La doctora Mónica Cuñarro (coordinadora del Comité Científico del Ministerio de Justicia) deja claro ?que el estado no está de acuerdo con la apología del uso ni deja de estar presente cuando alguien va por la calle inyectándose, sólo vuelve a no criminalizar al adicto?. ?La ley 23.737 viola compromisos del estado argentino asumidos en materia de derechos humanos por lo que es necesario readecuar la legislación?.
Según Cuñarro, del 100% de las causas criminales que ingresan al sistema penal, el 70% son causas criminales de tenencia para consumo personal. ?De ese total no hay una sola causa elevada y sentenciada sobre lavado de dinero o desvío de precursores químicos para fabricar sustancias prohibidas?, explica. ?No hay una sola sentencia por el agravamiento de un delito cometido por alguien bajo el efecto de sustancias, siendo que los delitos más complejos y que requieren de mayor grado de planificación (evasión impositiva, malversar de caudales, lavado de dinero, tráficos varios), no suelen ser realizados por personas con sobredosis?.
El proyecto de ley del oficialismo nacional contempla despenalizar el consumo de ciertas drogas para uso personal y catapulta un debate que genera cortocircuitos entre el director del Sedronar (José Granero) y el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, impulsor del mismo. Granero llegó a decir: de prosperar esta iniciativa?me voy.
Ya contaría con rechazos de las secretarías de adicciones de Formosa, Tucumán y Córdoba, y ?desconcierto? en Santa Cruz y Buenos Aires (Scioli reclamó la presencia del clero en el debate, ?en ningún lugar de la Biblia se dice que hay que negarle una mano a una persona que tiene problemas?-dijo Fernández). Al santacruceño Peralta se le atribuye no acordar con la despenalización hasta que el país no ofrezca garantías que tengan que ver con la cultura y la educación. Todo el soporte de comunidades terapéuticas, granjas (?tercerizaciones?), se opone terminantemente.
Granero desmintió las cifras oficiales que ha mostrado Fernández. ?Se dijo que Argentina es el país de la región de menos adictos a la cocaína y nuestros datos muestran que es el de mayor cantidad relativa?. Granero tiene que convencer a la presidenta de que el actual sistema (paradigma de los noventa) tiene vigencia. Como si los resultados ?tremendos? que Fernández ?distorsiona? no fueran una responsabilidad de su gestión, un tiro por la culata, como se dice.
José Maria Rshaid, director de la comunidad terapéutica Casa del Sur, afirmó no estar en contra de la despenalización, ?lo que no se debe hacer es suprimir la obligatoriedad de los tratamientos?. ?A veces es necesario suministrar un tratamiento duro que restrinja la libertad para que el enfermo no elija drogarse, conteniéndolo física y psicológicamente. Si un mayor de edad consume paco y no quiere hacer un tratamiento, la madre puede recurrir a un juez que ordene la protección de la persona e interne al chico por la fuerza. En caso de aprobarse la ley, los jueces ya no tendrán esa potestad?.
El subsecretario de Salud Comunitaria de la Nación, Aldo Marconetto, se pregunta qué significa ser adicto. ?¿Cuál es la representación social del adicto? ¿Es un delincuente? Lo concebimos como un desafiliado social. El adicto no hace ese traslado de las leyes de mercado, se fija en ese único objeto de una manera compulsiva. Y por eso roba, cambia los códigos del delito, en última instancia, se deshumaniza. Hay adicciones a todo tipo, a celulares, a relaciones entre las personas, a psicofármacos. Y también busca el adicto una pertenencia a una red negativa?.
En recientes declaraciones al diario Página 12, el ministro Fernández, insistió en que ?el consumo está más criminalizado que nunca. Porque al pibe que le encuentran un poco de droga en el bolsillo lo encarcelan, lo estigmatizan para toda la vida, le encajan una calcomanía en el pecho que dice ?adicto?, y después se lo compara con un traficante. Como si no hubiera diferencia entre Pablo Escobar Gaviria y el pibe. (?) Cuando hablamos de ?despenalización?, la gente entiende otra cosa y se piensan que estamos hablando de ?drogas libres??.
Marconetto habla de ?dos escuelas?. ?La abstencionista que es: dejá de consumir y después te curo (los centros de internación, alcohólicos anónimos). Y la de reducción de daños. No tenemos que entrar en eso, tenemos que formar la red para la afiliación social de esa persona. Esto no se puede simplificar?.
Un consenso mínimo al que podríamos llegar, en palabras del diputado del Pro, Eugenio Burzaco, es el de que ?no debe haber pena de prisión para quien consume, pero despenalizando no vamos a reducir la cantidad de adictos?. El mensaje de esta iniciativa ?es que el consumo de drogas es algo correcto, y eso es muy peligroso?. Se trataría, en tal caso, de actualizar el Código Penal con ?penas alternativas?.
?Trabajar las causas de las causas, la vivienda, el agua potable, la educación. El adicto es un tipo que está desafiliado de su familia, de su barrio?Hay que ir a buscarlo a la esquina. Que pase de consumidor a sujeto de derecho. La droga es un estigma, pero su único valor es que es una identidad? -opina Marconetto. Hay drogas lícitas e ilícitas, y ?las lícitas son la puerta de entrada a las ilícitas?. Y destaca la preocupante tolerancia social a las drogas como el alcohol, tabaco y psicofármacos. ?El problema fundamental, en la Argentina, es el alcoholismo, que es la puerta de entrada, es la gran epidemia social, a la cabeza de todas. Por eso no me meto a pensar la penalización o despenalización.?
El debate está. Y hay quienes echan leña al fuego del sentido común, como el ministro de seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, cuando declaró que ?la despenalización favorece a los narcotraficantes?. Ese pensamiento ofrece a la sociedad un pensamiento extorsivo: si se despenaliza hay más delincuentes.
(Agradecimiento a José María Neira, Ángel Sabatini y Paula Gomes Fantasía.)
