Durísimo informe contra la Comisión Municipal de la Vivienda

Durísimo informe contra la Comisión Municipal de la Vivienda

La Federación Tierra y Vivienda de la Ciudad elaboró un informe en el que afirma que la Comisión Municipal de la Vivienda devengó hasta septiembre sólo el 34 por ciento de su presupuesto. Las críticas también alcanzan al proyecto que Aníbal Ibarra envió a la Legislatura para remplazar a la CMV por el Instituto de la Vivienda. La FTV denunció también que el organismo adjudicó, por cada dos viviendas sociales, una cochera


"La CMV (Comisión Municipal de la Vivienda) debe abandonar su carácter inmobiliario para empezar a resolver los problemas de casi un 20 por ciento de los porteños", dijo Ángel "Lito" Borello, presidente de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) de la Ciudad de Buenos Aires. En el Censo de 2001, el 17 por ciento de los habitantes de la Ciudad dijo tener problemas de vivienda, en tanto, la CMV situó en 100.000 el déficit de viviendas en el distrito.

La FTV asegura que, hasta septiembre de este año, sólo se devengó el 34,17 por ciento del presupuesto de 100.269.080 pesos asignado a la CMV. Y que en el 2002 se presupuestaron 65.662.658 de pesos y se ejecutaron 31.705.599 de pesos, es decir, el 48,28 por ciento. La organización no gubernamental también destaca que en ambos años el presupuesto para personal es el único ítem que se ejecutó prácticamente al 100 por ciento.

Fuentes de la CMV desmintieron que éstos sean los números y dijeron que "si se dan las cosas como está previsto, se va a ejecutar casi el 80 por ciento" del presupuesto asignado durante este año. Reconocieron que el año pasado hubo una subejecución presupuestaria, "por los últimos coletazos de la crisis", según argumentaron. Además señalaron que las dificultades que están teniendo con un predio usurpado en Avenida La Plata, con una empresa que entró en convocatoria cuando tenía que comenzar las obras y con las cooperativas que no siempre culminan los trámites a tiempo, complican la ejecución del presupuesto.

La situación de personas que no pueden pagar las cuotas de las viviendas también es una dificultad a la hora de armar el presupuesto de la CMV porque aún cuando es una realidad que la plata no entrará al organismo, ése dinero se computa como fondos que ingresarán. Por este motivo es que el Gobierno de la Ciudad comenzó a procesar un informe en el que se detallaría quiénes pueden pagar y quiénes no, de forma tal de que conste en el presupuesto una Cartera Social.

En otro orden, la FTV indica que el promedio de viviendas nuevas por empleado es 0,27, cuando en 1999 era 2 y en el resto del país el promedio es 9. También reveló que en el 2003 la CMV adjudicó 171 viviendas nuevas y 81 "cocheras", "una cada dos ‘viviendas sociales’", destacó la asociación.

En el 2003 se escrituraron 341 unidades antiguas, 57 por ciento menos que en 2002 y 46 por ciento menos que en 2001. Asimismo, la FTV expresó que "quedan todavía 17.107 viviendas sin regularizar sobre un total de 47.208, muchas de las cuales están esperando desde los años ’70".

"Los valores anteriores ponen en evidencia que el Gobierno de la Ciudad carece absolutamente de una ‘política de vivienda’ demostrada por la producción anual- y que, además, financia un organismo ineficiente y que se ha asumido a sí mismo como una inmobiliaria en competencia con el mercado privado", expresó la FTV, a través de un comunicado de prensa.

"Para el Plan Anual del año 2004 -continúa- esta tendencia se reafirma proponiéndose la financiación de viviendas de un costo de 100.000 de pesos, siguiendo con la política de apoyo a empresas que no arriesgan nunca su propio capital y de atención a una franja de la sociedad que debería acudir a la banca pública nacional y no al subsidio estatal".

Por otra parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, envió a la Legislatura un proyecto de ley para remplazar a la CMV por el Instituto de la Vivienda. El organismo estaría integrado por un directorio constituido por el Poder Ejecutivo que, aunque será autárquico, elevará informes mensuales y sus miembros podrán ser removidos por el jefe de Gobierno sin previa explicación.

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