La discusión por la derogación de la ley que creó la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad (CASSABA) dejó en evidencia a varios legisladores que siendo abogados, o no aportaban a la Caja por no estar matriculados en el Colegio Público de la Capital o estaban en la lista de morosos en el pago de sus matrículas anuales.
El primer legislador que decidió regularizar su situación fue el ex fiscal, ex Jefe de Gobierno y actual legislador del bloque Diálogo por Buenos Aires, Aníbal Ibarra. Para evitar críticas o para estar tranquilo con su conciencia, Ibarra acudió velozmente al edificio de la avenida Corrientes y puso billete sobre billete para tener su matrícula al día.
Otro que resolvió entrar en la lista de abogados de la Ciudad es el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, Aníbal Fernández, quien, habiéndose titulado en derecho hace menos de una década, no contaba con matrícula profesional en la Capital. Semanas atrás, y entre varias decenas de abogados recién recibidos, Fernández juró y pagó su matrícula en la institución presidida por Jorge Rizzo.
Días atrás, quien recordó que también era abogado y que su profesión podría generarle ingresos luego de dejar de recibir el alto salario que la Jefatura de Gabinete Nacional le brindaba, fue Alberto Fernández.
La preocupación del político porteño era saber si su matrícula estaba vencida y debía rematricularse para poder volver a utilizar sus saberes en la actividad privada.
Gratificado con la noticia de que su matrícula no estaba vencida, pero que sí contaba con una deuda, Fernández solicitó la información de la suma que deberá desembolsar para poder volver a generar ingresos profesionales.
Poco más de 550 pesos serán los que el ex Jefe de Gabinete de Cristina Fernández pagará en los próximos días. ¿Pondrá un estudio propio, se asociará con alguno de sus compañeros del PJ capitalino, distribuirá currículums, o continuará con su labor política pero esta vez como abogado con los papeles en regla?
