En el Gobierno porteño reaccionaron duramente a las declaraciones vertidas por Mauricio Macri con respecto a los cartoneros. El empresario, que se postula para jefe de Gobierno por el Partido del Trabajo y la Equidad, manifestó el lunes -en un reportaje realizado por La Nación- que, de ganar las elecciones, sacaría a los cartoneros de la calle por considerar que vulneraban las normas de higiene y cometían el delito de "robar" la basura. Además, aseguró que metería presos a los cirujas que intentaran continuar con la actividad.
El jefe del gabinete porteño, Raúl Fernández, acusó este miércoles al empresario de analizar el problema de los cartoneros "con la visión estrecha, sectorial, del dueño de una empresa de recolección de residuos" y de expresar una postura "excesivamente autoritaria". En declaraciones efectuadas en Radio El Mundo, el funcionario destacó que el retiro de residuos "jurídicamente no es un delito" y afirmó que hay veinte mil personas que trabajan en esa actividad, lo que les permite llevar "un plato de comida" a sus respectivas familias.
El único cuestionamiento legal a la actividad de los cartoneros es la ordenanza 33.581, sancionada en 1977 durante la intendencia de Osvaldo Cacciatore, que prohíbe la manipulación de residuos a toda persona ajena a las empresas recolectoras. Esa prohibición no figura en el Código Penal, por lo que no su violación no se considera un delito. Esta norma del Proceso le permitió a Manliba, empresa que durante varios años fue la adjudicataria exclusiva del negocio de recolección de los residuos -y de la que Macri era socio- evitar la competencia informal.
Fernández aseguró que en un amplio relevamiento efectuado a los ciudadanos porteños se demostró que la gran mayoría no se opone a la actividad de los cirujas y defendió el proyecto del Poder Ejecutivo, que promueve la discriminación de la basura por parte de los vecinos y la creación de cooperativas para que los cartoneros se agrupen.
Por su parte, el secretario de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano, Eduardo Epszteyn calificó de "desafortunadas y desequilibradas" las declaraciones del ex vicepresidente de SOCMA. Epsteyn, que es el mentor de la iniciativa oficial, sentenció que "homologar a los cartoneros con delincuentes revela un desconocimiento inaceptable de la emergencia social que se vive en la Ciudad". También el titular del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, Néstor Vicente, disparó contra Macri y afirmó que "tildar a los cartoneros de ladrones es una barbaridad". El organismo que Vicente dirige está realizando una experiencia piloto en Villa Luro, junto con una cooperativa de cartoneros, para recolectar material reciclable con la colaboración vecinal.
