El titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 15, Máximo Astorga, resolvió suspender la ejecución de la Ley 2.875 sancionada por la Legislatura porteña el año pasado que creó el Registro de Comercio y Personas Jurídicas porteño, haciendo lugar a una medida cautelar solicitada por la Fiscalía General del Fuero Nacional Comercial en la cual se argumentaba que "la creación de un Registro" porteño "paralelo usurpa competencias de la Inspección General de Justicia" de Nación.
Sin sumergirse en el fondo de la cuestión -si la ley es constitucional o no y si hay conflictos de competencias-, el magistrado nacional señaló, para fundamentar su fallo, que "la creación del Registro Público de Comercio al que se alude en la ley 2875 podría generar un evidente perjuicio para los terceros que en él se inscriban, ante la situación que acarrearía la eventual declaración de inconstitucionalidad que se persigue con la promoción de esta causa".
"Yo argumenté en el mismo sentido que el magistrado cuando voté en contra de la ley. En la Legislatura se defendía la creación de una IGJ porteña, asegurando que fortalecería la autonomía; en aquel momento sostuve que la autonomía no puede construirse con competencias concurrentes porque implicaría una incertidumbre jurídica. Esto es el equivalente a lo que ocurriría si la Ciudad intenta crear juzgados comerciales estando en vigencia la Ley 7", comentó a NOTICIAS URBANAS, el diputado porteño Alejandro Rabinovich.
Y, destacando la necesidad de resolver la cuestión de fondo que motivó la acción judicial, subrayó: "No hay claridad jurídica, hay una competencia concurrente absoluta. Yo creo que la Ciudad tiene que tener una IGJ, pero con una contundente claridad jurídica que sólo se logra firmando un convenio con Nación para establecer cual es la certidumbre jurídica y el ámbito de aplicación".
Cuestionando la cuestión de forma, el legislador de PRO Martín Ocampo, aseguró: "Es incompetente el juez para entender en esta causa, porque la competencia sobre el ejercicio de las funciones públicas de la Ciudad es el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. Cuando las causas son contra el Estado porteño, deben radicarse en ese Fuero y no en un Fuero Comercial Nacional".
"La medida cautelar al devenir incompetente no tiene efectos directos sobre la gestión de la Ciudad", remarcó.
Al ser consultado por nuestro medio sobre el fondo de la cuestión, el legislador macrista destacó: "Nosotros entendemos que la Ciudad dictó su ley de Registro de Comercio y Personas Jurídicas de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 129 de la Constitución Nacional y la Constitución local, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
"En ejercicio de las facultades propias de la Ciudad, cualquier intento de parar el funcionamiento de una autoridad administrativa es una invasión de funciones que no le corresponden a los jueces nacionales. Las funciones de las autoridades locales se ejecutan en las instituciones locales. Si se plantea la inconstitucionalidad de la norma deberá hacerse en el Tribunal Superior de Justicia y no en el fuero Nacional Comercial. La Ciudad debe plantear todas las defensas que correspondan", finalizó.
