El proyecto de ley presentado por Fernando Caeiro intenta crear un programa similar al que se desarrolló en la Provincia de Mendoza, en algunas zonas de Brasil, en Estados Unidos y en Rusia. En la Ciudad de Buenos Aires se llamaría “Menos armas por más seguridad” y se pretende que todos aquellos porteños que tengan armas y quieran entregarlas puedan hacerlo a través de este programa, que se implementaría conjuntamente con el Registro Nacional de Armas (RENAR).
Como beneficio – “el 50 por ciento de su valor de mercado” – cada persona que entregue un arma recibiría un certificado que podrá ser canjeado por distintos elementos, como medicamentos, alimentos, materiales de construcción, pases para transporte público, becas de estudio, libros y pases a espectáculos deportivos y culturales.
“Nosotros pretendemos – dijo Caeiro – poner en el debate de la sociedad que tener armas no significa mayor seguridad, sino todo lo contrario, el tener un arma significa un mayor riesgo para la persona, porque los delincuentes están preparados para utilizarlas y los vecinos, no. Nosotros lo que queremos es introducir este debate porque hay un creciente sentimiento de que si tenemos más armas vamos a estar más seguros, y el efecto es totalmente el contrario”.
“En definitiva lo que nosotros queremos es sacar armas del circuito porque esto va a mejorar la seguridad. Obviamente no pretendemos que los delincuentes cambien las armas por dos paquetes de fideos, pero creo en la posibilidad de que la gente tome conciencia”, explicó Caeiro.
En la Ciudad de Buenos Aires, “hay 200 mil armas registradas y un poco más de 200 mil en el mercado negro, así que estamos hablando de un total de casi 500 mil armas”, explicó Caeiro.
Un informe de la Dirección Nacional de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación dice que el 37,30 por ciento de los porteños que se armaron, lo hicieron por prevención contra la delincuencia; el 15,70 por ciento manifestó que siempre tuvo armas; el 13, 30 por ciento pertenece a las fuerzas armadas; el 12,30 por ciento las posee por deporte; el 11, 40 por ciento, porque las utiliza para cazar y el 7,50 por ciento son coleccionistas.
Entretanto, el RENAR informó que del total de armas en el país – 2.224.729 -, el 34,10 por ciento son pistolas; el 29,10 por ciento son revólveres; el 14,40 por ciento son fusiles y carabinas; el 17,90 por ciento, escopetas; el 2,70 por ciento son pistolones y el 0,50 por ciento, subfusiles.
Según se plantea en el proyecto, en la primera etapa del programa se intentará obtener toda la información posible de quienes se comuniquen. Con esa información se buscará después un segundo abordaje para acordar la entrega de las armas.
Para un mejor aprovechamiento del contacto telefónico, se ha elaborado una planilla que numera la cantidad de llamados y está foliada. La información que allí se requiere es la siguiente: día y mes del llamado; nombre y apellido o pseudónimo de la persona que se comunica, aunque las entregas también podrán ser anónimas; número telefónico del que llama o un número en el que se lo pueda ubicar; tipo y calibre de arma que dice querer entregar; clasificación legal del arma; qué tipo de recompensa espera; en el caso de que la conversación prospere y se acuerde un lugar de entrega y forma de entrega, deberá ser anotado en otro apartado.
Para la entrega de las armas se dispondrá de centros de recepción, uno de ellos podría ser la sede del RENAR, y algunos otros lugares que disponga la Secretaría de Justicia y Seguridad. También se realizará una recolección domiciliaria de las armas por parte de “personal idóneo”.
Autoridad de aplicación
Los artículos 2 y 3 del proyecto de ley establecen a la Secretaría de Justicia y Seguridad porteña como la Autoridad de Aplicación del programa. Además la autoriza a firmar los convenios necesarios para la puesta en práctica de este programa. Este organismo deberá informar a la Legislatura sobre la cantidad de armas recibidas y las características de las mismas.
Pese a que el proyecto fue presentado en la Legislatura el 27 de junio de este año, el director general de Política de Seguridad y Prevención del Delito, Claudio Suárez, que es quien se tendría que ocupar de ponerlo en practica, si bien explicó a este medio que estaba anoticiado, todavía no lo había analizado.
¿La tercera es la vencida?
Según informaron en el despacho del diputado Caeiro, este proyecto se encontraría ubicado en tercer lugar – entre los despachos con preferencias – para ser tratado en la sesión de mañana. Igualmente esta situación se viene dando hace varias semanas, pero por diferentes razones – falta de quórum, escándalos – no pudo ser tratado. De todos modos, fuentes de la Legislatura afirmaron que existiría el consenso suficiente para lograr su aprobación.
En Mendoza ¿un ejemplo?
Entre las dos etapas, el Gobierno de la Provincia de Mendoza gastó en “recursos materiales” 166.357,70 pesos y 132.750,00 en “recursos financieros”. Por lo tanto Mendoza utilizó un total de 299.107,70 pesos para recolectar 2.566 armas y 8.262 municiones.
Por su parte, un portavoz de la oficina local de Amnesty International Argentina reconoció a esta agencia que el canje de armas “podría repercutir negativamente en la política de derechos humanos local si no se toman medidas que garanticen un control imparcial” sobre esta suerte de desarme de la población civil.
Aunque reconoció que aún están estudiando la experiencia realizada en Mendoza, el portavoz afirmó que “en la organización existe preocupación por las denuncias sobre venta y reutilización de armamento dado en canje por la población a las autoridades”.
Caeiro consideró que “en Mendoza se tuvo un éxito importante porque se lograron recolectar unas 3 mil armas que fueron luego destruidas”.
Un proyecto con algunos cambios
El proyecto de Caeiro se basa íntegramente en otro ejecutado en Mendoza, por esta razón fue consultado el subsecretario de Seguridad de esta provincia, Gabriel Conte, y éste planteó la necesidad de realizarle algunos cambios para que este proyecto pueda ser presentado en la Legislatura porteña. A los asesores de Caeiro, se les presentó la dificultad de que la Ciudad de Buenos Aires carece de Registro de Armas propio – a diferencia de Mendoza que pose uno a nivel provincial – y utiliza el nacional.
Mientras que Caeiro dijo desconocer las denuncias presentadas en Mendoza a raíz de este programa, su asesor expresó que, justamente, como conocen las dificultades que se presentaron en esta experiencia, “el proyecto (porteño) prevé que la policia no participe de este programa”. Caeiro dijo que “la Secretaría de Justicia y Seguridad deberá ser quien se ocupe de realizar el control sobre todas las armas entregadas”.
Fuentes legislativas expresaron que “la Policía Federal no estaría muy contenta con esta idea de que se los excluya del programa, y además tampoco verían con buenos ojos que se reduzca la cantidad de armas que circulan”
La necesidad de una coordinación a nivel nacional
En una carta que le envió el ministro de Justicia mendocino, Leopoldo Manuel Orquín a Enrique Mathov, secretario de Seguridad Interior de la República Argentina, planteó que “desde hace tiempo el control de la registración y posesión de armas está a cargo de la cartera de Defensa, porque se entendió que la proliferación de armas era un problema de seguridad nacional. Sin hacer mención a los resultados que le trajeron a nuestra Nación aquellas hipótesis sobre un “enemigo interior” -continúa Orquín- quiero opinar que hoy resulta evidente que las armas de fuego son un problema acotado a la violencia ciudadana”.
“Ratificando esta hipótesis -prosigue- quiero resaltar que ya varios países de la región han transferido el control de las armas de fuego a sus ministerios del Interior o equivalentes. Considero muy adecuado entonces que la República Argentina asuma la misma actitud. El Registro Nacional de Armas, que tiene bajo su órbita el control del flujo de armas y el control de vendedores y usuarios, debería depender de la Secretaría de Seguridad Interior por los motivos antes expuestos”.
“Los párrafos 21 y 23 del Programa de Acción acordado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Livianas, alientan las campañas de recolección de armas y de concientización de la sociedad sobre las consecuencias negativas que trae aparejada su proliferación. Como la República Argentina adhirió a estas acciones, quizá su ejecución debiera ser coordinada desde el gobierno central”.
Finalmente, el ministro de Justicia y Seguridad mendocino planteó que “por todo lo antes expuesto, sería necesaria la creación de un organismo inter-agencias en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Interior, que coordine una política nacional de armas, evitando superposiciones, disparidad de criterios y demoras”.
