Aníbal Fernández, ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, defendió la resolución dictada en la que ordenó a las fuerzas de seguridad a responder a lo que dispongan jueces y fiscales de la Justicia ordinaria nacional en todas las causas por picadas en territorio porteño.
"No erré el camino cuando dicté la Resolución 1633/08", aseguró Fernández. "Los fiscales de la Ciudad Autónoma, avalados por la máxima autoridad de su Ministerio Público y luego por el Superior Tribunal pretendieron extender su jurisdicción hasta hacerse competentes en el conocimiento de los mencionados delitos, sin tener en cuenta que en su afán lesiona el texto de la Ley 24.121 -ley que organiza el Poder Judicial de la Nación- y de la 24.588, conocida como Ley Cafiero", agregó.
Según las opiniones vertidas por el funcionario en la columna de opinión del diario Clarín, tal "lesión" también afectaría a la Constitución Nacional "de cuyo texto se desprende -artículos 18 y 120- que los titulares con exclusividad de la persecución penal pública son los magistrados y fiscales federales en el orden federal nacional, y los magistrados y fiscales criminales de instrucción y correccional en el ámbito de la Ciudad autónoma".
"Si ahora correr picadas es un delito, complicar la aplicación del artículo 193 bis del Código Penal podría ser un crimen", subrayó Aníbal Fernández.
Y agregó: "La 24.588 limita la capacidad de la Ciudad Autónoma para asumir ‘in iure’ competencias que no le fueran expresamente otorgadas. Y no importa si es un fiscal o el Superior Tribunal el que actúa de hecho y en forma unilateral, se aparta de la habitual interpretación de la legislación nacional y constitucional".
Finalizando, y tras resaltar que es "un hombre de la política y del derecho" que distingue "el método político y el método jurídico", el Ministro aseguró que "los fines que persigue la postura del Procurador General de la Ciudad y los argumentos que nutren la tesis mayoritaria de la Acordada N° 18/2008 más bien parecen tributarios del paradigma político; evocan preocupación por el dictado de una Resolución ajustada a derecho, pero disonante con el proyecto político de la Ciudad Autónoma".
"Entiendo que el Procurador de la Ciudad pueda querer modificar las cosas. Para hacerlo -está en todo su derecho- deberá plantear una nueva reforma de Constitución Nacional e intentar la modificación de varias leyes. Hasta tanto esto no ocurra, deberá acostumbrarse a cumplir con la ley vigente y a trabajar a favor de coordinar las emergencias que se susciten, respetando las competencias y jurisdicciones en beneficio de la ciudadanía. Mientras tanto, me haré cargo de que un error judicial no impida que los ciudadanos reciban Justicia", concluyó.
