En 1999 la Legislatura porteña sancionó la ley 269 que creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) con el objeto de castigar a los padres o madres que deban cuotas alimentarias. Las sanciones consisten en la imposibilidad de acceder a distintos beneficios en el ámbito público porteño, como aperturas de cuentas corrientes, obtención de licencias para conducir, inhabilitación para proveer al Estado e imposibilidad de acceder a un cargo público, entre otras cosas.
Este Registro, propuesto por las ex diputadas porteñas María Elena Naddeo y Gabriela González Gass, tiene por función registrar a todos aquellos que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternativas fijadas por sentencia firme. Se trata de una medida destinada a proteger a todos los afectados por deudas alimentarias y, de manera especial, a los menores de edad e incapaces que no reciban los alimentos necesarios para su desarrollo psicofísico.
Aunque en 2000 sólo hubo dos inscriptos en el Registro (que funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Justicia y Trabajo porteña), a noviembre de este año el número ascendió a 1.472. La inscripción de un deudor alimentario moroso sólo se realiza por orden judicial y el interesado debe pedirla en el juzgado donde tramita su causa.
"Esta particularidad hace más que necesario que los profesionales del derecho se involucren en las causas de familia y les digan a sus representados que existe esta posibilidad. El año pasado tuvimos un récord de levantamientos del Registro (51) debido a que estos incriptos comenzaron a las cuotas", explica el coordinador del Registro, Martín Izuel.
En lo que va del 2005 los levantamientos llegan a 308 pero, según Izuel, "el incremento tan significativo del número se debe a que las inscripciones duran cinco años. Luego de ese plazo, se debe requerir ante la Justicia la reinscripción en el Registro, algo que rara vez se solicita, no por mérito de los deudores sino por desconocimiento".
El gran tema a resolver en lo que respecta a esta herramienta es su alcance. "Las trabas que se les ponen a los deudores son sólo a nivel local, es decir, que la persona puede renovar su registro en otra provincia o sacar un crédito en un banco provincial o nacional o en cualquier institución privada", advierte Izuel.
Para el coordinador del REDAM la clave es avanzar en la sanción de un registro de alcance nacional, y en ese sentido hay un proyecto que ya tiene media sanción del Congreso, presentado por la senadora María Laura Leguizamón.
Al mismo tiempo, Izuel considera que otro aspecto que dificulta la implementación del sistema -y que se suma a la escasa difusión del programa- es la falta de acceso a la Justicia por parte de las clases sociales con menos recursos. Por otra parte, a instancias de un proyecto presentado por la diputada porteña Sandra Bergenfeld (Frente para la Victoria), la Legislatura de la Ciudad encomendó al Poder Ejecutivo que efectúe las gestiones necesarias para cubrir el cargo vacante de Director de Justicia y Registro, responsable del REDAM, a fin de regularizar la situación general del área.
Bergenfeld explicó que "lamentablemente, desde el 5 de enero pasado, esta dirección no cuenta con alguien a cargo, lo que se dificulta la ejecución del presupuesto y su normal funcionamiento". Esta afirmación es totalmente refutada por Izuel, quien asegura que "el Registro funciona a la perfección. No nos hemos visto afectados por este tema y el presupuesto se ha ejecutado sin ningún problema".
Un detalle: aunque la Dirección vacante no tiene relevancia en el organigrama gubernamental casualmente los últimos funcionarios que han ocupado este cargo consiguieron interesantes logros políticos: Agustín Zbar asumió luego como legislador; Gastón Aín estuvo cerca de seguir sus pasos, y Alejandro Ravinovich e Ivana Centanaro asumieron el 10 de diciembre como nuevos diputados porteños.
Más allá de esta cuestión, hay una serie de hechos que se desprenden del análisis de los datos estadísticos aportados por el REDAM. La mayor parte de los inscriptos son hombres -mucho tiene que ver con este dato el hecho de que la patria potestad de los hijos generalmente queda en manos de la madre- y son profesionales. "Este último detalle da por tierra la concepción de que todos aquellos que no cumplen con las cuotas alimentarias no tienen las condiciones económicas para hacerlo. El objetivo de este Registro es que se respeten los derechos de los niños y por eso es tan importante", concluye Izuel.
EL CONGRESO CERCA DE IMITAR A LA CIUDAD
La Ciudad de Buenos Aires fue precursora en lo que respecta a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes frente a la separación de los padres al sancionar la ley 269. Uno de los principales problemas que tiene la aplicación de esta norma es su falta de instrumentación a nivel nacional, algo que podría cambiar próximamente si es que el Congreso Nacional decide despertar de la parálisis legislativa que sufrió durante casi todo el año y poner manos a la obra.
Por lo pronto, el 17 de noviembre de 2004 el Senado de la Nación aprobó un proyecto presentado por la senadora por la Ciudad, María Laura Leguizamón (PJ), por el cual se crea el Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. Leguizamón explicó que "el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos unificará las bases de datos de los registros provinciales y funcionará en forma ágil y sencilla, contestando los requerimientos que le efectúen tanto de las personas interesadas, como de los organismos públicos y privados que soliciten información".
Actualmente, la iniciativa está siendo analizada en la Cámara de Diputados. Fuentes legislativas aseguran que "es poco probable que se apruebe este año porque la campaña electoral disminuyó el trabajo parlamentario pero seguramente se sancionará a principios del 2006. Ya fue analizado por las comisiones de Justicia y de Finanzas y no recibió modificaciones. Ahora está siendo estudiado en Familia, Mujer y Minoridad".
La creación de este Registro a nivel nacional cobra más trascendencia con el reciente fallo de la Corte Suprema que ordenó a un abuelo que se hiciera cargo del pago de las cuotas alimentarias que adeudaba su hijo.
