Se acerca el décimo aniversario de la autonomía porteña y comienza el tiempo de reflexión sobre cuánto se ha avanzado y cuánto falta recorrer. En diálogo con NOTICIAS URBANAS, el diputado porteño Julio De Giovanni (Partido de la Ciudad), presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura, afirmó que "la Ciudad de Buenos Aires tiene un desarrollo económico y humano más elevado que otras regiones del país pero, paradojalmente, los habitantes porteños tenemos todavía hoy limitados nuestros derechos políticos. Algunas disposiciones de la llamada Ley Cafiero han demorado y obstaculizado la definitiva organización de la autonomía de la Ciudad".
NU: ¿Y cuáles son las principales asignaturas pendientes?
JDG: Los poderes legítimamente electos por el pueblo tienen temas pendientes de suma importancia para el afianzamiento de la autonomía y la gobernabilidad de la Ciudad. Así, la organización de las comunas con autoridades electas por los vecinos, la creación de una policía de seguridad propia que incluya la transferencia de partes importantes de la actual Policía Federal, la posibilidad de administrar el puerto de la Ciudad, de ser autoridad de control del transporte público que circule en la Ciudad, administrar el Registro de la propiedad inmueble; y proceder al dictado de los Códigos Procesales, son las principales asignaturas pendientes para el afianzamiento de la autonomía que tienen los poderes de la Ciudad y la Nación. El estancamiento o meseta que se observa conlleva el peligro -de prolongarse en el tiempo- de convertirse en un retroceso del proceso de autonomía de la Ciudad. Sobre todo porque no existen serias políticas de Estado en la mente y en el accionar de la clase dirigente porteña, para lograr los objetivos que faltan.
NU: ¿Pero existen alternativas a la derogación de la Ley Cafiero?
JDG: Sí, pese a la ley, la Nación y la Ciudad han iniciado el camino de convenios interjurisdiccionales que se deben profundizar. Así, se han celebrado convenios para la transferencia de competencias penales. Estos acuerdos que conllevan la transferencia de competencias y funciones del servicio de administración de justicia pueden realizarse válidamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 inciso 2, de la Constitución Nacional. Deben ser firmados y concluidos por el Presidente de la Nación y por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los acuerdos así concluidos deben necesariamente ser ratificados tanto por el Congreso Nacional como por la Legislatura porteña. De este modo adquieren simultáneamente la calidad de ley nacional y de ley de la Ciudad de Buenos Aires. Como tales llevan, por ser ley posterior, a una modificación parcial de la Ley Cafiero que tiene la ventaja además, de basarse en el consenso de las autoridades nacionales y de la Ciudad Autónoma. Es decir, con estos convenios interjurisdiccionales se perforan los obstáculos de la Ley Cafiero dentro de la Constitución y la propia Ley.
NU: Además, este sistema ya fue utilizado…
JDG: En el mes de diciembre de 2000, durante la gestión de Aníbal Ibarra la Ciudad suscribió el primer convenio de transferencia de competencias penales, con lo que quedó claro que este sistema es apto para ir transfiriendo competencias y juzgados mediante convenios ratificados por la Legislatura de la Ciudad y el Congreso Nacional. Un segundo convenio de transferencia de competencias penales fue ya suscripto en el año 2004, y está pendiente de ratificación por la Legislatura porteña, algo que ocurrirá en octubre cuando además tratemos el Código Procesal Penal y una serie de modificaciones a la Ley 7, producto de proyectos de Helio Rebot, Luciana Blasco y uno mío.
NU: ¿Cuáles son las prioridades en materia de transferencias?
JDG: Debe continuarse con una racional política de convenios que transfieran Juzgados y competencias. Su amplitud y frecuencia temporal dependerá de las necesidades del servicio de administración de justicia, de la situación política y de la coordinación de las finanzas publicas de la Nación y de la Ciudad. Hay que continuar con una técnica gradual de transferencias parciales hasta completar la totalidad del proceso. Este proceso debe tener como primera prioridad transferir la Justicia de Familia a la Ciudad, ya sea en forma completa o parcial, a fin de que los temas sociales sean resueltos por nosotros y los que tienen que ver con temas patrimoniales (divorcios, básicamente) a la Nación.
NU: ¿Está conforme con el desempeño actual del Poder Judicial de la Ciudad?
JDG: Es indudable que existe capacidad técnica en la mayor parte de sus integrantes. Pero, por defectos de su estructura, los resultados no son los deseados. Así la competencia contenciosa administrativa está evidentemente sobrecargada de expedientes -hay más de 30.000 por juzgado- y no posee la infraestructura suficiente. El edificio de Avenida de Mayo, donde funciona ahora toda la justicia contenciosa, sólo es apto para albergar a la mitad de los juzgados que allí funcionan. Es urgente dotarla de nuevos edificios y de los recursos informáticos suficientes para que se desarrolle su trabajo. El tema es grave porque es la encargada de cobrar a los deudores morosos que en materia impositiva tiene la Ciudad. Y aquí está fallando todo el sistema. Desde la Dirección de Rentas que envía los certificados de deuda impagos casi a punto de prescribir hasta un trabajo poco eficiente de algunos de los representantes en juicio de la Ciudad llamados mandatarios. Afortunadamente, la Procuradora anterior inició algunos cambios y me consta que el actual procurador (Agustín) Zbar tiene claro el tema y creo que hará las modificaciones necesarias para solucionarlo. Pero repito: la solución comienza poniendo en orden la Dirección de Rentas de la Ciudad en esta materia.
NU: ¿Habría que avanzar también en una racionalización de los juzgados?
JDG: Sí, porque en este momento se superponen los juzgados nacionales y de la Ciudad con competencias ordinarias, no federales. Actualmente, hay 110 juzgados civiles, 30 juzgados comerciales, 80 juzgados laborales, 30 juzgados de familia y alrededor de 80 juzgados penales. Y, por ejemplo, los 110 juzgados comerciales vieron disminuir sus expedientes en un 33 por ciento porque antes tenían a cargo los temas impositivos de la Municipalidad de la Ciudad, ahora a cargo del Fuero Contencioso Administrativo porteño. Además, el día que se implemente la Justicia Vecinal en la Ciudad, volverán a perder un 30 por ciento más de causas. Por lo tanto, aquí hay una incongruencia de cantidad de juzgados y un desaprovechamiento de los recursos económicos. Sin ir más lejos, cada vez que queda vacante un juzgado civil se cubre nuevamente el cargo. Por lo menos, hasta que se estructure un plan coherente de transferencia, no deben llenarse esas vacantes. Otro tema es la justicia penal, porque el segundo convenio de transferencia de competencias penales que va a rubricar la Legislatura otorga a la Ciudad casi todos los delitos en lo correccional penal, por lo que a la Nación le quedará como competencia juzgar un solo delito que es el homicidio culposo.
NU: Llevándolo un poquito al terreno más político, ¿qué opina de la gestión de Jorge Telerman?
JDG: Más que una opinión prefiero decir cuál debe ser la posición que debemos adoptar todos los dirigentes políticos de la Ciudad. Y ella no puede ser otra que ayudar a gobernar. Venimos de una importante crisis política que originó la tragedia de Cromañón, por la cual la Ciudad tuvo un año de difícil gobernabilidad que nos paralizó en los avances que debimos tener en materia de políticas sociales y de obras públicas. Sin mirar para atrás, debemos recuperar el tiempo perdido. Hay que tener en cuenta además que este tiempo lo perdió la Ciudad en un marco de crecimiento general de la economía nacional.
NU: ¿Cuál debe ser el candidato que apoye su sector político?
JDG: Indudablemente el sector político al que pertenezco debe estar en el llamado campo progresista. Este sector de la sociedad política debe estructurarse en unidad y sin egoísmo, hay que llevar los mejores candidatos para el futuro Poder Ejecutivo de la Ciudad y los representantes ante el Congreso de la Nación y la Legislatura local.
NU: Por último, ¿qué opina del macrismo?
JDG: Ese sector político desde lo emblemático sostiene, o mejor dicho representa, posturas distintas a las del llamado sector progresista de la Ciudad. Pero si queremos construir políticas de Estado debemos darnos cuenta de que en ese sector político también milita gente de gran sensibilidad social como la mayoría de origen justicialista y también la de algunos jóvenes que, iniciados recientemente en la política, han demostrado tener ideas de progreso e inclusión social. Con ellos también hay que gobernar.
