Es común escuchar al abogado constitucionalista Daniel Sabsay cuestionar con dureza al Gobierno nacional. Acusarlo de "vaciar" los órganos de control, sojuzgar el Poder Judicial, "destruir las instituciones republicanas" y "convertir en letra muerta la separación de poderes". Pero en este reportaje, Sabsay ?integrante de la Mesa Intercultural de la Coalición Cívica? pondrá la lupa sobre la administración de Mauricio Macri. Analizará el funcionamiento de la Justicia porteña y repasará, con mirada crítica, todo lo que aún le falta a Buenos Aires para ser, como su nombre lo indica, ciudad autónoma.
?El gobierno de Macri dice que va a pelear en el Congreso para modificar la Ley Cafiero, que restringe la autonomía porteña. Pero es muy difícil que lo pueda conseguir por la escasa representación que allí tiene la Ciudad…
?Absolutamente de acuerdo.
?Entonces, ¿no podría la Ciudad reclamar su autonomía por la vía judicial?
?Por supuesto que podría. En esto la Corte Suprema debería tener competencia originaria, porque es un conflicto entre una ciudad autónoma contra la Nación. La Ciudad, como entidad, debería hacerlo a través de una acción declarativa de certeza de inconstitucionalidad. No sé por qué no se ha hecho. Lo ignoro. Evidentemente el plano judicial todavía no ha sido explorado.
?¿Cómo califica usted la Ley Cafiero?
?Es absolutamente inconstitucional. Desconoce los artículos 129 y 121 de la Constitución nacional. No hay nada que indique que la Ciudad de Buenos Aires sea distinta a las provincias en cuanto a sus competencias, salvo el hecho de que la Ciudad, por ser accidentalmente la Capital Federal, debe delegar determinadas competencias que superan las delegadas por las provincias. Pero la Ley Cafiero no sólo invierte el criterio de distribución de competencias (NdR: el artículo 121 de la Constitución nacional dice que ?las provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno federal?, mientras que el artículo 2 de la Ley Cafiero establece que ?la Nación conserva todo el poder no atribuido por la Constitución al gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires?), sino que reserva facultades para la Nación que son arbitrales e irracionales, como por ejemplo los registros de la propiedad y de la Inspección General de Justicia. Es algo absolutamente inconcebible. Si se trata de sociedades e inmuebles situados en la Ciudad ¿por qué su registro tiene que quedar en manos de la Nación?
?¿Y qué opina de las leyes que se transforman en letra muerta por falta de reglamentación?
?Que es un poco lo que ocurre en todos los niveles de la República Argentina, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires. La no reglamentación de las leyes o la no puesta en marcha de institutos que están reconocidos en la Constitución es moneda corriente. Es la cultura jurídica o, mejor dicho, la falta de cultura jurídica que tenemos en la República Argentina.
?¿Cómo ve al funcionamiento de la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires?
?Para ser una Justicia joven e incompleta creo que tiene un desempeño muy positivo frente a la media nacional. Tanto el nivel de los magistrados que se han ido designando, de los fiscales, incluso del Consejo de la Magistratura. Todos tienen un estándar muy por encima de la media nacional.
?¿Qué competencias deberían traspasarse ya a la Ciudad, además del manejo de la Policía?
?Bueno, falta precisamente lo relativo nada menos que al Poder Judicial. La Justicia llamada nacional, que en realidad es local. No hay ningún motivo para que ésta siga en manos de la Nación. No sólo lo penal, sino lo civil, comercial y laboral. Toda la aplicación de los códigos de fondo. También hay que crear una Justicia electoral para la Ciudad de Buenos Aires. Su ausencia es una locura. La Ciudad elige sus propias autoridades y debe regular los procedimientos para hacerlo. Además tiene que crear las autoridades de aplicación en lo electoral. En esto hay una orfandad tristísima. Se le da ingerencia a la Justicia federal electoral, lo cual es una locura, o, como en la última elección, al Tribunal Superior de Justicia, que no está nada organizado para ser una Justicia electoral. Eso es una falencia enorme en el sistema. Después, en materia de servicios públicos, la Ley Cafiero cercena a la Ciudad sus competencias: por el solo hecho de que un servicio público supere, aunque sea en un pequeño tramo, la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, éste ya cae en la jurisdicción nacional.
?Y la Nación también controla los subtes, pese a que operan íntegramente en la Ciudad…
?Exactamente. Y está el tema del juego. Y el tema del puerto. Falta muchísimo para que se llegue a una autonomía verdadera que retrotraiga los exabruptos y las exorbitancias de la Ley Cafiero.
?¿El gobierno de Macri respeta las normas y las instituciones?
?El hecho de que no tenga la mayoría en la Legislatura ha redundado en una actitud de respeto por el Poder Legislativo. En cuanto a la Justicia, si bien ha tenido la tentación de iniciar juicios políticos contra ciertos magistrados, afortunadamente recapacitó y volvió para atrás. Eso habla de la fuerza de las instituciones en la Ciudad. Pero el Gobierno porteño no tiene interés en la participación ciudadana. Tampoco en la descentralización. La mora en el tema Comunas es, por omisión, una falta de respeto a la institucionalidad. El PRO no sólo no cumple con la palabra empeñada en la Ley de Comunas, sino que también tiene bloqueada su puesta en marcha porque no posee la mayoría para modificarla. Si consiguiera la mayoría, la borraría. También tiene la tentación de reformar la Constitución para quitar muchos de sus elementos más modernos: los temas de participación, de descentralización, sacar la doble vuelta electoral. Acomodarla al formato de lo que le conviene. No lo ha logrado todavía. Por último, hubo algunas licitaciones no muy claras. Por ejemplo la del mobiliario urbano, que se manejó de manera poco transparente.
?Un juez procesó a los directivos de una de las empresas adjudicatarias. ¿Qué debería haber hecho Macri con la licitación?
?Para empezar, el proceso estaba lleno de vicios: se fueron modificando las reglas para dar satisfacción a las empresas amigas, las que finalmente salieron beneficiadas a pesar de que había antecedentes de delitos y de falseamiento de la verdad. Ahora, existiendo ya directamente un juicio donde a uno de los oferentes le están aplicando una sanción penal, no dar marcha atrás con la licitación es sumamente preocupante.
?Lo de satisfacer a empresas amigas es una acusación seria?
?Sí, lo digo realmente: me parece muy serio. Yo creo que el Gobierno porteño debería anular todo si fuera verdaderamente transparente y quiere hablar de "la nueva política".
