En teoría y gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública, cualquier ciudadano puede pedir en el Gobierno de la Ciudad información sobre sueldos de funcionarios, distribución de fondos para planes sociales o datos sobre decisiones que afecten al Presupuesto. Sin embargo, las cosas no siempre ocurren así, según concluyó un informe de la ONG Democracia Representativa, que reveló un desconocimiento casi total de esta normativa, aunque también registró importantes progresos en la implementación de herramientas informáticas y publicación de información en Internet.
La Ciudad cuenta con una normativa de acceso a la información, que es previa al decreto que existe a nivel nacional y que fue firmado por Néstor Kirchner en 2003. Esta herramienta, clave en la construcción de ciudadanía, es propia de las democracias más desarrolladas. ¿Por qué?
Veamos un ejemplo: si el Estado les pide a los ciudadanos participar en una audiencia pública con solvencia, debe brindarles la información necesaria. La ley fue promovida en la Ciudad por Marta Oyhanarte cuando era legisladora. La idea, en cambio, fue impulsada por Roberto Saba, hoy al frente de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) que entonces asesoraba a la actual funcionaria K.
Con el título “Acceso a la Información Pública: Hacia un reconocimiento extendido de un Derecho Humano”, la ONG publicó un monitoreo del grado de avance en la implementación y cumplimiento de las normativas de acceso a la información en Buenos Aires.
El informe marca textualmente como principal debilidad “el desconocimiento casi total de los contenidos y alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública de la Ciudad entre los empleados de las distintas mesas de entradas de los organismos. Esta situación también se replica en la sociedad en general, y se confirma, con la escasa cantidad de pedidos de acceso a la información que reciben los funcionarios”.
“Nuestra investigación dio como resultado que sería muy importante determinar formalmente a un organismo como autoridad de aplicación de la Ley 104 (de Acceso a la Información Pública)”, destaca el informe.
A su vez, la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, quien, cuando era legisladora, participó de la confección de la ley, señaló que "existe un desconocimiento por parte de los ciudadanos de la existencia de la norma y, lo que es peor aún, de parte de los funcionarios".
A nivel nacional, por ejemplo, esa autoridad de aplicación la ejerce la Subsecretaría para el Fortalecimiento de la Democracia que Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dirige Marta Oyhanarte.
“Ahora, con el rediseño institucional a partir de la Ley de Ministerios se abre una oportunidad única para llevar adelante las reformas”, manifestó Maximiliano Campos Ríos, investigador a cargo del informe y director de Transparencia de Democracia Representativa.
“La variedad de dispositivos, buscadores, bases de datos, portales y herramientas interactivas, hacen que la Ciudad se encuentre a la vanguardia de las principales ciudades del mundo” – concluye el informe-, “sin embargo, se pudieron verificar falencias en la atención al público en el “cara a cara” con el ciudadano, y en la imposibilidad de encontrar publicado un registro sobre los sueldos de los funcionarios como exige la Ley 572”.
El trabajo de monitoreo se realizó entre el 1 de octubre de 2005 y el 28 de Febrero de 2006 y se focalizó en tres organismos del Gobierno de la Ciudad: la Subsecretaría de Legal y Técnica (con rango de Secretaría a partir de la Ley de Ministerios); la Secretaría de Hacienda y Finanzas; y la Secretaría de Desarrollo Social (actualmente con rango ministerial).
“Nuestra legislación en la materia es avanzada en relación con otros países, porque reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho humano y cualquier ciudadano puede pedir información y si no se la dan, puede apelar a un tribunal”, dijo Campos Ríos, aunque “corroboramos que hay en los funcionarios una cultura de retacear la información o apelar a respuestas que no tienen que ver con la norma”.
El informe sugiere además una serie de recomendaciones, entre ellas, la idea de crear un programa de difusión masivo de la ley de derecho de acceso a la información pública, y de su importancia para las instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “La utilización de esta herramienta esencial para el sistema democrático no debería quedar en manos solamente de los investigadores. Quizá la forma de lograr mayor difusión sea combinar campañas masivas en vía pública, televisión y radio con la educación formal en las escuelas secundarias”, acota el informe.
La ONG sugiere además que “la Secretaría de Educación debería incorporar módulos especiales en los contenidos de la enseñanza media, o simplemente coordinar con los docentes que enseñan Educación Cívica, actividades relacionadas con la participación pública”.
Asimismo, el documento va más allá al recomendar “la capacitación de los recursos humanos de planta permanente del GCBA. Quizá sería interesante incorporar contenidos relacionados en el marco de la capacitación que plantea la “Nueva Carrera Administrativa”. Esta tarea debería ser implementada sobre todo en el personal de las mesas de entradas, o que tengan contacto directo con los peticionantes”.
