La Rural perdió estado parlamentario

La Rural perdió estado parlamentario

El proyecto de rezonificación que permitiría construir un emprendimiento millonario perdió estado parlamentario. El Ejecutivo podría enviar nuevamente el proyecto solo que la empresa que explota el predio pertenece al aliado de Mauricio Macri, Francisco de Narváez.


La noticia se conoció y se discutió este martes en el seno de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura. Y seguramente hoy se conocerán las implicancias a futuro.

"El proyecto de rezonificación del predio de La Rural que permitiría la construcción de un estadio para 8.200 personas sentadas perdió estado parlamentario", confirmaron fuentes legislativas a Noticias Urbanas.

La zona está catalogada en el Código de Planeamiento Urbano como Urbanización Parque (UP), por lo cual no está permitida ninguna construcción para uso privado. Por ese mismo motivo, La Rural SA – explotada por la empresa del aliado político de Mauricio Macri, Francisco de Narváez- pidió el cambio de zonificación a través del Poder Ejecutivo, en aquel momento al mando de Jorge Telerman.

Desde entonces, la comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura se dispuso a analizar el tema. El año pasado, la comisión presidida por la kirchnerista Silvina Pedreira envió al Ejecutivo tres pedidos de informes: uno sobre el impacto ambiental que podría tener la iniciativa en la zona; otro sobre la situación del tránsito; y el último sobre el estado de la red pluvial en el área.

La empresa que explota el predio es La Rural SA y tiene contrato hasta 2025 con la Sociedad Rural Argentina, que es la propietaria. El proyecto preveía la construcción de un centro de convenciones de nivel internacional (los vecinos sin embargo ponen la sospecha en si se habilitaría para la realización de espectáculos masivos, como recitales o competencias deportivas). Además, la empresa prometía abrir la calle Darregueyra, que nace en Guatemala y hoy termina en Santa Fe, hasta la calle Juncal.

El problema surge hoy para el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, quien deberá analizar si enviar o no un proyecto que favorece a su socio político.

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