Pese a la insistencia del diputado porteño Roque Bellomo (Frente Grande), este jueves no se trataría en la Legislatura el proyecto de Ley de Ética Pública, que sintetiza las diez iniciativas parlamentarias presentadas en el último año. El problema fundamental que afronta el despacho legislativo son las tres observaciones hechas por los legisladores Santiago De Estrada (Partido Justicialista), Maria Lucila "Pimpi" Colombo (Partido Justicialista) y Abel Alexis Latendorf (Piquete Socialista). En tanto, el diputado Eduardo Valdés (Partido Justicialista) retiró su objeción.
"Es absolutamente necesario que la Ley de Ética Pública sea consensuada en la Legislatura de la Ciudad sin más postergaciones", afirmó Bellomo. Sin embargo, la sesión de este jueves comienza -y seguramente termine- con el debate legislativo que tendrá como eje la citación al recinto y el fuego graneado sobre el secretario de Descentralización y Participación Ciudadana, Ariel Schifrin.
El despacho legislativo -que guarda concordancia y coherencia conceptual con la Ley Nacional 25.188 de Ética en la Función Pública- es producto de la unificación de varios proyectos presentados por los diputados Roque Bellomo (FG), Irma Gerch (UCR), Jorge Enríquez (UCR), Alicia Pierini (PJ), Vilma Ibarra (FG, actual senadora nacional), Alberto Fernández (PJ), Delia Bisutti (ARI), Beatriz Baltroc (ARI), Clorinda Yelicic (PS) y Jorge Altamira (PO).
Esta iniciativa parlamentaria tiene como objetivo regular el comportamiento ético y asegurar la transparencia en el ejercicio de la función pública. También establece la implementación de instrumentos y mecanismos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, el abuso de poder y el tráfico de influencias, y la preservación del derecho de la ciudadanía a controlar los actos de gobierno.
"Esta ley servirá para la refundación de lo público como el lugar de todos y para recuperar la credibilidad en el sistema democrático. Y garantizará el derecho de la ciudadanía a controlar los actos de gobierno, evitar el abuso de poder, el tráfico de influencia y castigar dichas conductas", concluyó Bellomo, presidente de la Junta de Ética de la Legislatura porteña.
El proyecto exige la presentación ante la Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires de una declaración jurada patrimonial a todos aquellos que se encuentren ejerciendo la función pública y prohíbe directa o indirectamente, para sí y para terceros, solicitar, aceptar o admitir dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas u otras ventajas, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones o como consecuencia de ellas. Deben constar en la declaración jurada los activos y pasivos propios y gananciales del declarante y del cónyuge. Asimismo, debe indicarse el patrimonio de los hijos menores de edad no emancipados.
Por otra parte, también se establece la prohibición de la percepción simultánea de sueldo con cualquier clase de haber jubilatorio o pensión graciable para los funcionarios mientras ocupen un cargo en el ámbito de la Ciudad.
