"La utilidad pública de un bien o un conjunto de bienes, es el fundamento de toda expropiación y comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común. Se declara por una ley especial, que determina el sujeto expropiante. En todos los casos, la ley debe incluir en su trámite legislativo la realización de una audiencia pública". Así quedaría redactado el artículo 1º de la Ley 238 de Expropiaciones de prosperar el proyecto de la diputada Marta Oyhanarte que plantea realizar un par de modificaciones a la norma.
Cabe recordar que el pasado jueves 10 de octubre la legisladora del bloque de Bases y Puntos de Partida, reclamó la realización de una Audiencia Pública antes de decidir la cesión en comodato de la empresa Grisines Savio SA a manos de la cooperativa formada por los empleados de la fábrica, moción que no fue tenida en cuenta por el Cuerpo.
Oyhanarte también plantea la necesidad de modificar el artículo 3º de esta norma, introduciendo que en la ley de declaración de utilidad pública, debe mencionarse expresamente al expropiante autorizado y el destino que se dará a los bienes que constituyen su objeto. Este artículo establece actualmente que cuando un emprendimiento privado, debido a su envergadura y al interés público que importe su concreción lo justifique, la persona privada responsable de su realización puede actuar como expropiante, mediando expresa autorización legislativa previa.
Según la legisladora "el rol que jugarán las audiencias públicas en estos procesos de conflictividad será decisivo: permitirán que el contacto entre la ciudadanía y los miembros de la Legislatura sea concreto y fluido, y que puedan además recabarse las consultas y opiniones necesarias para enriquecer el análisis de estos temas".
Por otro lado, agregó que "para el dictado de una ley de estas características resulta de fundamental importancia el aporte que brinda el resultado de una audiencia pública, ya que al momento de tomar una decisión en tal sentido, el órgano legislativo no sólo deberá fundamentarla considerando su propia visión al respecto, sino que tendrá la obligación de explicitar las razones por las que acepta o rechaza las opiniones de la ciudadanía y de los actores involucrados en el conflicto".
Oyhanarte concluyó que "el juego de este instituto constituye un reaseguro de que las expresiones de la comunidad y de todas las partes interesadas serán efectivamente escuchadas, analizadas y respondidas".
