Los propietarios de los 38 garajes y estacionamientos del microcentro porteño presentaron un recurso de amparo para que la justicia dé marcha atrás con la medida implementada hace más de dos meses por el Gobierno de la Ciudad, que prohíbe el ingreso de autos particulares en esa zona, ya que esto les produjo una merma de casi el 70% en su clientela, según declaran. En contrapartida, los linderos a la zona de exclusión subieron $ 7 sus tarifas ante un aumento de usuarios mayor al 30%.
Desde el 6 de febrero, únicamente colectivos, taxis, motos, vehículos de auxilio mecánico y emergencias pueden circular todos los días hábiles de 11 a 16 por las 90 cuadras ubicadas en el perímetro de Alem, Córdoba, Carlos Pellegrini y Avenida de Mayo. Y si bien este circuito tiene excepciones en las calles Viamonte, San Martín (entre Corrientes y Córdoba), Bartolomé Mitre (entre Carlos Pellegrini y Diagonal Norte) y Piedras (entre Avenida de Mayo y Rivadavia), un relevamiento realizado por Tiempo Argentino comprobó que la falta de señalización, de información previa y el miedo a las multas repercutió en que los particulares opten por no ingresar directamente a ese sector. Según datos del Ejecutivo porteño, en 60 días ya se observaba un 60% menos de autos, lo que trajo consecuencias directas al sector de los garajes, e indirectas a restaurantes, ferreterías o bancos.
Según consta en el diario Tiempo Argentino, la Cámara de Garajes y Estacionamientos (AGES) denunció que no se los consultó por esta medida que afectó ?entre un 50% y un 70% a todas las cocheras del microcentro; y en la zona del corredor, donde está permitido pasar, por la falta de información de la gente la merma es del 30%. Hay 7200 coches por hora que ahora no pueden ir rotando, se atascó la ciudad. A esto agregale el aumento del ABL?, informó su presidente, Eduardo Sánchez.
Los garajes implicados se reunieron y presentaron un amparo ante el Tribunal Superior de la Ciudad, solicitándole ?no innovar? con la medida gubernamental. La norma obligó a todas las cocheras a disminuir personal.
Ramón Montero, que trabaja desde 1989 en el estacionamiento de Maipú al 600, afirmó que ?hay 300 familias afectadas. Nosotros éramos once, el primer día de la medida se fueron tres, y ahora se tendrán que ir dos más. Nos bajó un 70% la actividad, los que nos daban ingresos eran los clientes de oficinas que venían por media o una hora, y ya no pueden llegar.? Sobre el efecto de la medida, opinó que ?el tránsito sigue siendo el mismo que antes y es mentira que el ruido y el smog disminuyó. Los camiones siguen descargando, las motos siguen estacionando en 90º y pasando por cualquier lado, y en esta misma calle pasan 6 líneas de colectivos?.
HB Parking (Rivadavia al 700), se encuentra en una situación particular dentro del mapa que diagramó el gobierno de la Ciudad. Los autos salen porque Rivadavia, a partir de Piedras, está abierta al tránsito, pero no pueden entrar porque desde allí para el Bajo se encuentra cerrada, al igual que Chacabuco. El negocio ya suprimió el turno noche y pasó de cinco a tres empleados. ?El primer impacto lo tuvimos nosotros, y el segundo lo tienen de forma indirecta otros negocios de la zona. Mientras, siguen cerrando oficinas, yéndose a la zona norte. Es la clase media la que mueve el microcentro, y se mueve cada vez menos. Ellos no van a asumir que se equivocaron y además falta información en la calle, confunden a la gente?, consideró su encargado, Javier Mendoza.
Esa falta de información generó también una merma de hasta el 40% de clientes en las cocheras que sí están ubicadas en una calle lícita, como le sucedió a Carlos, del garaje Viamonte: ?La gente tiene miedo, sigue preguntando, prefiere directamente no agarrar el microcentro.? La carente señalización fue remplazada por agentes de tránsito, como la de Maipú y Viamonte, que aclaró: ?Seguimos haciendo muchas multas y todavía hay que explicarle a la gente?. Sólo en el primer mes labraron 1400 multas de $ 180, lo que significó más de 250 mil pesos. Sin embargo, no es la única fuente de recaudación.
Los que guarden sus autos en cocheras de la zona, los remiseros o los vecinos cuyo domicilio se encuentra en el área vedada están obligados a tramitar una oblea especial para circular, que deberá renovarse una vez al año. Su costo es de 127 pesos. ?Esta medida se hizo sólo para recaudar. Obligan a pagar 127 pesos a 10 mil autos, o sea, más de un millón y medio de pesos. Si querés solucionar algo, no me cobrés?, reclama Roberto Manocci, de Estacionamiento Esmeralda 328. Él es uno de los más afectados: paga 34 mil pesos de alquiler, y con la baja de un 70% en su clientela no llega a cubrir los gastos. ?Tengo dos empleados, y ya les avisé que seguiré yo solo. Quiero lucharla, porque esto fue una herencia de mi padre que estuvo acá 40 años.?
Para Osvaldo Pérez, del Garaje Esmeralda, ?es una medida arbitraria, no vinieron a consultarnos nunca y no ayudó en nada. Hay familias que no van a comer más.? La norma se creó en 1976, durante la última dictadura militar. Sin embargo, ya en democracia fue ratificada por Fernando de La Rúa en 1997 y a principios de este año por Mauricio Macri. ?Se creó cuando no había Constitución, que especifica la obligación de dejar transitar libremente el territorio argentino?, agregó Mannocci, y consideró el recurso de amparo ?la única herramienta que nos queda para defendernos?.
Igualmente, la medida fue bien recibida por los peatones, y por las cocheras ubicadas en cercanías al lugar, como la 9 de Julio, Corrientes y Córdoba, las cuales reciben todos los autos que optan por no entrar.
