Este miércoles 8, al mediodía, el vicejefe de Gobierno de la Ciudad a cargo Ejecutivo, Jorge Telerman, y el director ejecutivo de Greenpeace, Martín Prieto, explicaron, en conferencia de prensa, el proceso de reglamentación de la ley 1854 (Basura Cero) que se abrirá luego de la promulgación, por parte del Ejecutivo porteño.
La norma fue aprobada en noviembre del año pasado por la Legislatura porteña y tiene como hecho más relevante "modificar el actual sistema de gestión de los residuos sólidos urbanos e impulsará el reciclaje, la reutilización de los materiales recuperables y dignificará el trabajo de los cartoneros que dejarían de revolver la basura en la calle", argumentaron desde la organización ecológica Greenpeace.
"El proyecto contempla una modificación estructural del enfoque del problema de los residuos sólidos urbanos y prevé un cronograma de reducción de las cantidades de residuos que se entierran en los rellenos sanitarios, con metas y plazos de cumplimiento obligatorio", sostuvieron fuentes gubernamentales.
Prieto afirmó que "Greenpeace asume un compromiso frente a la sociedad de monitorear el cumplimiento de esta ley tanto en sus aspectos ambientales, el cumplimiento de sus metas y la efectiva integración de los recuperadores informales a la actividad".
La Ciudad genera diariamente entre 4 y 5 mil toneladas de basura que se apilan en los predios de la CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) en el conurbano provocando no solamente la contaminación del aire, el suelo y el agua, sino también un enorme despilfarro de recursos.
En relación con la situación de los recuperadores o cartoneros, Greenpeace considera que "la Ley de Basura Cero no contiene ningún elemento, ni represivo ni de exclusión, por el contrario, otorga a los recuperadores prioridades en el segmento de la recolección y transporte de los residuos secos.
Por el contrario, este martes 7, alrededor de las 15:15, unos 300 cartoneros movilizaron a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad y a su vez dejaron una nota en la Casa Rosada. Los cartoneros cooperativistas creen que esta ley no les permite trabajar en igualdad de condiciones con otras empresas, por la imposibilidad de cumplir con los requisitos que exige la ley. Uno de los tema en discusión es el transporte para trasladar el material a reciclar. La ley de Basura Cero impone que no deben superar los 10 años de antigüedad.
Otras diferencias que marcan los cartoneros se plantean sobre lo que ellos llaman "persecuciones violentas por parte del Gobierno de la Ciudad a través de un ente denominado RECEP (Recuperado del Espacio Público)".
La Federación Ecologica de Cartoneros y Recicladotes (FECyR), la Cooperativa El Alamo, la Cooperativa del Bajo Flores, Cooperativa S.U.R., Cooperativa La Gran Esperanza, Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Cartoneros Independientes de la Ciudad y el Conurbano, firmaron un comunicado en donde se asegura que el Gobierno porteño "niega cualquier tipo de asistencia o mejoras para el transporte (camiones y tren blanco). Los predios y maquinarias prometidas para las cooperativas no aparecen. Tampoco esta funcionando el programa de protección a la niñez que la Cámara de Apelaciones porteña. Asimismo, se nos niegan los derechos laborales básicos tales como obra social y jubilación".
