Mientras el Senado de la Nación se apresta a tratar el proyecto de Ley de Seguridad en los espectáculos deportivos que envió el Poder Ejecutivo, los diputados de la Ciudad más cercanos al jefe de Gobierno porteño presentaron en la Legislatura un proyecto de declaración, en el que rechazaron el proyecto y solicitaron a los diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires que adhieran a esta posición desde su banca.
El proyecto contiene tres ítems: los diputados porteños adhieren a la posición contraria que mantienen los senadores por la Capital Federal, Vilma Ibarra y Rodolfo Terragno; reafirman las potestades prescriptas por la Constitución Nacional y por la de la Ciudad en cuanto a la autonomía; y por último, manifiestan su derecho a, una vez aprobada la iniciativa, accionar contra ella en el fuero contencioso administrativo de la Ciudad, pidiendo su inconstitucionalidad.
Firmaron el proyecto de declaración el vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad, Cristian Caram y el legislador Héctor Constanzo, ambos radicales, junto con los cinco diputados porteños del Frente Grande: Marcelo Vensentini , Sandra Dosch, Eduardo Peduto, Laura Moresi y Roque Bellomo.
"En vez de discutir el proyecto donde corresponde, expresan su posicion en los medios de comunicación. No se presentó ningún representante del Gobierno de la Ciudad ante las tres comisiones del Senado donde se aprobaron los despachos favorables", expresó una fuente del justicialismo porteño, quien además aseveró que "Ibarra abdicó en seguridad".
Según argumentaron los legisladores en los fundamentos del proyecto de declaración, ellos tomaron conocimiento del proyecto que fue aprobado en el Senado y que espera su tratamiento en la Cámara de Diputados, a partir de Vilma Ibarra y de Rodolfo Terragno y consideran que "es un claro ejemplo de la actitud del gobierno nacional por desconocer jurídica y fácticamente (…) los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad, en lo referido al ejercicio autónomo de sus poderes constituidos en el ámbito de su jurisdicción".
"Al proponer a la Secretaría de Seguridad Interior de la Presidencia de la Nación como autoridad de aplicación en esta Ciudad, manifiesta taxativa su voluntad de avasallamiento así como la pretensión de retrotraer la relación a una situación anterior a 1994", concluyeron los ofuscados legisladores porteños.
