Varios vecinos y vecinas de la Villa 20 hacen colectas para pagar el entierro de fallecidos por Covid-19. Esto es solo una postal inédita que deja la situación de vulnerabilidad que ha crecido en los sectores menos pudientes de la Ciudad de Buenos Aires dado al contexto de crisis y pandemia. Sin embargo, la presencia del Estado disminuyó.
Noticias Urbanas consultó a referentes de distintos barrios populares para que las y los protagonistas de esta longeva historia de marginalidad cuenten cómo se vive la pandemia en las villas realmente.
Reducción de presupuesto
Si en algo coinciden todas las personas consultadas para esta nota, es que perciben menos ayuda por parte del Ejecutivo porteño.
“El Gobierno de la Ciudad durante la pandemia, en los últimos tiempos, no solo no puso un peso para mejorar la situación de la comunidad, sino que ahora también quitó las cajas de alimentos que entregaba y de artículos de higiene”, indicó Laura Bitto, referente del Movimiento Popular La Dignidad.
Bitto contó que las y los habitantes de los barrios populares han sobrevivido lo que va de pandemia gracias a su organización: se dedicaron a llevar “viandas y comida puerta a puerta, atender a los vecinos que estaban aislados por Covid y a las/os adultos mayores”; también se ocuparon de la asistencia sanitaria con sus propias promotoras de salud, entre otras acciones.
Esto se llevó a cabo con los recursos de las mismas organizaciones sociales, mas no hubo asistencia económica del Gobierno porteño en este armado solidario.
“De por sí, la asistencia con entrega de cajas con alimentos era poca, porque acá hay más de 30 mil habitantes, y entregaban 5.500 cajas por semana. El argumento que dan para cortar esto es que la cuarentena por la pandemia terminó, pero la verdad es que estamos justo en el peor momento”, apuntó Marcelo Urquiza, de ComunArte NEP, de Villa 20.
“Las ollas populares que se hacen no alcanzan, los comedores están explotados, la ayuda a esos comedores no creció y eso es un problema porque en la villa hay mucha hambre”, completó el referente entrevistado.
Asimismo, Malvina Vargas, consejera de la Villa 31, expresó que en su barrio “tampoco hay ayuda de ningún tipo por parte del Gobierno porteño”, ni siquiera a los casos de Covid confirmados:
“En la primera ola de la pandemia, a los casos positivos se los llevaba a un hotel o a un hospital y también se asistía a la familia y sus contactos estrechos, pero hoy eso ya no pasa”.
La reducción de presupuesto del Gobierno porteño destinado a la asistencia de las villas se remonta al 2020: el recorte fue de 2400 millones de pesos, según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que también publicó ya en junio de ese año, que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad había hecho un recorte presupuestario alarmante: el programa del IVC en 2018 destinó 3290 millones de pesos a los sectores más vulnerables, mientras que 2019 subió a 4252 millones, pero justo en el 2020 descendió a 3261 millones, y en el primer trimestre gastó menos del 10% de los fondos para las villas. El dinero recortado fue invertido en servicios de consultorías.
La infraestructura como barrera
En la mayoría de los barrios más vulnerables de la Ciudad existen limitaciones para el correcto cumplimiento de los protocolos sanitarios vinculados al deterioro de la infraestructura. Resulta utópico el aislamiento incluso de las personas infectadas dado al estado de hacinamiento.
“El problema es que no tenemos un lugar donde aislar a los contagiados. Acá compartimos baños, pasillos, hay varias personas por pieza y entonces hay muchos contagiados. Es imposible que nos podamos aislar dentro del barrio”, relató Malvina Vargas.
La mayoría de estos barrios tampoco tiene calles por donde puedan transitar ambulancias o vehículos para trasladar a infectados o enfermos. Y aún más elemental, en la Villa 20 tampoco tienen agua potable suficiente, según denunció Urquiza, situación que se repite en muchos otros sectores populares:
“Estamos en la ciudad que tiene el presupuesto más alto del país, una de las ciudades más ricas de Latinoamérica, y acá no tenemos todavía solucionado el tema del agua, un problema que ya lleva muchos años pero ahora nos encuentra en medio de una pandemia”.
En el caso de este barrio, además del reclamo por el agua, lleva años el reclamo por la finalización del Hospital Grierson, “una promesa que aún no fue cumplida” y que se hace imperante en medio de una emergencia sanitaria.
En tanto, la reurbanización de las villas es un capítulo aparte y, tal como adujo a este medio Laura Bitto, “se trata de otorgar servicios básicos como calles para que pueda entrar una ambulancia, tendido eléctrico seguro, cloacas, agua potable e insumos necesarios para sostener la vida diaria”.
De esta manera, resaltó la importancia de que la urbanización vaya de la mano de la “integración social” para que “no se repita lo que sucedió en la Villa 31”: “Ahí el Gobierno de la Ciudad pintó las paredes externas, es decir, una obra para los que viven afuera de la villa. Entonces, los que habitan en Puerto Madero no tienen que ver a las y los vecinos de la villa en su realidad. Esto es discriminatorio”.
Resulta imprescindible que la integración de estos barrios populares al entramado urbano se haga de la mano de quienes viven ahí dentro, “porque solo ellos conocen las necesidades de cada parte”. Como ejemplo positivo, Bitto nombró al barrio Fraga “donde se dio un proceso más interesante, con participación de la comunidad”. Poder, se puede.
Servicios autogestionados
La falta de infraestructura va de la mano de la falta de servicios básicos, por eso, estos barrios, con la ayuda de organizaciones sociales, mantienen sus propios sistemas de salud, seguridad, atención a casos de violencia de género y abastecimiento de alimentos.
De manera autónoma, cuentan con “salitas”, como algunos entrevistados se refirieron a aquellos espacios donde asistentes locales y promotoras de salud atienden a las y los vecinos.
Este medio también habló con Mónica Ruejas, presidenta del barrio Los Piletones, quien contó que es la misma comunidad quien atiende a enfermos y adultos mayores, por lo que “quedarse en casa” es solo un privilegio inalcanzable, en especial teniendo en cuenta que en estos sectores vulnerables priman los empleos informales, las “changas” y el ingreso económico del “día a día”. Al respecto, comentó: “Tenemos más de 30 familias aisladas por Covid, que están siendo asistidas por nuestro comedor, por lo que armamos un equipo de trabajo de jóvenes para llevarles las comidas del día y ayudarles con las compras de elementos esenciales”.
“Nos sentimos solos, el Gobierno no tiene un acompañamiento real. Lo único que vemos que hace es dar información sobre dónde inscribirse para ser vacunados, pero eso lo venimos haciendo nosotros también”, agregó Ruejas, quien contó que desde su comedor, al tener que atender a cada vez más personas, tuvieron que aportar cada vez más recursos propios, por lo que solicitaron un aumento de raciones por parte del Estado, que se lo otorga solo a los comedores más grandes: “Ese fue el único respaldo fuerte que se dio, con todo el resto nos la tuvimos que arreglar solos”.
De hecho, la entrevistada aseguró que ellos mismos se encargan hasta de la desinfección del barrio ya que la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS) “incumple totalmente” con los procesos de fumigación, limpieza, desinfección, retiro de la basura, por lo que de estas tareas también se encarga la comunidad.
“Creemos que el Gobierno de la Ciudad tiene que ser más real, amplio y participativo, trabajar codo a codo con nosotros y los movimientos sociales. Nosotros jamás cerramos las puertas, no dejamos nunca de trabajar, pero nuestros vecinos están muriendo, y estamos muy preocupados”, señaló una Ruejas indignada porque su Ciudad, a diferencia de muchas otras, “sí tiene recursos”.
El acompañamiento “real” a víctimas de violencia de género es otro servicio ausente en estos barrios, según afirmó Marcelo Urquiza: “Los casos de violencia de género crecieron muchísimo durante esta pandemia. Llamás a la línea de asistencia y no pasa nada, al igual que si van a hacer la denuncia. Yo creo que el Gobierno debería crear una especie de subsidio para que las personas se puedan ir de sus casas si conviven con el agresor y no tienen otro lugar al que ir, y menos en este contexto”.
Ante todo esto, Urquiza llamó a que “cada uno ayude a quien pueda ayudar”, “cultivando la empatía y la solidaridad”: “Lo que le pedimos a la ciudadanía de mayor estatus es que cuiden a sus trabajadores, porque muchos de los que viven en las villas son los que les van a limpiar las casas, que paguen lo que corresponde por su labor y que se priorice siempre la salud”.
“Acá la gente la está pasando muy mal porque no llega a fin de mes ni por asomo, ni siquiera tienen para pagar el alquiler en muchos casos, por lo que se hace difícil pagar el entierro cuando algún allegado fallece”. Marcelo Urquiza, referente de ComunArte NEP de Villa 20.
Sistema velatorio
“Acá la gente la está pasando muy mal porque no llega a fin de mes ni por asomo, ni siquiera tienen para pagar el alquiler en muchos casos, por lo que se hace difícil pagar el entierro cuando algún allegado fallece”, contó Urquiza, de Villa 20.
Como ejemplo de esta problemática, expuso el caso de una vecina, quien en dos semanas sufrió el fallecimiento de su cuñado y su hermano. El primer entierro pudo pagarlo, pero en el segundo caso, el cuerpo llevaba días en la morgue por falta de recursos para poder llevar a cabo el funeral. En algunos casos, para solventar estos gastos, realizan colectas vecinales, pero la pandemia se cobra víctimas a tiempos cada vez más veloces. Por esto, el referente de ComunArte opinó: “Tiene que haber una ley de emergencia que rija al menos en pandemia, donde el Estado se haga cargo de los gastos del entierro en caso de que la familia no pueda afrontar los gastos. Estamos pidiendo a gritos una solución a este tema pero nos dan vuelta para crear una ley que se aboque al sistema velatorio”.
Las personas de las villas porteñas piden asistencia para lo más elemental, el entierro de sus seres queridos, pero también para evitar las defunciones. El Covid-19 se cobra la vida de muchas personas en el mundo sin importar la clase social, pero nadie puede culpar al Covid de quitarle las herramientas básicas a aquellos sectores que, mucho antes de la pandemia, ya se encontraban desprotegidos. El Covid se sufre en todos lados, pero no en todos lados por igual.
