El pasado lunes 25 por la tarde, en el Hotel Bauen, algunos familiares de los detenidos hace más de un año luego de producirse los incidentes en la Legislatura porteña, en el momento que se discutía las reformas del Código Contravencional, expresaron de forma conjunta: "No avalamos, ni reivindicamos las explosiones producidas. De hecho nos preocupa y nos parece una barbaridad romper el frente de un CGP. Si alguien sale afectado con estas acciones son los detenidos".
Los panfletos que se encontraron en la madrugada del lunes luego de la explosión en la puerta del CGP N° 14 Oeste, avenida Córdoba 5692, exigían la liberación de los presos de la Legislatura, y lo firmaba una supuesta organización autodenominada "Comando Che Guevara"
Miguel Santiago, esposo de la detenida Margarita Meira, Valeria Almitrano, hermana de Pablo Almitrano, los padres de Héctor Gómez, y una representante de AMMAR Capital, estuvieron presentes en la conferencia de prensa, junto a un conjunto de abogados de organismos de Derechos Humanos y de partidos de izquierda que llevan adelante la causa. Ellos informaron que "desconocen a la organización y que ésta jamás participo públicamente de las diversas movilizaciones" que vienen realizaron para exigir la liberación de los 15 detenidos.
Miguel Santiago, que tiene a su mujer Margarita, dirigente de un comedor comunitario en Constitución, detenida en la cárcel de Ezeiza, aseguró: "Me suena a algo inventado y puede que se haya inventado un nombre para producir el atentado. Es todo lo contrario a lo que nosotros y nuestros familiares creemos". Frente a la pregunta de quien estaría beneficiándose políticamente, Miguel respondió: "Esto le conviene a sectores que constantemente se tiraron contra los detenidos, por ejemplo algunas bancadas de la Legislatura porteña".
"Frente a esta escalada de violencia hacemos responsable a las autoridades políticas de la seguridad de los detenidos y de nosotros los familiares, que estamos siendo perjudicados por estos hechos (en referencia a los estallidos en el Centro de Gestión y Participación porteño). Nuestro familiares son inocentes y ellos están detenidos por haberse manifestado contra el Código de Convivencia", aseveraron en una conferencia cubierta por los medios televisivos, pero que curiosamente después no fue trasmitida al aire.
La representación de los familiares no fue más amplia porque muchos de ellos se encuentran en una situación económica de pobreza, y les resulta imposible siquiera trasladarse en transporte público. Otros no asistieron por un desacuerdo con las organizaciones políticas que se solidarizan con la liberación de sus familiares.
Uno de los abogados de la Liga de los Derechos del Hombre, Héctor Trastender, que es parte del conjunto de defensores que representan a 13 de los detenidos (dos de ellos son defendidos por abogados particulares), aseguró: "Desconocemos a los autores y repudiamos cualquier acto de este tipo que además no tienen nada que ver con nuestros representados. Ellos están siendo perjudicados (por sus representados) desde un principio, ya que su único delito fue reunirse para manifestar y peticionar por las reformas a la ley Contravencional".
Varios legisladores porteños confirmaron que el grupo que se adjudicó las acciones en las primeras horas del lunes es desconocido para las organizaciones populares y que posiblemente "haya sido un accionar de servicios de inteligencia". Nadie precisó qué grupo de seguridad estatal podría haber participado pero si las diversas fuentes aseguran que esto va contra de la liberación de los 15 detenidos.
