma excesiva, jueces de los dos fueros y respetando el cupo, dos por la lista mayoritaria y 1 por la de minoría; abogados otro tanto con sus internas y disputas entre los dos Colegios; los designados por la Legislatura mínimo responden a dos fuerzas? los miembros tironean entre sí. Esto, sumado a los mandatos partidos hace más diversa la representatividad, lo que atenta a la funcionalidad del órgano. Entiendo que esta situación es una de las cosas a revisar.

-Yo no propongo una reforma constitucional, pero después de 15 años de autonomía habría que revisar como funcionaron las instituciones porteñas, y en este marco, la composición del Consejo de la Magistratura es algo a analizar. Tal vez se podría ir a un esquema con un consejo de notables con voces plurales para la selección y el enjuiciamiento, las sanciones disciplinarias a cargo de las Cámaras y cabezas del Ministerio Público, y la administración para otro órgano pero no de 9 miembros. Las decisiones administrativas en cuerpos colegiados son complicadas. El sobredimensionamiento del organismo responde a esta lógica, cada uno que viene al Consejo quiere poner a su gente. Mientras esto no suceda lo que hay que hacer es optimizar. Se puede mejorar mucho pero hace falta lograr los consensos.
-Quien logre 5 votos dirigirá el Consejo. ¿Con quienes construirás consensos?
-No tengo predeterminado trabajar con un consejero sí y otros no, pero lo cierto es que me voy a sentir más cómodo trabajando con los que construyen una justicia lejana al poder y cercana a la gente. El derecho penal está para permitirnos convivir no para criminalizar. La justicia tiene que ser dura con los poderosos y con quienes se aprovechan de la pobreza, no con el trapito.
-Para esta visión de la justicia la elección del perfil de jueces, fiscales y defensores es decisiva, y este nuevo Consejo tiene que concluir varios concursos en marcha.
– La justicia tiene que tener una mirada sobre el contesto social sobre el que actúa, no sirve solamente tener una alta preparación académica si un juez sólo se cierra a la hora de dictar sentencia en un hermetismo. Esa idoneidad académica tiene que estar al servicio de la búsqueda de lo justo y lo justo es el cumplimiento de la ley en el marco social en el que se aplica. En un Estado ideal todos somos iguales ante la ley, pero en el contexto social en el que se aplica la ley hay desigualdades que pueden hacer diferencias a la hora de impartir justicia. Más allá de esto no hay que olvidar que el Consejo propone un orden de aptitudes, la que designa jueces es la Legislatura.
-El cumplimiento de la modificación a la Ley 7 no sólo requiere de la conclusión de los concursos y la designación de magistrados, también se deberán crear las estructuras correspondientes. ¿Cómo debería llevarse a cabo esta tarea?
-El Consejo debe tener una correcta administración de sus recursos financieros, humanos y físicos, ejecutándose el presupuesto de acuerdo a lo planificado, continuando con la política de dotar a la justicia de edificios propios, funcionales, accesibles y amigables al ciudadano, y generando mediante incentivos el pase de personal de la administración a la jurisdicción.
-El reclamo presupuestario para la compra de edificios se repite año a año, y año tras año el Ministerio de Hacienda recorta el presupuesto diseñado por el Consejo en este punto. ¿Participará activamente en el debate legislativo para que se apruebe el presupuesto pedido por el Poder Judicial sin los recortes?
-Espero que la hija del Ministro nos ayude (risas). El Ejecutivo no tiene capacidad de modificar el proyecto presentado por la justicia; podría elevarlo observado, pero no modificado, ahí se está haciendo un incumplimiento grave con la independencia del Poder Judicial. Si el oficialismo propone recortes presupuestarios para la justicia que lo haga a través de sus representantes en la Legislatura. Los números básicos del gasto rígido son un poco más de 500 millones de pesos, todo lo que crezca el presupuesto más allá de este número es una discusión del Poder Judicial con los legisladores. Voy a participar de toda discusión, la Legislatura siempre fue razonable.
-Para finalizar, ¿qué cuenta pendiente tiene el Parlamento porteño con la Justicia de la Ciudad?
-La Legislatura tiene que aprobar la ley sancionada por el Congreso de transferencia de competencias de la Nación a la Ciudad. Espero que sólo lo demore una discusión por el traspaso de recursos y no la intención de mantener los delitos contra la administración pública en el ámbito de la justicia nacional.

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