En el barrio El Pueblito, ubicado a la vera del Riachuelo, de las 115 viviendas 103 no cuentan con acceso a red de agua potable dentro de la misma vivienda. En relación a la conexión a la red eléctrica, sólo 17 viviendas cuentan con medidor. Ninguna de las viviendas dispone de acceso a la red de gas y sólo 73 están conectadas a la red pública de desagüe cloacal, en tanto que 12 disponen de cámara séptica y 24 de pozos ciegos.
Según un relevamiento poblacional realizado por el IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad) los días 13 y 14 de mayo y 5 de junio de 2010, en el asentamiento referenciado habitan un total de 213 familias (683 personas, de las cuales 251 son menores de edad) En virtud de esos guarismos, personal del Área de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo se reunió con los vecinos y delegados del lugar.
En dicha reunión, los mismos manifestaron que el día 26 de mayo de 2011 un grupo de funcionarios del Instituto de Vivienda de la Ciudad se presentaron en el asentamiento a efectos de convocar a los vecinos a inscribirse en la ?Operatoria de Inscripción para Viviendas Colectivas?. Dos semanas después, vecinos y delegados del asentamiento se presentaron en el IVC a efectos de exigir mayor información. Mantuvieron una reunión con el mismo funcionario quien les informó que las viviendas que les adjudicarían serían las emplazadas en la intersección de las calles Lafuente y Portela. En tanto, los vecinos interrogaron al funcionario en relación a la cantidad de viviendas afectadas y de familias a relocalizar, dado la contradicción existente entre la información recibida y el plano (40 y 75 viviendas respectivamente).
En ese mismo sentido, aunque con mayores precisiones, el juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, dio por cumplida la orden de relocalización de las familias que se encontraban en el asentamiento ?Luján?, ubicado en cercanías al Puente Bosch, en la Ciudad de Buenos Aires.
Armella insistió en los procesos de concientización y sensibilización sobre los habitantes que serán beneficiarios de las acciones de urbanización y relocalización. Así, recordó lo dispuesto el 22 de febrero último, donde se estableció ?lo imperioso que resultaba realizar en todas y cada una de las zonas de conflicto habitacional, un fuerte trabajo en materia de concientización social sobre los habitantes de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, y especialmente en aquellos radicados en el denominado ?camino de sirga?, ya que mal podría aspirarse a que las relocalizaciones previstas se ejecuten sin obstáculos, reticencias o dilaciones sin dar inicio desde entonces con procedimientos de sensibilización y persuasión de la población?.
La medida fue dictada en el marco de la ejecución de la sentencia dictada en la causa ?Mendoza?, donde la Corte Suprema de Justicia ordenó la puesta en marcha de un plan de saneamiento integral de la cuenca Matanza Riachuelo.
