Hace una semana, el juez en lo Comercial Federico Gerri declaraba la quiebra de la firma Nostarco que comercializaba la marca de camperas Lacar. Ante lo dispuesto por el magistrado el martes 4 de octubre, la mayoría de los obreros despedidos se autoconvocaron en la Fundación Alameda y conformaron la Cooperativa de Trabajo Lacar, la cual inmediatamente inscribieron en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
De acuerdo a la nueva Ley de Quiebra, el juez debería dar prioridad a los trabajadores para que adquieran la compañía en quiebra con sus créditos laborales, los que serán calculados conforme a la indemnización completa que se establece en la Ley de Contrato de Trabajo.
En este caso, el juez Gerri debe mandar a realizar una liquidación de los créditos que tuvieren los empleados integrantes de ella en contra de la fallida, con privilegio especial y general.
Sin embargo para los trabajadores y las organizaciones que lo respaldan ?contrariamente a lo que establece la ley, el juez Gerri resolvió sortear rápidamente a un martillero, dar la espalda a los trabajadores y ordenar la subasta de todos los bienes de la empresa sin base, en los próximos diez días y al mejor postor, en una insólita maniobra que favorecería a los propios amigos del patrón José Tarica que volverían a apropiarse de los bienes por chirolas, sacándose a 250 trabajadores de encima?.
Los trabajadores de Lacar mantuvieron por dos semanas bloqueada una de la sedes de la firma para evitar más vaciamientos, presentando una denuncia penal contra la empresa y otra en el juzgado comercial, acreditando ante escribano la increíble pasividad del Ministerio de Trabajo.
Pero este martes a partir de las 10 se instalarán en Marcelo T de Alvear 1840, sede del juzgado comercial, para evitar que se subaste sus fuentes de trabajo.
Allí el abogado Luis Caro, referente de las empresas recuperdas, presentará un pedido de recusación del juez ?por su insólita medida de subasta sin respetar la prioridad que tienen los trabajadores para la continuidad laboral, además de un pedido de destitución ante el Consejo de la Magistratura y reservándonos el derecho de la apelación en subsidio ante todas las instancias que sean necesarias para hacer valer el cumplimiento de la ley?, expresó en un comunicado la Alameda.
