La definición posee el mérito de las verdades más crueles. Cargada de una exactitud dolorosa e incuestionable, pero no por eso menos efectiva. Su autor fue el filósofo y militar alemán Carl von Clausewitz (1780-1831), quien al especializarse en temas militares, afirmó: ?La guerra es la prolongación de la política por otros medios?. Y no le erró en nada. Es más, esta frase puede describir a la perfección la situación actual del caso del espionaje porteño.
La creación de una Comisión Investigadora para evaluar políticamente la causa colocó en primer plano las responsabilidades e implicancias políticas del voluminoso expediente, para dejar de lado la preponderancia meramente judicial que venía teniendo el conflicto y poner el eje en la cuestión política. Y los hechos se encargaron de avalar la nueva postura. En primer lugar, el titular del cuerpo, el legislador de Igualdad Social Martín Hourest, le pidió al juez federal Norberto Oyarbide acceder a la causa caratulada ?James, Ciro Gerardo y otros s/escuchas ilegales y otros delitos?, que se tramita en el Juzgado Federal Nº 7. Después, los integrantes de la Comisión confeccionaron una lista de 170 testigos, que deberán declarar ante los legisladores que la conforman. Y citaron para el lunes 20, a las 11, al secretario general de Política Criminal y Planificación Estratégica del Ministerio Público Fiscal, Agustín Gamboa, al fiscal general de la Ciudad, Germán Garavano, los rectores de las universidades de La Matanza y Tres de Febrero, Daniel Martínez y José Jozami, respectivamente, junto a otros cuatro funcionarios de esas facultades, para hablar de la llegada del ex efectivo de la Policía Federal Ciro James al Gobierno porteño. La segunda sesión de testimoniales, la mayoría de ellas propuestas por el macrismo, será el martes 21 y promete ser clave en la investigación, ya que deberán concurrir el secretario del magistrado que lleva adelante la pesquisa, Gustavo Javier Russo; el líder de la agrupación judía Familiares y Víctimas del Atentado a la AMIA, Sergio Burstein; su mujer, Dora Beatriz Viotti, y su hija Glenda, quien recibió el mensaje de que su padre tenía el teléfono intervenido ilegalmente. La citación de estos testigos define con claridad la línea investigativa que adoptarán los diputados porteños del PRO, quienes pretenden probar que la causa fue armada por sectores de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), cercanos al kirchnerismo, en el que tuvieron un rol preponderante miembros de la Policía Federal que responden políticamente al jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, y que se opusieron ?por todos los medios? a la creación de la Policía Metropolitana.
?Hubo un armado delictivo en el origen de la causa, del cual participaron la SIDE y la Federal, para lograr que la misma recayera en un juez permeable como Oyarbide y de esa manera la pudieran direccionar a su antojo?, le señaló a Noticias Urbanas un legislador macrista al explicar la estrategia que llevará adelante el oficialismo en la Investigadora. En base a esa teoría, el PRO también pidió la citación del comisario Marcelo Chiribelo, titular de la comisaría 11, donde se radicó la denuncia de Burstein que originó el comienzo de la pesquisa; la de otros dos subcomisarios de esa seccional, y la de quien era el jefe del Comando Radioeléctrico el día que se presentó la denuncia. Si la propuesta del macrismo es ir a fondo para demostrar su inocencia y la culpabilidad política del matrimonio presidencial en el tema, la movida de la oposición no tiene nada que envidiarle. Y el ejemplo más claro es el pedido de citación que exigió la secretaria de la Comisión, la legisladora por Nuevo Encuentro Gabriela Cerrutti, que incluyó a Franco Macri; a su ex nuera, Marie France Luque Peña, quien al divorciarse de Mariano Macri denunció que su teléfono fue pinchado, y a la mujer del ex jefe de la Metropolitana, Jorge ?el Fino? Palacios (que se encuentra detenido en el Penal de Marcos Paz), Alicia Beatriz de Palacios, quien figura como socia de la empresa de seguridad que tenía su esposo, Strategit Security Consulting, lugar desde donde se realizaron tareas de espionaje ilegal contra figuras de la oposición porteña. A pesar de la embestida opositora, el macrismo confía plenamente en su táctica, y esa seguridad, según declaran, parte de hechos concretos.
?El 21 de septiembre de 2009 se efectivizó la pinchadura al teléfono particular de Burstein (4983-5506), época en que Palacios ya no era jefe de la Metropolitana, ya que renunció a fines de agosto de ese año, y eso prueba que el ex comisario no pudo ordenar la pinchadura, ya que no le servía de nada escuchar a Sergio porque ya no estaba al frente de la policía porteña. Al día siguiente, el dirigente judío recibe un llamado anónimo a su casa donde le avisan que tenía intervenido el teléfono por orden del Fino. Este último hecho es clave porque sólo un integrante de un organismo de seguridad podía saber tan rápido que la línea estaba pinchada y todo nos hace suponer que esa persona pertenece a la SIDE, ya que es la que se encarga de realizar todas las pinchaduras telefónicas del país y la que cuenta con los elementos técnicos necesarios para una operación de esa envergadura. Es más, creemos que el anónimo lo realizó el espía Hugo Álvarez, quien trabaja cerca de un locutorio de Caballito desde donde se habría realizado la comunicación que advirtió a Burstein. Pero como era obvio, el agente negó ante Oyarbide ser el autor de esa llamada, lo cual no prueba su inocencia. Otro dato importante que nos hace creer que es culpable fue la negativa de la SIDE al requerimiento del magistrado para que se le tomen las huellas dactilares al espía y así poder probar fehacientemente que es inocente o culpable. ¿Si no tenía nada que ver con el alerta anónimo porque no se dejó tomar las huellas? La Secretaría de Inteligencia se opuso porque sabe que si se prueba que Álvarez avisó a Burstein la causa sería nulificada por tener como origen un delito, ya que un agente de Inteligencia ?debe guardar secreto de lo conocido?, tal cual lo estipulan los artículos 157 y 248 del Código Penal?, le aseguró a este medio un abogado defensor de uno de los imputados en el caso. Todos estos elementos serán centrales en la indagatoria que el martes que viene los diputados de PRO le realizarán a Burstein y sus familiares, para poner en evidencia que el expediente judicial nació de manera ilegal y desde el comienzo estuvo manipulado por la SIDE para perjudicar a Macri.
Sin embargo, y pese al entusiasmo macrista, los legisladores de la oposición también afirman tener pruebas irrefutables contra el jefe comunal, que adquirirán mayor relevancia luego de la testimonial del dirigente judío.
Los datos de la previa legislativa de lo que se viene auguran una batalla política que no tendrá nada que envidiarle a la impactante confrontación judicial, y sus revelaciones amenazan con ser igual de sorprendentes.
