La reunión para tratar el proyecto de convenio entre el Gobierno de la Ciudad y la sociedad Solares de Santa María (IRSA), modificado recientemente por el Ejecutivo porteño ante una serie de cuestionamientos realizados por legisladores de la oposición, atrajo gran cantidad de público a la Legislatura, tanto que los legisladores debieron moverse del Salón inicial previsto: Eva Perón. Luego de una larga jornada finalmente logró despacho para ir a recinto.
Ante la numerosa concurrencia a la reunión conjunta de las comisiones de Planeamiento Urbano, Espacio Público y Ecología, el encuentro debió trasladarse al Salón Montevideo de la Legislatura porteña, el cual se encontraba despejado para recibir las urnas que llegarán para las elecciones nacionales.
El nuevo texto extiende hasta el año 2013 el plazo para el debate del convenio y la sanción de la ley, y entre las filas macristas no descartan la posibilidad de que con las modificaciones realizadas y el despacho logrado, se logre llevar al recinto le Convenio para su aprobación.
El entorno donde se desarrollará el proyecto Solares de Santa María constituye un enclave paisajístico de características naturales y urbanas único en la Ciudad de Buenos Aires. Por su carácter insular la empresa se fijó como prioridad la revalorización del agua y los espacios verdes dándole una especial identidad a su paisaje urbano.
La inversión estimada total será cercana a los 900 millones de dólares considerando el desarrollo máximo de superficie a construir y en infraestructuras viales y de servicios se invertirán aproximadamente 140 millones de dólares.
La propuesta edilicia contempla dos grandes sectores: un área de alta densidad, con parcelas que permiten la construcción de edificios y áreas destinadas a la construcción de condominios (mediana densidad).
Cuando el barrio se encuentre en pleno funcionamiento, se prevé una población de más de 15.000 residentes y un ingreso o afluencia de no residentes que acudan por motivos de trabajo o visita de más de 12.000 personas.
El espacio público
El proyecto contempla la cesión gratuita a la Ciudad de 273.255,63 m2, lo que representa el 40.37% de la superficie total del predio. Se trata de un porcentaje histórico en materia de cesión para espacios verdes en la Ciudad de Buenos Aires. Estos terrenos se conservarán dentro del dominio público de la Ciudad para destinarlos al uso público para la apertura de calles y avenidas, canales de agua, parques, plazas, plazoletas, boulevar y paseos peatonales que se vincularán con la trama vial existente, generando nuevas calles, equipamiento e infraestructura urbana que se integrarán completamente a la Ciudad con libre tránsito. Se incorporarán en estos espacios elementos del mobiliario urbano como fuentes, estatuas y elementos de señalización.
Ayer miércoles y ante una importante participación de legisladores, 12 vecinos, de profesión abogados, se inscribieron en el listado de oradores. Los primeros en hacer uso de la palabra se manifestaron en contra del convenio, reclamaron la realización de una audiencia pública abierta, el compromiso de una serie de mejoras para la villa Rodrigo Bueno y se opusieron a la rezonificación del predio.
Las ganancias para la empresa, los beneficios para la Ciudad, los efectos sobre los habitantes de la vecina villa Rodrigo Bueno, el impacto que el desarrollo inmobiliario generará en el entorno barrial de La Boca, y la protección de la Reserva Ecológica y el impoacto ambiental estuvieron entre los ejes del debate.
Marta Varela, Silvina Pedreira, Cristian Ritondo, Álvaro González, Bruno Screnci, Fernando de Andreis, Martín Hourest, Rocío Sánchez Andía, Adrián Camps, Marcelo Parrilli, Rubén Campos, Claudio Presman, Oscar Zago, Fernando Sánchez, Patricio Di Stéfano, María José Lubertino, Oscar Moscariello, Eduardo Epszteyn, y Rafael Gentilli participaron de la reunión.
La defensa del convenio, por parte del PRO, estuvo en manos de Álvaro González y Bruno Screnci. "Es verdad que se trata de un problema político que tiene más de 10 años. Este gobierno firma un convenio urbanístico con la empresa IRSA, se manda a la Legislatura para que se trate, y de todo esto hay una plusvalía en la tierra. Lo que estamos planteando con esta comisión tripartita es que se comience el debate. Este proyecto impulsa el desarrollo en tierras que no son del Gobierno, sino privadas, y que su aprobación deberá pasar por todas las intancias formales: discusión en el recinto, audiencia pública, y si es modificado, deberá volver al Parlamento", aseguró González.
Screnci, por su lado, negó que se trate de un proyecto "fijo", y señaló que "puede ser modificado" y tiene "un largo recorrido de debate". "Hoy, esta zona no tiene utilidad por los vecinos de la Ciudad", agregó.
Los legisladores de la oposición criticaron el convenio y la forma en la que se planteó la discusión. Además, señalaron que presentarían un despacho de minoría, algo que todavía no sucedió.
Así lo expresó Sánchez Andía (CC): "se hace muy difícil no entender la conveniencia de la celeridad en el tratamiento para otorgar este negocio a Solares de Santa María. Nos hacen trabajar en un tiempo inaudito". Además, hizo referencia a la imposibilidad de reformar algunos aspectos del convenio.
Parrilli (Proyecto Sur), sostuvo que el convenio entre el GCBA y la empresa IRSA es "legal y legítimo", aunque expresó su voluntad de votar en contra. "Esto nació de un problema político que tampoco tiene que ver con el PRO. Se trató de la más brutal entrega de tierras desde el Estado a un privado, cuando Carlos Menem le dio los terrenos al Club Boca Juniors que, a su vez, se las vendió a IRSA. Yo propongo que se expropien las tierras, y pagarlas a un precio razonable".
Epszteyn (Diálogo por Buenos Aire) y Sánchez (CC), también se opusieron a firmar el despacho del PRO y, aunque consideraron que es un emprendimiento de desarrollo muy importante, "hay muchos puntos por mejorar". Gentili, de Proyecto Sur, consideró que la empresa privada podría desarrollar su negocio independientemente del GCBA, pero lo que busca es un cambio del Código de Planeamiento Urbano para que pueda abrir calles y elevarse a 160 metros".
Luego de la reunión, la propuesta tuvo la firma del PRO para ser tratada en el recinto, y acompañaría la UCR, pero en disidencia mientras que en otras fuerzas están analizando la iniciativa. La oposición, por su parte, podría presentar un despacho alternativo en los próximos días.
En diálogo con Noticias Urbanas, la presidenta de la Comisión de Planeamiento, la peronista Silvina Pedreira, sostuvo que "este último proyecto que ingresó corrigió algunos detalles que mejoró el tratamiento, pero es muy difícil que pueda discutirse en el recinto antes de fin de año".
