Si bien el Salón Intersecretarías de la Legislatura porteña estaba repleto, el número de diputados presentes no fue suficiente para lograr el quorum necesario para oficializar la reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y del Trabajo y de Asuntos Constitucionales que debatirían sobre los proyectos vinculados a la Ley 1181 que creó Cassaba.
Pasadas las 12:30 y tras la llegada de Enrique Olivera, Abelardo García, Rubén Devoto, Pablo Failde y Santiago de Estrada (como Jefe de Gobierno en ausencia de Jorge Telerman), el presidente de la Comisión de Legislación General, Jorge Enríquez anunció que se le daría la palabra a quienes lo solicitaran por sólo 30 minutos de acuerdo a lo establecido por el reglamento.
Luego de unos instantes de silencio absoluto y de miradas entre los profesionales de las leyes agolpados en la sala, del grupo ubicado a la derecha del presidente de la comisión se pidió la palabra.
Pedro Kesselman, tesorero de Cassaba, dijo brevemente lo que motivó su presencia.
"Hay un proyecto que convierte en voluntaria la afiliación. Es inconstitucional ya que viola la Ley 24.241 sobre seguridad social, altera el orden constitucional, convierte a la Caja en una empresa y deja de lado la autonomía alcanzada. El proyecto en cuestión carece de todo cálculo actuarial sobre su viabilidad. Solicito la realización de un cálculo actuarial y si no es viable esto significaría la destrucción del sistema creado por esta Legislatura", manifestó.
Para sorpresa de muchos de los presentes, el grupo de abogados emplazados a la izquierda escucharon en tenso orden la exposición del integrante del directorio de la Caja.
Representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas y de la Asociación de Abogados de la Ciudad expresaron seguidamente el apoyo al "régimen previsional para los abogados porteños de carácter obligatorio apoyado en el principio de la solidaridad" y reclamaron "un tiempo prudente para analizar y consultar a todas las partes involucradas". En ambas exposiciones se criticó a la dirección del Colegio de Abogados de la Capital calificando su metodología de "inescrupulosa" con "empleo de argucias para la derogación de la ley".
Y el grupo opositor a Cassaba comenzó a hacerse oír. Tan alto expresaron el descontento por los términos utilizados que Enríquez tuvo que solicitar que "se omitan los adjetivos agraviantes".
Guillermo Fanego, integrante del Colegio Público de Abogados de la Capital por la lista encabezada por Borda, dio inicio a las exposiciones en contra de la Caja.
"La mayoría de los abogados nos hemos expresado en contra de la ley. Las asociaciones representan un porcentaje mínimo. Sólo 400 colegas participaron en la elección de la Asociación de Abogados de la Ciudad y 14.000 letrados hemos firmado el petitorio para su derogación", describió.
Kesselman tomó la palabra nuevamente para aclarar que "la creación de la caja para abogados fue debatido en la Asamblea del Colegio de Abogados años atrás, dónde Jorge Rizzo era delegado". "Que lea las 13 páginas del acta", dijeron repetidas voces. "Que lea que Rizzo dijo que era inconstitucional", solicitaron también. Y en silencio, una copia completa del acta fue entregada al presidente de la Comisión de Legislación General, mientras el Tesorero se retiraba de la sala.
Los golpes más duros contra la Caja vinieron de un integrante de la misma.
Omar Yasin, miembro de la Asamblea de Representantes de Cassaba por la minoría, resaltó que "aún aquellos abogados que veían como algo positivo la creación del sistema previsional, se desilusionaron al ver la actitud de su directorio".
"Había un rey sin reino y compraron un edificio suntuoso con el ingreso del primer año de funcionamiento de Cassaba. Utilizan maniobras retorcidas para poder incrementar sus gastos administrativos; la ley establece para ellos el 3% del presupuesto proyectado, entonces presupuestan 100 millones, si recaudan 40 al finalizar el año gastaron mucho más del 3% de lo recaudado", resaltó Yasin.
Finalmente le llegó el turno al presidente del Colegio de Abogados y líder de la agrupación "Gente de Derecho", Jorge Rizzo, quien luego de subrayar que "es la primera vez en la historia que una organización de abogados gana tres elecciones consecutivamente", reiteró la inconstitucionalidad de la ley que permitió la creación de Cassaba aunque aclaró que seguramente "los diputados legislaron de buena fe".
"No vamos a bajar la bandera de la inconstitucionalidad. Si bien no coincidimos totalmente con el proyecto consensuado lo acompañaremos. Los reyes del cajón vienen a pedir que se cajonee el tema una vez más. Hace un año y medio que se está trabajando sobre esto, ya fue tiempo suficiente", expresó Rizzo.
Finalizada la reunión, Jorge Enríquez en diálogo con nuestro medio señaló que "la semana próxima volverán a reunirse conjuntamente las comisiones" y que se pedirá "el tratamiento en preferencia para la sesión del 4 de octubre".
"Caeiro, Godoy, Borrelli y yo vamos a impulsar la derogación pero como no somos tozudos, si no se consiguen los 31 votos apoyaremos el proyecto consensuado", comentó.
El proyecto en cuestión fue trabajado profundamente por Santiago De Estrada y Alejandro Rabinovich con aportes del bloque kirchnerista y de miembros del Colegio de Abogados de la Capital.
En el texto al que tuvo acceso NOTICIAS URBANAS se resalta que "la obligatoriedad en la afiliación no alcanza a los abogados y procuradores que acrediten encontrarse afiliados a uno o más regímenes jubilatorios provinciales para abogados; al sistema integrado de jubilaciones y pensiones como trabajadores autónomos; a los que ejerzan su profesión exclusivamente en relación de dependencia; y los que hubieren alcanzado el beneficio previsional por otro sistema".
Tales acreditaciones podrán hacerse simplemente "mediante declaración jurada presentada ante la Caja a través de un medio de comunicación fehaciente".
Los profesionales recién recibidos también podrán hacer voluntaria su afiliación, siempre y cuando acrediten sus aportes en otro sistema. En el caso de matricularse en la Ciudad y no estar afiliados a ningún sistema previsional deberán hacer sus aportes a Cassaba pero no estarán obligados a cubrir el aporte mínimo anual obligatorio (1200 pesos) hasta que su título tenga una antigüedad superior a los dos años.
En todos los casos los abogados y procuradores podrán desafiliarse cuando así lo deseen.
A la puerta le quitaron la llave y todo parece indicar que el consenso legislativo la dejará abierta. Quedará en la voluntad de los afiliados y en la capacidad de la dirección de Cassaba mantener la casa y las arcas llenas.
