Luego de aprobar las múltiples prorrogas, que se establecieron para el sistema de descuento, de hasta un 70 por ciento, para los pagos voluntarios de las multas de transito, a los miembros de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura se les ocurrió ofrecer financiar las mismas hasta en 24 cuotas sin perder el descuento "archiprorrogable". El proyecto fue firmado por todos los miembros de esta comisión -presidida por Eduardo Lorenzo Borocotó (PJ)- y aprobado en el recinto.
El monto adeudado por la totalidad de las infracciones podrá ser abonado por el interesado, hasta en 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, no pudiendo ser la cuota mínima menor a los 25 pesos. Cuando se trate de infracciones cuya deuda hubiera sido transferida a Mandatarios Judiciales para su cobro, la Dirección General Administrativa de Infracciones (DGAI) establecerá el procedimiento para su cancelación en función de este régimen. La tasa de interés mensual se fijará en el uno por ciento.
La falta de pago de una cuota o la falta de pago de nuevas infracciones cometidas luego de la adhesión a este Plan de Facilidades, implicará la mora automática del deudor, produciéndose la caducidad del financiamiento. En ese caso se exigirá el pago del saldo total.
La DGAI será la encargada de expedir las constancias que acrediten el acogimiento al régimen de facilidades de pago de multas por infracciones, a los efectos del otorgamiento o renovación de licencias. "Con el pago de la primera cuota, el infractor puede solicitar el certificado de libre deuda y renovar su licencia" , explicó el legislador del bloque justicialista, Julio Vitobello, ex titular de la Comisión de Tránsito y Transporte.
Por otra parte, la diputada porteña, Juliana Marino (Peronismo Independiente), consideró que la ley "tiene el propósito de facilitar el acogimiento de la ciudadanía a las normas, como es el caso de las penalidades por infracciones de tránsito".
La norma tiene dos cláusulas transitorias. Una establece que no será exigible el libre deuda para la renovación de las licencias habilitantes de las prestatarias de los servicios de automóviles de alquiler con taxímetro, de remises y transporte escolar, cuyo vencimiento opere hasta el 1º de agosto de 2002 inclusive. La otra fija el valor de la unidad de multa igual al estipulado hasta el 21 de febrero de 2002.
"En estas circunstancias económicas y sociales, siempre que se cumplan las normas, debemos garantizar el pago de las multas adeudadas. Teniendo en cuenta que, como la unidad que mide el valor de las multas es con relación al precio del combustible y éste se elevó notoriamente, debemos adaptar las normas a la capacidad de pago de los automovilistas", expresó el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Caram (UCR).
TAXIS
A partir de que la semana pasada, el Sindicato de Peones de Taxis, junto con otras organizaciones del sector, marcharon a la Legislatura para las facilidades de pago -anteriormente mencionadas-, y para exigir mayores controles y penalidades para los taxistas y los remiseros "truchos", la comisión parlamentaria que preside Lorenzo Borocotó se abocó a la tarea de satisfacer las demandas.
Finalmente, los proyectos de la Comisión de Transito y Transporte se aprobaron ayer en el recinto. Las mismas establecen el incrementó del precio de las multas para quienes conduzcan taxis o remises ilegales -ahora será equivalente a entre 1000 y 10.000 litros de nafta súper sin el beneficio del pago voluntario-; instruyen al Banco Ciudad a que lance una línea de créditos "blandos", para financiar la compra de nuevas unidades; y favorecen a los taxistas que no hayan renovado sus licencias, extendiendo el plazo a 120 días para que pierdan su permiso, aunque a partir del mes de vencimiento podrán ser sancionados con 30 días de prohibición para circular.
Las iniciativas votadas con relación al servicio público de taxímetros tienden a asistir a este sector, tan impactado por el agravamiento de la crisis económica, afirmó Marino, quien además agregó que "en tal sentido, subrayó que al votarse estas iniciativas "el consenso fundamental se basó en que el costo de la crisis no recaiga en la ciudadanía a través del aumento de tarifas y, en cambio, que el sector pueda ser asistido mediante planes de pago y otras medidas que a su vez refuercen los controles del servicio, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los pasajeros".
