La diputada porteña Irene López de Castro (Juntos por Buenos Aires) denunció que en el Centro de Gestión y Participación (CGP) Nº 12 se les cobra a los jubilados y pensionados 20 pesos por cada certificación de firma para trámites ante entidades públicas como la ANSES, algo que -según afirmó- debería ser gratuito.
Por eso presentó en la Legislatura un proyecto de resolución mediante el cual se le solicita al Poder Ejecutivo que informe, en un plazo de 10 días de recibida la solicitud, si tenía conocimiento de la situación. De ser así, que explique las razones de dicho arancelamiento y que remita los datos de los montos cobrados en los períodos 2001 y 2002. De lo contrario, que explicite las acciones que se llevarán adelante por cobros indebidos.
"La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 41 establece que ‘la Ciudad garantiza a las personas mayores la igualdad de oportunidades y trato y el pleno goce de sus derechos. Vela por su protección y por su integración económica’. Es decir, el espíritu del estatuyente ha sido amparar a las personas mayores frente a situaciones que puedan vulnerar el pleno goce de sus derechos. Y en el caso en cuestión, está comprometido precisamente el acceso gratuito a los servicios que se plantean en el pedido de informes", fundamentó López de Castro.
La diputada aclaró que el mismo trámite que en el CGP 12 les cuesta a los jubilados 20 pesos, en el CGP 10 es gratis.
