LLA presentó su propia reforma del Código Contravencional porteño
La bancada de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura porteña presentó un proyecto de reforma integral del Código Contravencional de la Ciudad, con el objetivo declarado de recuperar la capacidad disuasoria del régimen y reforzar la respuesta del Estado frente a las conductas que afectan la convivencia urbana.
La iniciativa modifica numerosos artículos de la Ley 1472 y plantea un esquema que endurece sanciones, limita beneficios para reincidentes y fortalece el rol del Ministerio Público Fiscal. Según los fundamentos, el actual sistema quedó marcado por sucesivas reformas parciales, escalas desactualizadas y mecanismos que, a criterio de los autores, terminan debilitando la aplicación efectiva de las normas.
Uno de los cambios centrales apunta directamente a los reincidentes. El proyecto establece que quien tenga una condena firme y vuelva a cometer una contravención dolosa dentro de los tres años será considerado reincidente. En la primera reincidencia, las escalas de la nueva sanción aumentarán en un tercio y, desde la segunda, en la mitad. Además, cuando la nueva sanción sea de la misma especie que la anterior, el reincidente no podrá acceder a una condena en suspenso. La propuesta también modifica el régimen de prescripción para evitar que los procesos queden sin efecto durante las instancias de apelación y fija en dos años tanto el plazo de prescripción de la acción como el de la sanción.
El proyecto libertario también busca modificar el funcionamiento de las salidas alternativas. La suspensión del proceso a prueba dejaría de ser una herramienta disponible para reincidentes y para contravenciones cometidas con violencia, intimidación, desigualdad de género o aquellas vinculadas con agresiones, acoso sexual, armas, identidad digital y delitos viales de mayor gravedad. Para acceder al beneficio será necesaria la conformidad fundada del Ministerio Público Fiscal, aunque esa decisión continuará bajo control judicial. A su vez, se incorpora la figura del avenimiento, que permitirá acordar entre fiscal e imputado la existencia del hecho, su calificación y una sanción que podrá fijarse hasta el mínimo de la escala, siempre con homologación judicial y registro de la condena.
La iniciativa pone especial énfasis en la recuperación del espacio público como eje de la política contravencional. Para La Libertad Avanza (LLA), la venta ilegal organizada constituye una de las principales expresiones de apropiación indebida del espacio común y propone eliminar excepciones que, según los fundamentos, volvieron poco efectivo el actual artículo 99. La iniciativa prevé multas de hasta 30.000 unidades fijas o arresto de hasta 30 días para quienes organicen actividades lucrativas no autorizadas en volúmenes similares al comercio establecido, además del decomiso de mercadería, vehículos y elementos utilizados. También incorpora una nueva figura para sancionar la ocupación prolongada del espacio público mediante estructuras no autorizadas, aunque establece expresamente que no será contravención la permanencia de personas en situación de calle con sus pertenencias y elementos de abrigo.
Otro de los puntos políticamente sensibles es el tratamiento de las manifestaciones y los cortes de calles. El proyecto mantiene expresamente que el ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye una contravención, pero establece sanciones para quienes impidan u obstaculicen la circulación y prevé un castigo mayor para quienes organicen o coordinen los bloqueos. Las sanciones se duplicarán cuando se obstaculice el acceso o egreso de hospitales y establecimientos educativos, terminales de transporte o la circulación de servicios de emergencia. La propuesta exige además aviso previo a la autoridad competente y el respeto de las indicaciones vinculadas al ordenamiento del tránsito, sin impedir el paso de los servicios de emergencia.
La agenda de seguridad urbana se completa con mayores sanciones para distintas conductas. El texto eleva las penas por hostigamiento, intimidación y maltrato; duplica sanciones en casos que involucren menores, adultos mayores, personas con discapacidad, trabajadores de la educación, salud, fuerzas policiales o judiciales, y contempla agravantes cuando exista organización, uso de armas, transporte público o determinadas motivaciones discriminatorias. También endurece el régimen contra la reventa de entradas, incluida la realizada a través de plataformas digitales, y establece penas más severas para el ingreso de pirotecnia a espectáculos masivos. En materia vial, fija sanciones para conducir con 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre y eleva la respuesta contra las carreras ilegales, que podrían implicar hasta 60 días de arresto, inhabilitación para conducir de uno a cinco años y decomiso del vehículo.
El texto también incorpora nuevas herramientas frente a problemáticas surgidas con las nuevas tecnologías. Entre ellas aparece una figura específica para sancionar el uso de drones u otros dispositivos de operación remota destinados a observar, filmar o registrar a una persona en un ámbito donde tenga una expectativa razonable de privacidad, cuando la finalidad sea perturbar su intimidad, tranquilidad o seguridad. Al mismo tiempo, el proyecto eleva las sanciones por maltrato y acoso sexual y plantea que la protección de la dignidad humana debe guardar una jerarquía acorde dentro del sistema contravencional. En paralelo, mantiene la protección existente para los animales domésticos y establece salvaguardas para evitar que el decomiso de bienes alcance a propietarios o terceros de buena fe que no hayan participado ni conocido su utilización ilícita.
Con esta iniciativa, La Libertad Avanza (LLA) busca instalar en la Legislatura porteña una agenda de mayor autoridad estatal sobre la convivencia urbana, con especial énfasis en seguridad, espacio público, reincidencia y eficacia de las sanciones. Los fundamentos sostienen que el endurecimiento no constituye un objetivo en sí mismo, sino una herramienta para evitar que la falta de aplicación de las normas transmita un mensaje de tolerancia frente a las transgresiones. El proyecto conserva garantías como la legalidad, la presunción de inocencia, el principio de culpabilidad, el non bis in idem y la proporcionalidad, pero propone una concepción más estricta del poder contravencional: que las conductas sancionadas tengan una consecuencia efectiva y que el Estado deje de perder capacidad de respuesta frente a quienes reiteran las infracciones.
