La Ley Solares de Santa María del Plata es uno de los 28 proyectos que Mauricio Macri marcó como prioritarios en su lista enviada a los legisladores y todo indica, es una de las que más dolores de cabeza le traerá desde la Legislatura, donde la oposición se mantiene firme en modificar las condiciones que el oficialismo propone para permitir a la empresa IRSA que construya un condominio de oficinas y departamentos de lujo en la zona de la Costanera Sur, invirtiendo cerca de 900 millones de dólares.
El vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura y legislador del PRO, Bruno Screnci, habló con Noticias Urbanas sobre el proyecto de IRSA y las repercusiones en la Legislatura y en los habitantes de la Villa Rodrigo Bueno.
"Casi el 50 por ciento de las 70 hectáreas serán cedidas al espacio publico. La alternativa es continuar teniendo un baldío y un area postergada. No entiendo quién puede estar en contra de esto", dijo el legislador, quien además, agregó que "representa una buena oportunidad para los habitantes de la villa Rodrigo Bueno que seguramente podrán negociar mejoras habitacionales".
"El desafío de los privados es -en este caso- desarrollar un barrio moderno que atraiga a la clase media con una villa al lado. Es harto evidente que deberán mejorar ese entorno para lograr una buena convivencia. Un barrio nuevo genera trabajo, servicios, áreas verdes, espacios publicos e ingresos a las arcas de la ciudad, además del disfrute de vecinos y turistas. El mejor ejemplo de esto es Puerto Madero", concluyó el responsable de defender en la Comisión el proyecto del Poder Ejecutivo.
Solares de Santa María es una vieja aspiración del mayor grupo inmobiliario de la Argentina, que desde hace años es propietaria de la tierra para la obra: 70 hectáreas frente al Río de La Plata, en lo que antiguamente era la Ciudad Deportiva de Boca Juniors, junto a la Villa Rodrigo Bueno, que de esta forma quedaría entre el nuevo barrio y Puerto Madero.
El proyecto enviado por Macri -que no prosperó el año pasado- promueve que se apruebe el convenio urbanístico ya firmado con IRSA y se modifique el Código de Planeamiento Urbano, ya que el uso actualmente autorizado no admite un emprendimiento inmobiliario de esta magnitud.
Como contraprestación, en el convenio se establece que IRSA cedería 27 hectáreas para la apertura de calles, espacios verdes y paseos peatonales , aunque en plazos extensos (20, 30 o 40 años), de acuerdo al avance de la obra.
Las voces opositoras remarcaron como fuerte crítica que la iniciativa impulsada por el PRO requería Audiencia Pública -algo que en la actualidad no está contemplando- y es allí donde el oficialismo podría ceder, pero no como algún sector de la oposición quiere, sino que la podrían incorporar sólo para las decisiones que se tomen respecto de las hectáreas que tendrá la Ciudad. Por ahora la ley que requiere 31 votos está en discusión en la Comisión de Planeamiento Urbano.
