De las fuertes manifestaciones de agrupaciones que defendían el derecho a ejercer la prostitución en la Ciudad hace casi una década atrás poco se recuerda. Tras largas jornadas de debate para definir el Código Contravencional porteño, conocido como el Código de Convivencia, se llegó a un acuerdo que permite la prostitución en la Ciudad de Buenos Aires pero prohíbe la oferta y demanda ?ostensible? de servicios sexuales en espacios públicos no autorizados. En territorio porteño la oferta de sexo callejero está permitida siempre y cuando no se realice a menos de 200 metros de viviendas, escuelas, iglesias o templos. Si bien en los hechos concretos zonas que cumplan con estas condiciones son bastante escasas en la Reina del Plata (los bosques de Palermo por ejemplo), hecha la ley, hecha la trampa, y desde hace algunos años, un sistema de oferta sexual indirecta ha proliferado en numerosos centros comerciales y de alto tránsito.
Miles y miles de pequeños papelitos impresos con imágenes que ostensiblemente tienen como objetivo ofrecer servicios sexuales son pegados día tras día en postes de alumbrado, teléfonos públicos, paradas de colectivos, paredes de edificios y cualquier lugar visible para quien camina por la Ciudad. Florida, Lavalle, Corrientes, Santa Fe, Rivadavia, el entorno de las estaciones ferrioviarias de Retiro, Constitución, Liniers y Once, son algunos de los lugares donde nalgas entangadas y bustos abundantes se reproducen a repetición en centenares de volantes al alcance de la vista y la mano de cualquiera.
Frente a esta modalidad de oferta de servicios sexuales en la vía pública, que, a diferencia del tradicional e histórico tarjetero de cabarets, prostíbulos o privados, no distingue hombres de mujeres ni adultos de menores, y también, ante la posibilidad de que tras ese volante impreso con un número telefónico haya detrás una red de trata de personas, en la Legislatura porteña se presentó un proyecto para prohibir la publicidad de servicios sexuales en la vía pública.
Impulsada por los legisladores Gabriela Seijo y Francisco Quintana (PRO) la iniciativa que se encuentra en tratamiento en las comisiones de Justicia y Uso del Espacio Público, plantea una serie de modificaciones a diversas normativas vigentes, como la Ley 260 que prohíbe arrojar volantes en la vía pública, la Ley de Publicidad Exterior y el Régimen de Faltas.
El proyecto propone que se prohíba ?entregar o colocar para ser retirados en cualquier espacio público o en las puertas de acceso a los locales en general, volantes que tengan por objeto ofrecer en forma explícita o implícita servicios sexuales, o promocionar establecimientos donde estos servicios sean desarrollados y/o facilitados, los que hicieran explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, y en general, todos aquellos que incluyan imágenes de contenido sexual?. También plantea la prohibición de carteles y publicidades en vía pública que ?incluyan imágenes de contenido sexual?.
En el caso de incumplimiento de estas prohibiciones, la iniciativa establece multas de 1000 a 50000 unidades fijas (un máximo de 83 mil pesos ya que el valor de la unidad es de 1.66 pesos) y el decomiso de los materiales económicas, tanto para el que instale o haga instalar carteles como para el que distribuya o haga distribuir en la vía pública volantes que ofrezcan explícita o implícitamente servicios sexuales, o que soliciten personas para el comercio sexual.
?Este proyecto no solamente contribuir a la lucha contra la explotación sexual, la violencia contra las mujeres y la trata de personas, sino asimismo erradicar de las calles de la ciudad, toda imagen que por su contenido sexual -explícito o implícito- atente contra la dignidad de la mujer, y el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un ambiente urbano libre de imágenes vejatorias?, explica el proyecto en sus fundamentos.
