El gobernador de Neuquén se hizo un “narco test” y compartió el video
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se sometió a un examen toxicológico obligatorio y compartió el procedimiento en sus redes sociales, donde informó que el resultado fue negativo. La iniciativa se enmarca en la Ley Provincial 3531, que establece controles para detectar el consumo de sustancias psicoactivas entre los funcionarios públicos. “Los funcionarios tenemos que predicar con el ejemplo”, expresó el mandatario al comunicar el resultado, en un gesto con el que buscó respaldar la aplicación de la normativa.
La ley fue sancionada por la Legislatura neuquina en septiembre de 2025 y reglamentada por el Poder Ejecutivo a comienzos de 2026. La obligación alcanza a integrantes de los tres poderes del Estado provincial, incluidos ministros, legisladores, jueces, fiscales, defensores y otros funcionarios. También comprende a intendentes, concejales de municipios adheridos y directivos de organismos públicos y empresas estatales, con el objetivo de establecer controles sobre quienes ocupan responsabilidades institucionales.
A través de la publicación, Figueroa sostuvo que quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones que comprometen al Estado deben actuar con plena conciencia y responsabilidad. En ese sentido, vinculó la implementación de los exámenes con la política de su administración contra el narcotráfico y destacó la importancia de que los funcionarios cumplan con los requisitos establecidos por la legislación provincial. El gobernador ya se había sometido a una prueba después de la aprobación de la norma, como una forma de visibilizar la medida.
Los análisis están destinados a detectar distintas sustancias, entre ellas cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos. En el caso de la Legislatura, los controles comenzaron a aplicarse a los 35 diputados provinciales mediante operativos sorpresivos y mecanismos de selección aleatoria. La reglamentación establece que cada legislador debe realizarse al menos un examen cada dos meses durante el período ordinario de sesiones, bajo procedimientos que contemplan la supervisión sanitaria y la confidencialidad de los resultados.
La normativa también fija consecuencias para quienes se nieguen injustificadamente a realizarse el examen, ya que esa conducta se considera equivalente a un resultado positivo y puede derivar en la pérdida del cargo. Sin embargo, cuando una prueba rápida arroja un resultado inicial positivo, debe efectuarse un análisis confirmatorio antes de adoptar medidas administrativas o de destitución. De esta manera, el sistema contempla una instancia adicional para verificar los resultados antes de aplicar sanciones.
En paralelo, el debate sobre los controles comenzó a extenderse al terreno electoral. Los diputados provinciales Darío Peralta y Darío Martínez, de Unión por la Patria (UxP), presentaron un proyecto para que los exámenes toxicológicos también sean obligatorios para quienes se postulen a cargos electivos provinciales. La iniciativa ingresó a la Legislatura y tomó estado parlamentario, aunque el oficialismo no acompañó el pedido para acelerar su tratamiento en comisión. Así, mientras el Gobierno neuquino busca consolidar la aplicación de la Ley 3531, permanece abierta la discusión sobre la posibilidad de exigir los mismos controles a los candidatos antes de que accedan a la función pública.
