Resulta que la señora P. y sus hijos fueron desalojados tiempo después del estallido de 2001, y por eso tuvieron que instalarse en un hogar, salvo el mayor de los hermanos, que fue a parar a lo de una familia amiga, pura bondad. Pese a lo triste, este caso de desmembramiento familiar aportado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires constituye apenas un tibio ejemplo de lo que a vulneración de derechos de niñez y adolescencia se trata. Es que desde el Estado nadie intervino para mitigar el desarraigo. Pero aun así se manifiesta como un tibio ejemplo porque, siguiendo el manual del lugar común, en esta tierra fecunda y desigual todavía hay chicos que duermen en las calles, montones de ellos que van a la escuela rasguñados o con marcas acaso menos visibles (las del maltrato psicológico y el abuso) y otros tantos que crecen, como extraños parásitos, comiendo lo que otros no quieren comer. Así, asistimos cotidianamente a un paisaje naturalizado, digno de las grandes urbes, corriendo siempre el colectivo que se nos va. Y duplicamos, entonces, el daño.
Pero, justamente, a fines del 98 la Ciudad sancionó la Ley 114 con el objeto de promover la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entendidos en sintonía con lo dispuesto por la Constitución Nacional, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, los tratados internacionales de los que el Estado argentino es parte y, por supuesto, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Así se creó un organismo, el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, autoridad de aplicación de la misma normativa. Promover y proteger derechos, esa es la cuestión que, leída en criollo, da cuenta de cierta lógica del bombero estatal: actúa donde otras patas del GCBA no lo hacen o lo hacen mal, incluyendo a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, encargada de la ejecución programática de las políticas sociales cuyos destinatarios son los más chicos.
En términos operativos, el Consejo está integrado por unas 17 unidades descentralizadas, distribuidas en las 15 comunas y conocidas como defensorías zonales, que el año pasado fueron agrupadas en cuatro regiones: sureste, suroeste, norte y centro. En las defensorías, de acuerdo con lo que marca la ley, se deben atender desde derivaciones judiciales hasta casos originados en los servicios de emergencia del Consejo, como el Centro de Atención Transitoria (CAT), la guardia permanente de abogados y la línea 102, que últimamente observa una numerosa publicidad mediática y callejera, recordándonos, paradójicamente, que ya no podemos seguir concibiendo a los pibes desde el prisma de la minoridad y el tutelaje, sino desde la óptica del sujeto de derecho. Más tarde, en 2006, se gestó la Ley nacional 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Para muchos, un colchón sobre el que el Consejo podría apoyarse cómodamente. Para otros, una trampa de osos preñada de funciones pero huérfana de recursos. Ahí fue cuando echaron raíces, dicen, los males de la institución.
Coordinación y equipo técnico conformado por un psicólogo, un abogado y un trabajador social son las áreas en las que, además de la administrativa, se divide cada defensoría zonal del Consejo, que depende de la Jefatura de Gobierno y posee autonomía técnica y administrativa y también autarquía financiera, es decir, cuenta con su propio presupuesto.
Solo a modo de muestra, conforme a la resolución 1.110/11 de la Defensoría del Pueblo, hasta mediados de este año las unidades descentralizadas recibieron unos 16.444 casos que requerían de intervención, de los cuales 9.968 correspondían a situaciones de vulneración de derechos en la zona sur de esta Ciudad. En barrios con alta demanda social como La Boca, Barracas, Parque Patricios, el asentamiento Rodrigo Bueno, la Villa 26 y Constitución se da el 40 por ciento de los casos de niños con derechos incumplidos.
Del otro lado, según estimaciones del mismo organismo, el 70 por ciento de los trabajadores del Consejo se encuentra bajo la modalidad de contratación de locación de servicio, esto es, sin ninguno de los beneficios sociales que las relaciones de dependencia laboral suponen. Se trata de empleados que, dada la multifactorialidad de las problemáticas que deben afrontar a diario, deberían desempeñarse a través de un abordaje integral e interdisciplinario. Eso, deberían.
Los trabajadores del Consejo dicen, precisamente, que en estas condiciones no pueden seguir. Es que los casos de atropello a los derechos aumentan a diario, pese a que la línea 102 se reactivó en agosto. La presidenta de la institución, Beatriz Orlowski de Amadeo, por su parte, afirma que se encuentra tironeada, que hace lo que puede. Y los consejeros consultados por NU coinciden en que el propósito del macrismo ?es disciplinar el Consejo, hacer que actúe bajo el ala del Ministerio de Desarrollo Social?. Para referirse a Orlowski, vaya si evitan eufemismos: ?No está capacitada para el cargo, y ella lo dice. En diciembre la van a rajar para evitar pantomima con el relanzamiento de gestión?. Otras fuentes van más allá señalando que la electa vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, el viernes pasado le habría pedido a Orlowski que renunciara al cargo. De los empleados del GCBA que desarrollan sus actividades en el Consejo, varios consejeros sostienen: ?Como todo empleado estatal, hay mucho chanta y también mucho inepto. Por ejemplo, una vez pasó que una piba que vivía en la calle y estaba en pareja quedó embarazada. Y desde la defensoría zonal, en vez de hablar con ella y preguntarle sobre su situación, denunciaron al pibe, que quedó en cana. Así hicieron que la piba quedara peor de lo que estaba?. Sea como fuere, el reclamo de mejoras en las condiciones laborales por parte de los trabajadores del organismo, que ya los llevó a manifestarse ante la Legislatura a fines del mes último, cuando se trató el Presupuesto 2012, contempla necesariamente su contracara: la puesta en acto de las políticas públicas, que renguearon históricamente en la Ciudad y hoy caminan poco. Así las cosas, todo indica que esto no es teatro griego, que hay tragedia y tragedia. Y que en el medio están, como hijos de padres separados, los chicos.
EN PRIMERA PERSONAL DEL PLURAL:
Luciana es asistente social y trabaja en el Consejo desde 2003. Revuelve más su flequillo que el café, y cuenta: ?Del total de los trabajadores del Consejo, unos 600, un tercio son monotributistas. Después están los nuevos de planta permanente que, al no estar encasillados en ninguna carrera, son los que cobran los peores salarios, los mínimos del escalafón general de la Ciudad, teniendo una diferencia con los contratados de 1.400 pesos. Y después están aquellos que tienen carrera en Desarrollo Social. Sus sueldos a veces duplican o triplican el de los contratados. Pero la gran parte de los trabajadores cobra, en promedio, 3.000 pesos, que son 2.800 en mano. Igual, hay algunos que facturan por 2.400. Nosotros queremos que se cree la categoría del operador social, una persona especialista en derechos, cuya tarea tiene una especificidad, que es laburar con los pibes. Hoy tenemos compañeros que están encuadrados en la categoría de Servicios Generales y cumplen con esa tarea. Son, por ejemplo, los que cuidan los nenes en un hogar. No tienen título y quizás nunca lo tengan porque su especificidad es la experiencia?. Y sigue: ?Del reclamo salarial, la única respuesta fueron las Urses, que son horas extras, que se les dio solo a los de planta permanente. Pero como no son remunerativas y son horas extras, el que tiene horas en Educación o en otro ministerio ya no las puede cobrar. Es un aumento salarial encubierto y desigual. A partir de diciembre, igualmente, no van a estar más porque no está la partida presupuestaria?.
?Lo que necesitamos es un escalafón propio ?agrega Claudia, operadora nocturna de la línea 102 y también militante por la causa, desde ATE? porque el Consejo es un organismo autónomo y sus tareas son precisas: no es lo mismo un abogado de Desarrollo Social que uno del Consejo. Y eso va a resolver la equiparación salarial, la política de parches, y va a jerarquizar el organismo. Porque si tuviéramos una carrera, con capacitación y formación, que debe ser especial porque el trabajador del Consejo tiene que, por ejemplo, tomar la decisión de separar a un pibe de su grupo familiar, las cosas serían distintas. En la primera etapa de gestión de Orlowski se quiso hacer un área de capacitación paralela, con algunas ONG amigas, sin consultarles a los equipos, con convenios atrás. ¡Y guita! Lo resistimos. Explicar con un PowerPoint el sistema de protección integral a personas que vienen trabajando hace años en el tema nos pareció una falta de respeto. ¡Dame recursos para hacerlo! No hay un plan de capacitación. Terminamos autogestionándonos.?
A ambas el presupuesto propuesto para 2012, de casi 59 millones de pesos, les parece ?un aumento insignificante, que contempla la inflación, pero que no va a hacer que cambien las condiciones de fondo?. Y razonan: ?Vamos a estar igual o peor porque la demanda sigue creciendo. Desde abril, los contratados estamos peleando un pase a planta permanente, pero todo el tiempo el personal se recicla, porque muchos se van aun sin tener una alternativa laboral, a cuidar a sus propios chicos, y son reemplazados por los contratados, que muchas veces llegan a conformar el 90 por ciento de los equipos. Y los contratados, por supuesto, también se van. Eso repercute directamente en el tratamiento y seguimiento de los casos. Unos 220 pases implicarían unos 4 millones de pesos. Queremos que haya planta permanente propia, que se ingrese de entrada?. Ellas permanecen en el organismo, cuentan, por vocación. De todos modos, advierten que el cuadro de colapso, representado en la falta de recursos de todo tipo, empezando por el papel de fax, un día ?va a estallar en mil pedazos?. El Estado actual de la dependencia, que Noticias Urbanas confirmó, por caso, al visitar la defensoría zonal Comuna 12 – Villa Urquiza (Miller 2751), que comparte el edificio con un centro de jubilados, lleva a que varios equipos técnicos tengan que dividirse casos entre sus miembros, ¡porque se trata en varias oportunidades de unos 900 por defensoría!, entrevistando pibes en los pasillos, mientras los colegas suben la radio para mitigar esa nueva cuota de violencia institucionalizada que aporta también el déficit de intimidad ¿Y qué pasa, por lo tanto, con una de las principales funciones del organismo? Promoción de derechos, poco y nada.
Los consejeros que representan a la Legislatura en el organismo, requeridos por este medio, ratifican lo dicho por las trabajadoras: ?En la nueva propuesta presupuestaria se observa una disminución de la dotación, cuando lo más sensible es la falta de profesionales y de espacios físicos, algo que ya observó la Defensoría del Pueblo este año. Para la ampliación del presupuesto debatida se solicitó la incorporación de 30 a 50 nuevos profesionales para las defensorías. Y solo está contemplado para el año que viene la obra de refacción del Centro de Atención Transitoria para Menores de 12 años?.
Respecto al sur porteño, la Defensoría del Pueblo fue clarita al emitir la actuación 1.579/10, en junio: en la defensoría de la Comuna 4 – Boca-Barracas (Rocha 1731) así no se puede seguir. ?En ese barrio hay más población y más derechos vulnerados?, resume Luciana, que piensa que el plenario del Consejo ?cumple con lo mínimo, al reunirse una vez cada dos meses y que, en definitiva, el macrismo pretende vaciarlo?. Y un consejero da una última pincelada de surrealismo: ?Muchos profesionales de la zona sur, donde prevalecen las problemáticas habitacionales, de violencia y de drogadicción, terminan con burn out?.
"A VECES FALTAN RECURSOS"
Con un ?Hello, hello, hello? recibe a NU en su despacho de Roque Sáenz Peña al 800, Beatriz Orlowski de Amadeo, presidenta del CDNNyA, quien acumula pedidos de renuncia de todos los bloques legislativos. Comienza anunciando, tras asegurar que se mantendrá en el cargo: ?El presupuesto está ajustado a las directivas que tenemos de aumentar un 10 por ciento?. Cuando se le pregunta por los escasos incrementos previstos para los programas Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (defensorías zonales), Buenos Aires, Ciudad Amiga de los niños y Atención de Situaciones de Emergencia (línea 102, guardia y centro de atención transitoria) reconoce que ?un poquito más hubiera sido bueno?, pero que el segundo de los programas es interministerial, razón por la cual ?hay recursos de varios lados?.
?Como los CGP van a tener nuevas actividades, entonces, es cierto que nos vamos a tener que mudar en el curso del año que viene. Tenemos que ver los valores de los alquileres porque, lamentablemente, cuando es oficial, te cobran más caro. Tenemos que mudar la defensoría de Palermo, por ejemplo?, señala. Refiere desconocer, por otro lado, la situación de la defensoría de Villa Urquiza ?que está en un CGP que se está arreglando. Se equivocaron al elegir el local?. Y de Boca-Barracas, espera ansiosa, comenta, ?que pueda salir la construcción de la defensoría?. No le parece que exista el hacinamiento referido por trabajadores de las unidades descentralizadas, pero confirma que la división de los ambientes por paneles es inadmisible.
?¿Y qué hay del pase a planta permanente?
?Lo vamos a hacer con todos aquellos contratados que quieran. Va a haber concursos abiertos. Ya están diseñados los perfiles. Me gustaría que ocurra lo antes posible. Pero hay empleados que no querrían pasarse porque se les bajaría el sueldo. Teníamos previsto un aumento antes de fin de año, pero tenemos la partida restringida. Yo llamo, presiono, pido. Y para el año que viene hay aumentos previstos. No me acuerdo qué porcentajes. Y ahora se abrió la posibilidad de un reencasillamiento a nivel del Estado de la Ciudad, de acuerdo con los estudios. Este año habíamos dado un 15 por ciento de aumento y teníamos pensado un 10 antes de fin de año, siempre que me desrestrinjan el presupuesto. Y para 2012 con el pase a planta vienen los aumentos con las paritarias.
?¿Y de la falta de recursos denunciada, qué puede decir?
?A veces existe. Vengo trabajando en el Estado hace tiempo y a veces me faltó tóner por meses. Renovamos los escáneres de todas las defensorías, porque hay documentación muy sensible y que a veces las familias tienen que llevarse.
De la zona sur, su lectura indica que por ?la sobredemanda en Boca-Barracas, se abrió la defensoría de Zabaleta (NdR: Villa 21-24). La idea ?explica? es que se generen redes en el barrio?.
Orlowski también se da tiempo para dar detalles de su nuevo hijo: el legajo único electrónico. ?Es una herramienta que permite ordenar el historial de cada chico, con una particularidad: te indica si el caso está activo, inactivo o cerrado. Y voy a decir una maldad: va a ayudar a los trabajadores a bancarse cerrar un caso.?
?Pero los trabajadores dicen que, al no haber computadoras, no tiene mucho sentido informatizar los legajos.
?Pero de a poco lo vamos a ir haciendo.
