Piden que Ibarra reglamente las leyes

Piden que Ibarra reglamente las leyes

Este jueves la Legislatura porteña aprobó, entre otras cosas, tres proyectos en los cuales se pide al Poder Ejecutivo Nacional que reglamente leyes que han sido sancionadas durante el 2000. Las iniciativas piden que se realicen las gestiones necesarias para la reglamentación de la Ley de Salud Mental; de Enfermería y de Marco Regulatorio para el funcionamiento de los Establecimientos Residenciales para que "no sean letra muerta"


La Legislatura porteña aprobó este jueves tres proyectos de resolución por los cuales se solicita al Gobierno de la Ciudad que realice las gestiones necesarias para reglamentar leyes que fueron sancionadas hace varios años y que aún no han podido ser aplicadas.

"Éste es el caso de la Ley de Salud Mental y la Ley de Enfermería, ambas sancionadas durante el 2000, luego de un trabajo de varios años. Al no haberse reglamentado no se pueden organizar las estructuras inferiores y avanzar en la capacitación que requieren", explicó la diputada Sandra Bergenfeld (Compromiso para el Cambio), autora de dos de los pedidos de informes realizados al Ejecutivo.

Bergenfeld agregó que "problemas sectoriales y sindicales impiden la reglamentación de estas normas. Incluso el secretario de Salud, Alfredo Stern, me reconoció que ve muy difícil que puedan ser reglamentadas por lo que seguramente serán sólo buenas expresiones de deseo".

A propuesta de la diputada Fernanda Ferrero (Unión para Recrear Buenos Aires) también se aprobó un proyecto por el cual se solicita al Gobierno de la Ciudad que, en el término de 30 días, reglamente la Ley 661 y su modificatoria Ley 1003 que regula la actividad de los establecimientos residenciales y otros servicios de atención gerontológicos que brindan prestaciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que fuera sancionada por la Legislatura el 20 de septiembre de 2001 y promulgada el 16 de octubre del mismo año. La misma norma determinaba taxativamente que debía ser reglamentada dentro de los 45 días de su promulgación, hecho que al día de hoy no ha ocurrido.

Para Ferrero "el Poder Ejecutivo está en grave falta con los ancianos al permitir que las actividades de establecimientos geriátricos se mantengan sin controles adecuados y con abusos de toda índole. Además cabe recordar la muerte de ancianos tras una inundación en un establecimiento ubicado en el Barrio de Núñez. Por ello, y ante la importancia que reviste la ley que nos ocupa, resulta imperativa su pronta reglamentación".

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