La decisión de CFK de enviar el tratamiento de las retenciones agropecuarias al Congreso logró descomprimir la situación un instante. Pero la ilusión de una salida consensuada a la cuestión parece diluirse tras el anuncio de que el proyecto se votará a libro cerrado.
Es verdad que una iniciativa aprobada por el Congreso adquiere un mayor grado de legitimidad. También lo es que el kirchnerismo tiene los votos necesarios para sancionar la norma sin someterla a discusión. Ahora, ¿eso soluciona el conflicto? No, porque los reclamos seguirán siendo los mismos. El Gobierno podría aplicar entonces la fuerza pública para hacer respetar la ley. ¿Es eso lo que quiere hacer? La respuesta también se supone negativa. La represión no está en su naturaleza.
Cuando la Gendarmería intentó despejar la ruta 14 y detuvo el sábado pasado a Alfredo De Ángeli faltó, por poco, que lo invitara a tomar el té. En esa oportunidad, había una decisión judicial que no fue acatada por los manifestantes. Los mismos que no respetan el derecho constitucional de dejar a otros circular libremente por el país y que sin embargo, lograron el apoyo de buena parte de los sectores urbanos.
La única salida al conflicto es el consenso, donde cada parte tiene ceder algo. Eso no significa que el resultado deba ser fifty-fifty. Un acuerdo depende también de la correlación de fuerzas. El Gobierno nacional, al tener la mayoría absoluta de votos en el Congreso, podría, si actuara con buena muñeca, lograr una resolución favorable pero que no deje a la otra parte sin nada. Seducir a un sector. Dividir el frente. Ganarse a los pequeños productores. Todo depende de la voluntad política y la habilidad que demuestre el kirchnerismo. Si hace el gesto, aunque después de la discusión final los más intransigentes sigan en desacuerdo, seguramente la situación no será la misma. No es cierto que el esquema de retenciones deba, sí o sí, aprobarse o rechazarse de plano. Los proyectos, antes de llegar al recinto, primero se debaten en las comisiones respectivas. Luego se emiten dictámenes, que pueden incluir modificaciones a la propuesta original. Las únicas iniciativas que escapan a este tratamiento son los DNU y los tratados internacionales.
El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, cuestionó la realización del acto del Gobierno nacional en la Plaza de Mayo. A él, quizás, no le vendría mal "cristinizarse" un poco y ponerse más al frente de las cosas, en lugar de correr detrás de los sondeos de opinión. La Presidenta, por su parte, debería considerar con más cuidado las reacciones sociales. No está mal que haga una demostración de fuerza, sobre todo si sufrió, previamente, agravios y cacerolazos. Una demostración de fuerza no tiene por qué ser interpretada como una provocación. Puede ser un gesto de autoridad para debatir luego en mejores condiciones.
Pero hay que debatir.
