Al empresario Rafael ?Lito? Levy nada lo detuvo ni lo detiene. Con la misma empresa radicada en las Islas Vírgenes Británicas, National Uranums Corporation, que en su momento adquirió el predio donde funcionó el boliche República Cromañón, ahora planea abrir un paseo de compras textil, al estilo de La Salada, en la misma manzana de la tragedia. Pero ¿quién es Rafael Levy? Según la Inspección General de Justicia (IGJ) de la Nación, el real dueño de varias empresas fantasma que manejan numerosos negocios, locales y emprendimientos en la manzana donde ocurrió el desastre. Entre ellos, el hotel Central Park Once, contiguo al boliche incendiado. El dato toma mayor relevancia si se considera que de Cromañón al garaje del hotel se accedía mediante una puerta de emergencia: la misma que permaneció cerrada con candado y alambres la noche del fatal incendio. En el juicio que se sigue por las 193 muertes, Gabriel García Aidenbaum ?contratado por el gerenciador de Cromañón, Omar Chabán, para la organización de una serie de recitales previos a la tragedia del 30 de diciembre de 2004? declaró que esa puerta solía estar cerrada y que hasta había sido sellada con goma espuma ?para que no se filtrase el ruido (al hotel), que era la mayor preocupación de Levy?.
Noticias Urbanas accedió al permiso de obra solicitado por Textirama, el nuevo emprendimiento textil de Levy, empresario conocido en el rubro de la indumentaria por ser fundador de la marca Etam. Allí figura que el 9 de marzo iniciaron el trámite National Urnumus (sic) Corporation y Leven SA (otra empresa de Levy). Para Ricardo Nissen, ex titular de la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJ) y hombre que impulsó la investigación de las empresas atribuidas a Levy y Vengrover, que estas compañías impulsen Textirama ?es una provocación?. ?La IGJ debería investigar. Espero que esto demuestre lo productivo de nuestra labor. Dejamos a la luz que estas personas son los reales dueños?, señala el ex funcionario.
Pero Rafael Levy, mucho antes de Textirama, relacionó Cromañón con sus negocios textiles: en el subsuelo del hotel Central Park Once, que se comunicaba internamente con el boliche, funcionó un depósito-taller textil hasta cinco meses después de la tragedia. El taller- depósito textil que estaba encubierto es propiedad de Logical SA que tiene de apoderado a Eduardo Levy, hermano de Rafael Levy. Esta información fue dada a conocer por NU en números anteriores.
National Uranums Corporation, junto con Leven SA, también es propietaria de un local que se usó como prostíbulo hasta diciembre pasado. Se trata de la supuesta whiskería Quatro Cat?s, que funcionaba en Rivadavia 3007, lindera al Hotel Leblon, que en realidad era un albergue transitorio sin la habilitación correspondiente. El Registro de la Propiedad Inmueble asegura que National Uranums y Leven son las titulares de esas parcelas. Después de una filmación al prostíbulo con cámara oculta, un escrache de la cooperativa de trabajo La Alameda (que defiende a las víctimas de trata de personas) y una denuncia de la Defensoría del Pueblo porteña, la Justicia federal clausuró el local.
EMPRESAS TRUCHAS
Mediante una resolución, la IGJ desenmascaró el funcionamiento de una serie de compañías off shore vinculadas, a través de los años, con el lugar que terminó llamándose República Cromañón. La IGJ es terminante: afirma que sus reales titulares, aunque ocultos, son el mencionado Levy y el también empresario textil Raúl Vengrover. Se trata de las compañías Nueva Zarelux SA (constituida en la República Oriental del Uruguay), National Uranums Corporation (de las Islas Vírgenes Británicas), la Compañía Argentina de Emprendimientos Comerciales Sociedad Anónima (Caecsa) y la empresa uruguaya Financiera Rucas SA, propietaria del 99,99998 por ciento de la anterior. Estas empresas, a través de los años, se pasaron unas a otras la titularidad del predio del boliche República Cromañón. La IGJ también le apunta a la compañía Central Park SRL, titular del hotel homónimo, cuyos socios gerentes son Juan Chabelsky y Juana Volcovich, los suegros de Rafael Levy. La IGJ es terminante: califica a los suegros de ?meros testaferros?. El beneficio obtenido por Levy y Vengrover a través de las maniobras de ocultamiento es, según la IGJ, ?eludir cualquier responsabilidad por los riesgos? de las actividades empresariales.
ENEMIGOS DE LAS OFF SHORE
?Después de cuatro meses de una exhaustiva investigación, la IGJ, que estaba a cargo de Nissen, demostró que varias sociedades off shore se habían traspasado sucesivamente la discoteca. Estas sociedades son ficticias porque encubren al verdadero dueño, Rafael Levy, contra quien pueden dirigir las acciones civiles y penales las víctimas de Cromañón?, afirma ante Noticias Urbanas la fiscal de la Cámara Comercial Alejandra Gils Carbó, cuyo despacho se encuentra a metros del Palacio de Justicia donde se juzga a 15 imputados por la muerte de 193 personas y 1.524 lesionados. Entre los imputados, hoy no se encuentra Lito Levy (ver recuadro). Gils Carbó tomó la iniciativa para disolver las empresas off shore atribuidas al tándem Levy-Vengrover, pero chocó una y otra vez contra la oposición de los jueces comerciales.
?Las empresas off shore ?agrega la fiscal? son autorizadas por un país exótico con la condición de hacer su actividad en otros países. Estas empresas ofrecen confiabilidad, y eso es clandestinidad, ya que no se puede saber quiénes son los dueños. Es una práctica sostenida por grandes estudios jurídicos para quienes eluden la ley. En el caso de Levy, el proceder de la Justicia comercial es sospechoso.?
DERROTERO DE LA JUSTICIA COMERCIAL
Graciela Vasallo, la primera jueza en recibir la denuncia radicada por la IGJ sobre las empresas atribuidas a Levy y Vengrover, negó de plano el carácter de demandante de la IGJ, y por ende su investigación. La IGJ apeló y allí se involucró la fiscal Gils Carbó, quien pidió continuar la causa y ser demandante. El segundo juez al que se le remitió el expediente se excusó. El tiempo transcurría y las empresas off shore seguían sin ser notificadas que eran demandadas. Finalmente, la decisión recayó en los jueces de la Cámara Comercial, Sala D, quienes aún no definieron si la fiscal Gils Carbó y la IGJ son aceptados como demandantes. Entre los jueces de la Sala D se encuentra Gerardo Vasallo, hermano de Graciela, la jueza que inicialmente desactivó la demanda.
?La Cámara mandó a seguir la acción pero sin reconocernos como actores hasta que se dicte sentencia. Si viene un juez y dice que no estamos legitimados, entonces todo vuelve a cero. Esta retórica, lo que hace, es favorecer a las off shore?, afirma Gils Carbó. La imposibilidad de disolver las empresas off shore quedó demostrada en la causa contra las compañías atribuidas a Levy- Vengrover. A lo largo de cuatro años aún no se pudo notificar a todos los demandados.
Este medio fue a pedir explicaciones a la Justicia comercial. En dos oportunidades visitó a la jueza que entiende en la causa ?IGJ contra Nueva Zarelux y otras? María Cristina O?Reilly, a cargo del juzgado Nº 12. En la primera visita se excusó por la hora y no respondió. Al día siguiente, en horas del mediodía, la jueza estaba ausente. La secretaria dio la cara. Ella confirmó a este medio que aún no estaban notificados todos los demandados.
LITO EN LA JUSTICIA PENAL
A fines de agosto pasado y a raíz del incendio de Cromañón, el juez de instrucción Alberto Baños procesó a Rafael ?Lito? Levy por estrago doloso agravado por la muerte de 193 personas. También, por ?contribuir a los pagos espurios que se hacía a la policía? de la comisaría 7ª con el fin de omitir diversas contravenciones, ?un asunto que era inevitable para continuar con su negocio? en la discoteca.
Se presentaron cuantiosas pruebas contra Levy. Entre ellas, escuchas telefónicas a dos celulares, propiedad de Lito, que datan de los días posteriores al incendio. Allí hablan hermanos de Rafael Levy, Luis, Ruth y Eduardo. ?No tiene que quedar nada. Hacelo prolijo y rápido. En mi escritorio hay una tarjeta Abac que dice ?Luis Levy inspector?. Sacala a la mierda?, gritó Luis a un tal Omar el 4 de enero de 2004. Otras más se registraron. ?Si al suegro (de Rafael Levy, a cargo del hotel lindero a Cromañón) le preguntan por las reformas, que diga que no; que la Justicia nos vea desprolijos, no socios?, sostuvo un abogado, que además agregó: ?Levy (tiene que quedar) como empresario textil, no de la noche?. Dos claras definiciones utilizadas en la defensa.
Por su parte, Omar Emir Chabán se negó sistemáticamente a responder preguntas acerca de su relación con el hotel Central Park y Lagarto SA, sociedad a cargo de la habilitación del boliche incendiado que, según la IGJ, también estuvo durante un tiempo bajo control del ?socio? de Levy, Raúl Vengrover, aunque figuraran otros. Igualmente, el rol de socios entre Levy y Chabán quedó demostrado para el juez Baños: ?Chabán era quien se mostraba como la cara visible del emprendimiento frente a terceros. Mientras tanto, Levy, en las sombras, como era su característica habitual en los negocios, aportaba el lugar y la habilitación?.
Hasta el mismo Rafael Levy se involucró en su indagatoria. ?Sostuvo que su interés en la adquisición de Lagarto SA respondía a que había un fondo de comercio y además contaba con un activo que era la habilitación?, afirma Baños. Y, sin darse cuenta, Levy remató en su indagatoria diciendo que ?obtener una nueva habilitación era bastante complicado?. La habilitación del boliche otorgada en 1997 cuenta con un proceso abierto por sus notorias irregularidades. Pese a todo, la Sala Quinta de la Cámara del Crimen, con las firmas de los jueces Gustavo Bruzzone, María Laura Garrigós de Rébori y Rodolfo Pociello Argerich, desestimó la hipótesis de una sociedad entre Levy y Chabán, y en consecuencia sobreseyó al dueño del lugar. Para la Cámara, además, ?se probó que Levy no desempeñó el rol de organizador del evento del 30 de diciembre de 2004?.
Aunque no está en el banquillo de los acusados, Levy no fue favorecido por testimonios dados a conocer en el juicio oral y público que el 19 de agosto sentenciará a los 15 imputados por las muertes y lesiones del incendio de Cromañón. A lo largo del juicio oral, diversos testigos dijeron que Levy quería evitar las filtraciones al hotel de los ruidos de los recitales. Se supo que se ordenó cerrar la puerta (la que tenía candado y alambres) que conectaba Cromañón con el garaje del hotel, se taparon los extractores de aire y además hubo modificaciones en el sector VIP del boliche, ubicado en el primer piso, que bloquearon otra salida que daba al primer piso del hotel. Y para rematar, que la plancheta de habilitación de Cromañón (que había vencido un mes antes de la tragedia) estaba en la recepción del hotel.
El poder de Lito Levy está a la vista de cualquiera. Es el dueño de gran parte de la manzana más importante de Once, que incluía en su complejo comercial, además de Cromañón, al hotel Central Park, una agencia de viajes (Avax Travel), un kiosco y unas canchas de fútbol cinco. Le siguen predios donde se encuentran locales que no fueron afectados por la tragedia: la bailanta Latino 11, una terminal de colectivos, dos hoteles de pasajeros (Star, que coincide con el domicilio legal que daba Vengrover, y Leblon, el albergue transitorio encubierto), la whiskería/prostíbulo Quatro Cat?s, un cine porno, un almacén mayorista, un kiosco sobre Rivadavia, la entrada al estacionamiento por Jean Jaures y un hotel alojamiento. Más un departamento en Rivadavia 3065, PB F. Ese poder llevó a Lito a que, mientras los cuerpos de los chicos fallecidos se apilaban en la vereda de Bartolomé Mitre, sólo se preocupara por la recaudación de su hotel. El conserje del hotel Central Park, Maximiliano Chaparro, dijo en reiteradas oportunidades a la Justicia: ?Fue directo al primer piso donde tenía la plata de la jornada?. Más tarde mandaría a uno de sus lacayos a buscar una agenda de teléfonos donde figuraban sus contactos. El poder es impunidad, dijo alguna vez Alfredo Yabrán.
LOS JUECES QUE DECIDEN EL FUTURO DE LEVY
La Sala III de Casación Penal decidirá en breve si deja a Rafael Levy como hombre de bien, o ratifica el procesamiento llevándolo al banquillo de los acusados. Sus integrantes, los jueces Eduardo Riggi, Guillermo Tragat y Ángela Ledesma son viejos conocidos en la causa Cromañón. El abogado querellante y padre de una víctima, José Iglesias, reveló a NU su proceder: ?Me reuní con Eduardo Riggi en su despacho. Fue un mes antes que Casación resolviera el sobreseimiento a Aníbal Ibarra. Ahí me dijo: ?Entienda doctor, tenemos que negociar?. No me dio nombres, pero cuando vi la resolución sobre el ex jefe de Gobierno saqué conclusiones. Nos dieron a Juan Carlos López (el ex secretario de Justicia y Seguridad y cuñado de Ibarra, que irá a juicio oral) y liberaron de culpa a Ibarra?.
NOTA PUBLICADA ORIGINALMENTE EN EL SEMANARIO NOTICIAS URBANAS Nº 196, DEL 08/07/09.
