"La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara su más enérgico repudio ante los reiterados y gravísimos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad de la empresa Metrovías contra los vendedores ambulantes. El maltrato físico, psíquico y verbal, así como la retención de mercadería en condiciones irregulares y la privación ilegítima de la libertad nos lleva a expresar nuestra más profunda solidaridad con estos trabajadores". Éste es el texto propuesto por el legislador socialista Roy Cortina para que el cuerpo parlamentario se exprese contra los abusos que habría cometido Metrovías contra los vendedores ambulantes.
El proyecto de declaración fue apoyado por los diputados porteños Ana Maria Suppa (Frente Popular de la Ciudad), Vilma Ripoll (Izquierda Unida), Rubén y Tomás Devoto (Movimiento por un Pueblo Libre), Sandra Dosch (Frente Grande), Claudio Ferreño (Movimiento de Recuperación Popular 11 de Marzo), Beatriz Baltroc (Autonomía Popular), Diego Kravetz (Movimiento de Recuperación Popular 11 de Marzo) y Silvia La Ruffa (Unión para Recrear Buenos Aires. A través de la iniciativa, también se solicita al Poder Ejecutivo que regularice la situación de los vendedores ambulantes.
Cortina explicó en su proyecto que "según denuncian los vendedores ambulantes que desarrollan su actividad en las estaciones y vagones de subte, la empresa Metrovías habría ‘concesionado’ tal actividad a través de dos empresas (BUNI y SERVISUB) a las que harían pasar como prestatarias de servicios de seguridad. Antes de que esto ocurriera, los vendedores ambulantes solicitaron una entrevista con las autoridades de la empresa, a fin de llegar a un acuerdo y poder poseer un carnet con identificación que los habilite para la venta".
"La respuesta de los directivos de Metrovías fue negativa -continuó el legislador- y fundada en argumentos relacionados a que ‘… la venta ambulante no estaba regulada y que no se podía vender sobre los transportes públicos de pasajeros…’. Sin embargo, tales fundamentos no fueron obstáculo para ‘concesionar’ la actividad de la venta ambulante a través de las empresas mencionadas al principio".
"Desde entonces -agregó-, los ‘históricos’ vendedores de subte comenzaron a sufrir una serie de agresiones, atropellos, persecuciones y maltratos físicos y psíquicos por parte de la seguridad de la empresa".
"Es así que los supervisores, que no llevan identificación ni uniforme y en algunos casos se jactan de haber pertenecido a la tristemente célebre Triple A, han violentado en repetidas oportunidades a los trabajadores del subte, han hecho detener el funcionamiento de los coches y los han hecho descender con insultos y empujones. De hechos de tal naturaleza fue víctima, entre otros, el joven Ramón González, menor de edad", manifestó Cortina.
"Con prácticas similares -afirmó el diputado socialista en su iniciativa parlamentaria-, efectivos de Policía la Federal que reciben un adicional por parte de la empresa, han golpeado a vendedores (se adjunta certificado médico) o les han incautado mercadería, aunque tuvieran la factura de compra correspondiente, labrando actas de dudosa procedencia, carentes de numeración y membrete identificatorio, sin aclaración de firma y sin especificar el cargo del supuesto funcionario que llevaba a cabo dicho atropello".
