Se reanuda el conflicto en el Barrio Piedrabuena
La Legislatura porteña aprobó el pasado 28 de abril la ley 1686 por la cual se declaró por 365 días la emergencia edilicia del complejo habitacional Luis Piedrabuena. La norma fue vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo y, pese a la intención de los vecinos de insistir con el texto original, los diputados porteños tuvieron que aceptar el veto al no reunir los votos necesarios para imponer el deseo de los habitantes del barrio.
Sin embargo, en esa misma sesión, la Legislatura sancionó una norma en la cual se establecía: "El Poder Ejecutivo debe abstenerse de iniciar cualquier clase de acción legal a favor del Instituto de la Vivienda (IVC) contra los titulares, adjudicatarios o quienes legalmente los sustituyan de las unidades habitacionales sitas en el complejo habitacional por deudas referidas al precio de venta de las unidades. Asimismo, no debe intimar a escriturar a los adjudicatarios, desde la promulgación de la presente hasta la finalización de las obras que se realicen en el referido complejo conforme lo dispuesto por la ley 1686".
Hace seis días, el Gobierno de la Ciudad publicó en el Boletín Oficial un decreto por el cual veta la ley 1753 por considerar que "las deficiencias estructurales y de infraestructura del complejo habitacional Barrio Luis Piedrabuena y la solución a tal problema no guardan relación con la suspensión de las acciones legales, toda vez que esto no solucionará las problemáticas estructurales, y redundará en un perjuicio al erario del IVC, traduciéndose en la demora a brindar soluciones habitacionales a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires que las necesitan".
Según tres de los 16 representantes del barrio ante el IVC (Raúl Fernández, José Acosta y José Cavallaro) "previo a la publicación del veto, el Gobierno mandó aproximadamente 400 intimaciones para regularizar la situación ante el Instituto en un plazo de 60 días, de lo contrario, las unidades pasan al IVC".
Fuentes del IVC, por el contrario, aseguraron: "No hay ni por error esa cantidad de intimaciones enviadas porque hubo una condenación de deuda aprobada hace no mucho tiempo. Además, el 95 por ciento de los vecinos del barrio ya hay escriturado. Lo que puede haber pasado es que, a quienes adquirieron su inmueble por créditos individuales, les haya llegado un recordatorio por cuotas que figuren impagas".
La ley 1686 fija también que el Poder Ejecutivo debe constituir dentro de los 30 días corridos desde su promulgación (8 de agosto) una Comisión Técnica y de Seguimiento destinada a formular una propuesta para la solución de las fallas estructurales, vicios de construcción, mejoras en infraestructura y saneamiento ambiental del Complejo. La misma estará formada por nueve vecinos del barrio reconocidos por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), uno por cada sector; dos funcionarios designados por el IVC; y los diputados que integran la Comisión de Vivienda de la Legislatura.
La Comisión deberá emitir su propuesta en un plazo no mayor a 60 días desde su constitución. En este período el Gobierno de la Ciudad deberá implementar políticas destinadas a informar los alcances y contenidos de la ley a la totalidad de los adjudicatarios de inmuebles del complejo.
Según manifestaron fuentes del IVC "la Comisión ya se ha conformado y se está cumpliendo con la norma. Está conformada por 13 de los 16 representantes del Barrio porque han sido los que han querido participar".
Por otra parte, representantes del barrio comunicaron que "la empresa Metrogas dejó sin gas a 2.200 viviendas, por reformas que deben hacerse en los departamentos. Las reformas deben ser abonadas (tienen un costo de aproximadamente 200 pesos) por los propietarios, siendo que Gas del Estado había habilitado los inmuebles tal como están. Esas modificaciones deberían correr por cuenta de la empresa".
