A la oposición no le interesó el Consejo

A la oposición no le interesó el Consejo

Diez y media comenzó la exposición del Consejo de la Magistratura en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura, once y cuarto concluyó. Con muy baja concurrencia de legisladores, y mayoría de preguntas del PRO, el órgano administrador del Poder Judicial de la Ciudad se retiró con la promesa Álvaro González de contar con un presupuesto que no le genere a la justicia porteña “ningún inconveniente financiero”. El recorte realizado por Hacienda el eje de la reunión.


Sillas vacías en la gran mesa dispuesta en el Salón Intersecretarías de la Legislatura porteña para la reunión de la Comisión de Presupuesto. Ausencia de legisladores de la oposición al iniciar el Consejo de la Magistratura su exposición presupuestaria. La presidenta interina del órgano administrador del Poder Judicial, Gisela Candarle, relató los destinos de los 730.724.543 pesos solicitados para la gestión judicial del Consejo y los tribunales porteños para el año 2012, y destacó el fuerte recorte realizado en el proyecto elevado por el Ministerio de Hacienda (498.817.416 pesos).

La conclusión de los concursos y la puesta en marcha las nuevas estructuras creadas tiempo atrás con la modificación de la Ley 7 (entre ellas 9 juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario), y la continuidad en el desarrollo de la política de adquisición de edificios propios, se destacaron entre los puntos que, fuera del dinero necesario para salarios y alquileres, engrosa el presupuesto diseñado por el Consejo.

El administrador del Poder Judicial, Pablo Casas, destacó, más allá que el Ministerio de Hacienda no acompaña la política de compra de edificios, ?hay una diferencia de 5 millones, un déficit para afrontar los actuales alquileres, 4.187.251 pesos para ser exactos?. También resaltó otro recorte en lo que a plan de obras para refaccionar y reestructurar edificios propios se refiere. ?La diferencia en obras es de 23 millones, solicitamos más de 30 y nos dieron 6 millones. Les pido que revean los recortes para poder terminar obras?, expresó Casas a una mesa en la cual, hasta ese momento, contaba con la presencia del presidente de la Comisión, Álvaro González, los legisladores PRO Karina Spalla, Alejandro García, Martín Borrelli, Martín Ocampo y Bruno Screnci, y el legislador de MST en Proyecto Sur, Marcelo Parrilli.

Álvaro González fue el primero en preguntar, si en el proyecto presupuestado por Hacienda se contemplaban las nuevas estructuras creadas con la modificación de la Ley 7, si el Consejo tenía previsto en su presupuesto los nuevos juzgados contenciosos, y en dicho caso, cómo se proyecta ponerlos en marcha.

?Los concursos para jueces contenciosos están avanzados. Lo tememos contemplado en el presupuesto. Los 9 juzgados contenciosos se pueden poner en funcionamiento en forma progresiva. Nuestro proyecto es que estén en funciones a partir de junio de 2012?, respondió Candarle.

Sobre los gastos en inmuebles, y particularmente la compra de edificios nuevos, se centró la pregunta de Parrilli. Compra de nuevos edificios en la zona denominada Polo Tacuarí (alrededores de los juzgados Penales, Contravencionales y de Faltas de la calle Tacuarí), y adquisición de un terreno en dicha zona (algún estacionamiento) para la construcción de un edificio propio, fue la respuesta.

Borrelli puso la mira en el lugar en el que se ubicarán los 9 nuevos juzgados contenciosos, a lo que se respondió que ?transitoriamente se ubicarían en el edificio de Diagonal Norte 636, pero que hay un proyecto para ampliar en 7 mil metros el edificio de la calle Lavalle, donde actualmente se ubican 3 servicios del Consejo ?patronato de liberados, mediación y servicio forence-?. ?Hay un desfasaje, o los juzgados no tienen lugar o el Consejo no tendría lugar, ya que las obras en el edificio de Lavalle para alojar a los juzgados implicarían desalojar temporalmente a los servicios que actualmente funcionan allí?, dijo Borrelli.

Raúl Fernández, incorporado a la reunión con las preguntas en marcha, planteó la necesidad presupuestaria ante la transferencia de competencias penales aprobadas recientemente por el Congreso. ?Tenemos pedidos de personal, el impacto será de un 200 por ciento en relación a las causas. Presupuestariamente tendremos impacto?, reconoció Candarle.

La última pregunta fue de Alejandro García, centrada en el proyecto de compra de un terreno. ?Está pedido 15 millones para comprar un terreno en la zona de Tacuarí, ya que hay muchos estacionamientos?, explicó Casás.

Y con el compromiso de Álvaro González de que ?esta casa no va a querer que el Poder Judicial tenga ningún inconveniente financiero?, por lo que se tendrá en cuenta el diseño presupuestario realizado por el Consejo, se dio por finalizada la reunión.

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