La habilitación del boliche Amérika en la mira

La habilitación del boliche Amérika en la mira

Durante toda la tarde de este jueves 26, desfilarán varios testigos, vecinos denunciantes, que hablarán sobre las "irregulares" condiciones en que fue habilitado el boliche Amérika. Hasta el momento, atestiguaron la abogada Salvina Spota y el vecino Marcos Ibire, sobre "las reiteradas denuncias ante numerosos organismos de Gobierno y la decidia que tuvo el mismo" para con su reclamo


El día había comenzado con duros cruces entre la defensa y la fiscalía, los ánimos -como en otras veces- no eran los mejores, sin embargo, luego de los reiterados retos del juez Julio Maier la cuestión parece haberse tranquilizado.

Este último día de la tercera semana se dedicará casi exclusivamente a tratar el caso del boliche Amérika.

Como en otras veces, lo que está en tela de juicio es el sistema de inspecciones y controles que ejercía el Gobierno de la Ciudad sobre los locales bailables.

La primera testigo de este tramo fue la abogada Salvina Spota, quien presentó una demanda contra el boliche gay Amerika por "ruidos molestos" y aseguró que "los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires parecían abogados defensores del local, porque hicieron caso omiso al planteo y a los informes técnicos realizados por ingenieros que se adjuntaron, y no clausuraron el lugar".

Spota resaltó que, durante una audiencia ante el juez que recibió su denuncia, "los inspectores comunales nunca se pusieron en un lugar imparcial y negaban todo lo que decíamos".

"Después de todas las irregularidades que comprobamos, en más de tres años, mis clientes le enviaron una carta documento a Ibarra, a su casa, casi un año antes de Cromañón, diciendole el peligro que ese local implicaba para quienes concurrían y para los vecinos" y, en la cual denunciaron, además "un Gobierno ausente e ineficiente", prosiguió la abogada.

En ese mismo sentido se pronunció el siguiente testigo, el vecino Marcos Ibire quien denunció que "Amérika comenzó a funcionar en el año 1999 y recién el año 2000 recibió su habilitación para local de 1.300 metros cuadrados, sin embargo mide más de 2.500".

El vecino relató que denunciaron problemas de impacto ambiental y seguridad "reiteradas veces ante diferentes organismos de Control del Gobierno de la Ciudad, pero nadie nos escuchó".

Ibire éxpresó que "la Defensoría del Pueblo tomó cartas en el asunto y comprobó que éste local no podía funcionar. Además, también se comprobó que los informes obligatorios de la Secretaria de Control Comunal nunca existieron".

"Nosotros hicimos el trabajo que el Gobierno de la Ciudad no hizo", aseveró el testigo.

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