?Esto no tiene nada que ver con una cuestión de espionaje o de averiguar las actividades de los docentes más críticos al Gobierno porteño, lo que hay acá es un tema relacionado con un negocio de plata más que otra cosa?, le reveló a Noticias Urbanas, en estricto off the record, un empresario ligado a las compañías de cámaras de seguridad al ser consultado sobre el conflicto que se suscitó a raíz de la iniciativa de la administración de Mauricio Macri de instalar 92 cámaras de seguridad en escuelas de toda la Capital Federal.
Según pudo saber este medio, existen tres empresas controladas por capitales españoles que estarían detrás del negocio de la instalación de cámaras de video, no sólo en los colegios porteños sino también en otras áreas sensibles de la Ciudad. Las dos primeras son Prosegur SA y Securitas SA. El tercero es el grupo Plettac, que está constituido por cuatro compañías dedicadas al negocio de la seguridad electrónica y las soluciones en telecomunicaciones: Plettac Electronics Sistemas SA, Plettac Electronics Seguridad SA, Plettac Electronics PCI SA y Plettac Electronics Soluciones SA. O sea que el peso monetario que esconde la instalación de dichos artefactos no es un tema menor, sino todo lo contrario.
?Al Gobierno de la Ciudad se lo acusa de realizar contrataciones poco claras en ese rubro?, agregó otra de las fuentes consultadas por NU. Y a eso se le suma el rechazo público que despertó el anuncio de las autoridades porteñas sobre la colocación de las cámaras. Pero pese a la oposición judicial y a las quejas de los padres y los maestros ante una medida que consideran violatoria de la intimidad de las personas y, por lo tanto, ilegal, el gobierno PRO no se desanima e insiste con su idea.
El miércoles de la semana última el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, manifestó que el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, apelará el fallo que frenó las cámaras en las escuelas. Es más, Montenegro calificó como ?un absurdo? la decisión de la jueza Elena Liberatori de dar curso a un amparo presentado por un grupo de padres que rechazan la instalación de cámaras de seguridad en los colegios porteños. ?Es un absurdo, acá hay una cuestión de cómo cuidar los bienes, no tiene nada que ver con vigilar qué hacen los chicos. La realidad es qué hacemos para cuidar los bienes cuando los chicos no están. Eso se le explicó a la jueza?, señaló ofuscado el titular de la cartera de Justicia y Seguridad de la Ciudad.
La decisión de la Justicia se dio a conocer el último martes, un día antes de los dichos del ministro, y en la misma se dispuso que se suspendiera la instalación de las cámaras de seguridad en el interior de escuelas de la Ciudad luego de la presentación de un amparo por la UTE-Ctera, el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) y padres de alumnos asistentes a las escuelas involucradas.
Sin embargo, Montenegro no sólo atacó a la magistrada sino que también la emprendió con los gremialistas docentes. ?Casualidad, la persona que hace el amparo en los dos colegios fue candidato a comunero por la oposición (pertenece a Nuevo Encuentro, el partido de Martín Sabbatella). Ctera por ahí está preocupada porque cree que nosotros queremos ver qué hacen los maestros. Pero no queremos vigilar qué hacen los docentes. Se ve que están con mucho tiempo, porque perderlo en estas cosas me sorprende. Se ve que tienen otras cosas que hacer en vez de educar bien a nuestros chicos?, disparó.
Los dichos de Montenegro se produjeron luego de que el secretario general de UTE-Ctera, Eduardo López, atacara al macrismo señalando: ?Justamente las escuelas en las que quieren poner cámaras son aquellas en las que se reclamó más presupuesto educativo y reformas edilicias. Son escuelas muy movilizadas por gremios docentes y alumnos. No vamos a permitir que pongan cámaras que violen las libertades públicas de nuestros alumnos porque entendemos que no son objetos de observación de nadie, sino que son sujetos de derecho. Por eso fuimos a la Justicia, que nos dio la razón. Mauricio Macri ha decidido instalar cámaras de audio y video en 17 jardines de infantes, 17 escuelas secundarias y 56 escuelas primarias porteñas, según él, con el fin de cuidar el patrimonio de la Ciudad?.
Ya son seis los establecimientos educativos que se oponen a la instalación de cámaras de seguridad. Entretanto, la jueza Liberatori llamó a una audiencia pública para este jueves, a la cual convocó al ministro Montenegro y al de Educación, Esteban Bullrich; a los delegados de UTE, y a padres de los alumnos porteños observados. Por otro lado, mientras Liberatori resuelve los nuevos recursos presentados, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario también deberá intervenir, ya que se concedió el recurso de apelación al fallo inicial que suspendió la colocación de las cámaras en dos escuelas.
La apelación fue presentada por la Procuración porteña. Con relación al amparo, el legislador PRO y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña, el radical Martín Ocampo, expresó: ?Es irracional seguir exponiendo a los alumnos a hechos de inseguridad que se pueden prevenir?. Al hablar, basó sus dichos en las opiniones de los constitucionalistas Daniel Sabsay y Andrés Gil Domínguez.
?Está claro ?dijo Ocampo? que las cámaras tienen por objeto prevenir aquellas acciones delictivas que los alumnos sufren a diario. Las acusaciones que hablan de vigilancia y violación de intimidad no tienen otro objetivo que el de hacer política con algo tan delicado como la seguridad de nuestros hijos?, señaló el legislador.
?Sin embargo ?reveló a Noticias Urbanas un político opositor a Macri? si se analiza con cuidado el tema de la instalación de las cámaras, la premisa de vigilar a los docentes no cierra. Por ejemplo, ¿para qué sirve vigilar a las maestras de los jardines de infantes? Eso no cierra. La cuestión tiene que ver con el negocio millonario de la colocación de las cámaras. Más si se tiene en cuenta que las empresas mencionadas en la cuestión ya fueron vinculadas con la administración PRO, como Plettac, cuando se la mencionó como posible beneficiaria de un millonario contrato por la instalación de una red pública de comunicaciones inalámbricas en algunas zonas de la Capital Federal?, puntualizó el dirigente.
La suma de datos demuestra que la colocación de las cámaras de seguridad esconde un entramado que no tiene una explicación simple. Los variados intereses que hay en juego lo ratifican.
