El ex presidente y ex jefe de Gobierno porteño, Fernando de la Rúa, fue citado ayer para ser indagado por el titular del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 4, Mariano Bergés, en la causa por la Autopista Illia. De esta manera, la lentísima Justicia argentina intentaba cumplir con una diligencia que había solicitado el titular de la Fiscalía de Instrucción Penal Nº 48, Alejandro Molina Pico, en dos ocasiones, el 20 de julio de 2001 y el 15 de febrero de 2002.
Pero el ex presidente, fiel a su estilo elusivo, no se presentará para ser indagado en la causa, en la que podría ser acusado por defraudación a la administración pública, por malversación de caudales públicos y por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Uno de sus defensores, Fernando Díaz Cantón, planteará en su apelación la nulidad de la citación del juez y lo recusará por "violación a la garantía del juez natural". Díaz Cantón calificó de arbitraria la indagatoria por ser "carente de fundamentos" y por estar en contra "de la postura adoptada en la misma causa por los jueces precedentes". Según el defensor del destituído ex presidente, Bergés ignoró el pedido de una pericia contable ordenado por la jueza Silvia Ramond -que estuvo a cargo de la causa en los últimos meses del año pasado- para determinar la existencia de las presuntas irregularidades.
Bergés está actuando en esta causa como juez subrogante, ya que el Juzgado de Instrucción Nº 43 -en el que está radicada- está vacante desde que su titular, Nelson Jarazo, fue designado por de la Rúa como miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, justo después de haber denegado -oportunamente- esta misma indagatoria.
Junto con el ex presidente, Bergés citó a declarar a los directivos de COVIMET, el consorcio de empresas que construyó la Autopista Illia, que estaba conformado por las empresas Roggio e hijos, Servente Construcciones, J.M. Aragón SA, Polledo S.A. y Natino S.A.
De todos modos, Molina Pico solicitó -junto con la indagatoria a de la Rúa- las de sus ex funcionarios Nicolás Gallo, Eduardo Delle Ville y Ernesto Marcer, que en esta ocasión no fueron citados.
Bergés hubiera interrogado a de la Rúa y a los directivos de las empresas constructoras de la Autopista Illia por una larga serie de irregularidades que incluyen cobros no debidamente certificados, decretos a los que les faltan páginas enteras y estaciones de servicio cuyas ventas no figuran en los balances. El juez está a cargo de la causa desde el tres de febrero último, y seguirá estándolo por un plazo de 60 días.
