Pasadas las 19 horas del pasado martes se presentó formalmente ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad un pedido de juicio político contra la titular del juzgado Nº 5 en lo Penal Contravencional y de Faltas, María Fernanda Botana, por "mal desempeño, negligencia grave y desconocimiento inexcusable del derecho", la responsable de la orden de allanamiento y desalojo de un inmueble ubicado en la calle Brasil al 1800 del barrio de Constitución donde habitaban 33 familias.
?Se pidió el juicio político. Los argumentos de la presentación se centran en la forma en que actuó la jueza en el desalojo de este hotel dejando a familias enteras en la calle, y sin poder siquiera retirar sus pertenencias?, explicó a Noticias Urbanas el Defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim.
Según informó el titular del Ministerio Público de la Defensa, la fiscal de la causa Marcela Solano ?solicitó el allanamiento y desalojo de una de las habitaciones, la número 2, que había sido ocupada por una supuesta administradora del comercio de habitaciones de un ambiente por las que cobraba hasta 1400 pesos? a familias que ?en muchos casos habitaban en el hotel hace más de 7 años e incluso lo hacían con subsidios habitacionales del Gobierno de la Ciudad?.
?La jueza a pedido de los abogados del titular del comercio, ordena el desalojo de todo el inmueble, orden que fue cumplida por la Policía Metropolitana en un procedimiento muy violento, con muchos chicos de por medio, y sin dejar que pudieran retirar sus efectos personales, quedando en situación de calle, sin muebles ni ropa, en una situación de total desamparo. Esa noche presentamos un amparo ante la jueza contenciosa de turno Andrea Danas, pidiendo que ordenara al Ministerio de Desarrollo Social que suministrara colchones, baños químicos, alimentos, y productos de primera necesidad, esa orden fue cumplida de forma escalonada en horas de la noche y la madrugada del martes?, describió Kestelboim.
Y agregó: ?La actuación de la jueza es insólita ya que no cumplió con ninguno de los protocolos, no dio aviso a la Defensa, no cumplió con el protocolo de Naciones Unidas sobre metodología de desalojos, e incluso, cuando la defensa quiso hablar con ella no aceptó la comunicación telefónica. Lo que pidió la fiscal era el allanamiento y desocupación de una habitación y lo que pidió el querellante a través de sus abogados fue el desalojo de la totalidad del inmueble?.
Entre los puntos que el pedido de juicio político destaca, se encuentra que en la orden dictada por la jueza se autoriza "a la fiscal a ordenar el desalojo de las personas que correspondan" no precisando si las personas a las que se refiere eran las que ocupaban la habitación 2 o todo el inmueble. Según expresa el pedido de juicio político al que tuvo acceso Noticias Urbanas, se menciona que fue un llamado telefónico posterior de la jueza el que aclaró que la autorización se refería "a todo el inmueble" siendo la denunciante la que indique al personal policial "quienes fueron las personas que la despojaron de su propiedad".
No sólo se menciona en la denuncia contra la jueza la diferencia entre lo solicitado por la fiscalía y lo ordenado por la magistrada, sino también que por la forma en que fue efectuado el desalojo no se respetó el derecho de defensa de las personas desalojadas quienes, al entender de la Defensoría General de la Ciudad no eran usurpadores sino inquilinos.
?La orden dictada por la jueza es una medida absolutamente dictatorial y desconsiderada, pero además ignorante, ya que hay protocolos que son disposiciones por todas conocidas. La jueza respondió a los abogados de parte y no de la fiscalía, pero aún en el caso que la magistrada haya respondido al pedido de la fiscal -cosa que no creemos-, la jueza no puede resolver de la forma en que resolvió. Esta situación de tener treinta y pico de familias en la calle me da la sensación que desconoce las garantías constitucionales. La Defensa apeló esta medida?, concluyó Kestelboim.
Ante la presentación del pedido de juicio político, el presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Juan Manuel Olmos, dispuso el giro a la Comisión de Disciplina y Acusación, la cual tendrá un plazo de 60 días para estudiar el expediente y dictaminar si corresponde rechazar el planteo, o si se avanza hacia la acusación y el juri de enjuiciamiento (lo que esta comisión dictamine deberá ser aprobada por el Plenario del Consejo). La Comisión de Disciplina también podrá resolver una sanción menor a un juicio político, como alguna medida disciplinaria.
Según informaron fuentes judiciales a NU, debido a la reciente asunción de los tres consejeros en representación de los jueces, la Comisión de Disciplina y Acusación aún no está completa (actualmente la integran Daniel Fábregas representante de los abogados, y Laura Grindetti consejera designada por la Legislatura). Entre los jueces Alejandra Petrella, Ricardo Baldomar y Gustavo Letner tendrán que definir quién será el representante de los jueces que se integre a la comisión y estudie el pedido de juicio político contra su colega.
En el correr de las próximas horas se convocará a una reunión del Plenario del Consejo para que se integren las comisiones. El lunes podría ser la fecha en la que se aprueben las nuevas conformaciones.
Más allá de los argumentos del pedido de juicio político planteados por la Defensoría General de la Ciudad, en los tribunales porteños son varias las voces que sostienen que se debe estudiar si en el desalojo cuestionado no se excedió la Policía Metropolitana en su accionar, siendo en este caso, responsabilidad de la fuerza pública y no del juez la vulneración de derechos de quienes habitaban en el edificio desalojado.
Protección del derecho a la propiedad y defensa del derecho a la vivienda, o la prioridad de la paz social versus el orden y cumplimiento de la ley, son visiones que se enfrentan y subyacen en el trasfondo de un desalojo con consecuencias jurídicas y políticas.
