Lucio Ponsa Gandulfo, quien fuera designado a mediados de 2006 como administrador General del Poder Judicial de la Ciudad, presentó este lunes la renuncia a su cargo. De acuerdo a la información brindada a nuestro medio, el próximo jueves el Consejo de la Magistratura de la Ciudad convocaría a un "plenario extraordinario" en el que se tratará la aceptación de la dimisión y se acordaría un candidato para su reemplazo, junto con varios temas administrativos centrados en políticas para acelerar la ejecución presupuestaria.
"El viernes se despidió personalmente de los funcionarios presentes en el edificio de Leandro N. Alem. Todo fue muy vertiginoso. Hasta la semana pasada no se sabía nada, había rumores pero nada concreto", comentaron fuentes judiciales. "Se va en muy buenos términos y con una propuesta concreta de trabajo", agregaron sin descartar que en un futuro no muy lejano, el ex legislador se vincule con la Auditoría de la Ciudad.
La renuncia de Ponsa Gandulfo estaría motivada por las críticas volcadas contra la administración y la baja ejecución presupuestaria en el Consejo de la Magistratura. "Había un descontento generalizado en términos de administración y el peso recayó sobre la figura del Administrador General. Ahora los 9 consejeros deberán acordar el nombre de un reemplazante que tenga como eje en su labor una ejecución presupuestaria acorde a las necesidades del Poder Judicial de la Ciudad", remarcaron.
El cargo de Administrador General del Poder Judicial fue creado en junio de 2006 por la ley 1.988. De acuerdo a lo establecido en la norma la designación es realizada por "el Plenario del Consejo de la Magistratura con acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros de la Legislatura", "debe ser profesional y contar con un perfil técnico", y su mandato será de cuatro años. En caso de renuncia "el Plenario del Consejo de la Magistratura deberá remitir la propuesta de designación del nuevo/a Administrador/a a la Legislatura, dentro de los quince días de producida".
Uno de los nombres que mayor consenso despertaría entre los Consejeros porteños es el de Pablo Cruz Casas, quien podría ser propuesto para la nueva designación.
"Es un nombre muy consensuado dentro del Poder Judicial; tiene experiencia en la Justicia, en gestión y una maestría en Finanzas Públicas", resaltaron.
Casas, quien actualmente forma parte del equipo de asesores del Consejero por el estamento de los jueces Gabriel Vega, también se desempeñó como auditor interno del Ministerio de Hacienda del Gobierno porteño durante la gestión de Jorge Telerman.
Consultadas fuentes parlamentarias, de ser propuesto este candidato con el consenso de los Consejeros "la Legislatura no tendría mayores inconvenientes para brindar su acuerdo".
Entre las funciones del Administrador General se destacan: la realización del anteproyecto del presupuesto anual para el Poder Judicial; ejecutar "bajo la dirección de la Comisión de Administración y Financiera" el presupuesto anual; y realizar de forma autárquica contrataciones por un valor máximo de 300 mil pesos.
